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Trampas del independentismo: la solución política

Foto: Bernat Armangue | AP

Durante estos días de procedimientos parlamentarios y de necesarias formalidades democráticas, políticos independentistas con escaños en el Congreso y entrevistas en medios nacionales hablaban de represiones del Estado español. También comentaban que lo que Cataluña necesita es una solución política al conflicto. Es una frase enlatada que se repite en los círculos de partidos afín a la secesión: solución política al conflicto, solución política al conflicto. Junto con la mitificación, la deliberada idealización victimista, del uno de octubre, la solución política al conflicto es una de las trampas más difundidas por la propaganda independentista.

Cuando ellos hablan de solución política lo que quieren decir es nuevas concesiones gratuitas (de las que además saben que son inviables) y cuando hablan de conflicto lo que buscan es un enemigo con el que justificar una falsa imagen de represión. Ha sido la estrategia que el nacionalismo (después independentista) ha adoptado desde hace años: aprovechar la vaga percepción, heredada de la dictadura, de Cataluña como un lugar culturalmente sometido a la hegemonía del españolismo. Esa idea de pueblo oprimido con el que tenemos una deuda pendiente es la coartada para sentirse con el derecho, con la potestad, de exigir todo tipo de demanda política, hasta el punto de imaginar, de pretender, que la voluntad de nacer en un sitio, la voluntad de pertenecer a un lugar, es motivo suficiente para eludir la ley de todos, incluso de los suyos. De los propios catalanes.

No puede haber solución política si eludimos el perímetro legal que entre todos, nosotros como representados y ellos como representantes, hemos elaborado. El independentismo lo sabe, el independentismo, de Torrent a Rufián, de Junqueras a Turull, entiende las consecuencias de sus actos, pero, lejos de asumir realidades evidentes, continúa explotando la idea del perseguido, del preso político, del censurado, del Estado que reprime una aspiración legítima. El político que toma decisiones fuera de la norma se sale del acuerdo legal, del pacto legal básico, que hace funciona cualquier democracia con un mínimo de garantías para ser llamada así. El político que incurre en hechos punibles empieza a ser otra cosa. Las causas de los independentistas hoy juzgados en el Supremo no pueden tener respuesta política: son ellos mismos los que dejaron de hacer política para imponer la voluntad de sus propios deseos a cualquier coste. Aun así, insisten en esa idea tan tramposa de la solución política, pues conviene sugerir la imagen del Estado intransigente que no admite negociación ni palabra. De nuevo: la posición de víctima es, en este caso, un privilegio.

Los diputados en prisión preventiva no pueden ejercer sus derechos porque lo impide el reglamento del Congreso, no por un ánimo de censura o de prohibición de expresión política, como irresponsable insinuaba Iglesias a los periodistas en la rueda de prensa del pasado lunes. Es más: la propuesta política de ERC ocupa asientos y escucharemos sus discursos desde la tribuna. Pero la política siempre queda dentro de las leyes que en ese Congreso se debaten, se deciden y se redactan. Los que vayan más allá de la decisión acordada por todos, es tema de otros edificios donde, por mucho que la propaganda independentista quiera inculcarnos su credo, se ofrece justicia, y no venganza. Porque es derecho de un país democrático y no imposición autoritaria.

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