THE OBJECTIVE
Gonzalo Gragera

¿Tribunales partidistas?

No sé si se trata de una etiqueta con la que colmar de visitas a los titulares de los periódicos o si bien es una realidad posible, total; desconozco si nos vence el interés de buscar una connotación ideológica a lo que no tiene más vuelta de hoja o si de verdad hay en el candidato una inclinación partidista manifiesta que pueda, en cierto modo, perturbar su oficio de autoridad pública.

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¿Tribunales partidistas?

No sé si se trata de una etiqueta con la que colmar de visitas a los titulares de los periódicos o si bien es una realidad posible, total; desconozco si nos vence el interés de buscar una connotación ideológica a lo que no tiene más vuelta de hoja o si de verdad hay en el candidato una inclinación partidista manifiesta que pueda, en cierto modo, perturbar su oficio de autoridad pública. Es complicado establecer el límite, pues de la suposición y de la sospecha sobre la ideología del magistrado, y sobre si esa ideología afectará al principio de rectitud y de correcta interpretación de las normas que a tal cargo se le presume, no esperamos más que la especulación y la posibilidad, sin mayor garantía de que lo teórico se transforme en hecho. Todo esto viene a cuento del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, de pensamiento conservador, y de su recién nombrada vicepresidenta, Encarnación Roca, más cercana a criterios progresistas, elegidos ambos por el Pleno del tribunal.

Cuando los medios informan de que han sido elegidos nuevos magistrados del Constitucional, buena parte de la atención de la noticia gira en torno a su pensamiento político, y, consecuencia de este inevitable interés, a si el método de la elección, en una democracia liberal, es el adecuado. Junto con el patriotismo constitucional, con la economía social de mercado, con el Estado aconfesional y con el cuidado de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, uno de los cimientos de cualquier sistema político democrático moderno es la independencia de jueces y de magistrados. Pero que una persona, un cargo público, en la intimidad –por personal, no por necesidad de ocultar nada, claro- de su pensamiento, sea de tal o cual inclinación política, ¿es sinónimo de falta de independencia en el sistema judicial? ¿O, en cambio, hay que asumir con naturalidad la ideología y confiar, verbo tan de democracia, en que esto no suponga injerencia alguna?

Que no vendría mal una reforma en el proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional es innegable. De hecho, hola Ciudadanos, cualquier partido reformista y liberal debería aspirar a tal. No obstante, acaso el equilibrio sea la intuición y aviso de la prensa y la confianza y paciencia de la sociedad. Unido al buen funcionamiento de la institución pública. A pesar de los alarmistas y de los incendiarios, es lo que suele suceder.

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