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Una joven democracia

Foto: HANNIBAL HANSCHKE | Reuters

“La Europa unida se suponía que era la negación de los nacionalismos y la instauración de la solidaridad”, afirmaba Charles Powell en una entrevista este fin de semana para dejar constancia del contrasentido que significaría abrir la puerta a la sucesión de secesiones en los países miembros de la Unión Europea. La aseveración constituye algo bastante parecido a un necesario aviso a navegantes a las instituciones comunitarias después de que el tribunal de Schleswig-Holstein haya descartado la extradición por rebelión de Carles Puigdemont a España. No por el sentido de la decisión sino por el desajuste judicial dentro del espacio comunitario que no tiene visos de quedar zanjado con prontitud si el juez Llarena acude finalmente al TJUE.

Estos días hemos escuchado, leído y consultado a expertos para que detallen la decisión del juez alemán. Hemos comprendido el funcionamiento del mecanismo de la euroorden así como que cabe la posibilidad de que, en esta ocasión, el juez de Schleswig-Holstein haya entrado a valorar la culpabilidad del acusado en lugar de limitarse a detallar la comparabilidad de los códigos penales español y alemán. No lo hemos hecho porque hayamos dejado de creer en un sistema judicial garantista sino porque tras la sacudida del separatismo catalán a nuestras instituciones democráticas cabe preguntarse por qué el golpe que les asestaron podría saldarse en el caso de Puigdemont con el delito de malversación tipificado en el Código Penal mientras que el resto de responsables hace actualmente frente a mayores responsabilidades penales.

No cabe duda -no hay alternativa democrática, de hecho- de que España aceptará las enmiendas que haya podido plantear la el tribunal alemán a la edificación jurídica de Llarena si finalmente no hay recursos. Contrariamente a lo que proclaman de manera interesada los nacionalistas con la aquiescencia de terceros, la democracia española acepta y se construye también a partir de las apreciaciones de las instancias judiciales superiores como son los tribunales internacionales. Por cierto: todos recordarán, seguro, la reciente sentencia del TEDH tan jaleada que exculpaba a los acusados de la quema de fotos del Rey, corrigiendo así al TC. Lo que seguramente es menos popular es que apenas una semana después, un juez español se acogía a esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo y absolvía al semanario satírico El Jueves de injurias a la Guardia Civil.

Sin que esa predisposición a seguir sometiendo nuestra democracia a examen se quebrante lo más mínimo, cabe agradecer al nacionalismo catalán que su desafío haya hecho a una buena parte de los españoles perder el miedo a defender sin ambages nuestro andamiaje democrático, del que los jueces son parte indispensable. Su apuesta por poner contra las cuerdas el patrimonio común que nace en el 78 ha logrado que las concesiones para con sus envites se hayan reducido hasta el punto de no aceptar lecciones sobre nuestra débil democracia de quienes pretendían arrebatar la nacionalidad española y la ciudadanía europea a siete millones y medio de personas. Ni tampoco de quienes hicieron la vista gorda.

Si el independentismo ve un motivo de celebración el hecho de que Puigdemont debe hacer frente a la imputación del gravísimo delito de malversación, allá su gestión del fracaso. Quizás esa decisión del tribunal alemán acabe coincidiendo con la sentencia que ha de dictar el Tribunal Supremo. Lo que está fuera de duda es que todas las instituciones democráticas de nuestro país han hecho frente a un golpe institucional producto del nacionalismo que puede darse en cualquier país vecino de la UE, y lo que esta semana se ha puesto de manifiesto es que las instituciones comunitarias deberían tomar buena nota de la gravedad de la situación.

Es comprensible que podamos pensar que, en lugar de seguir siendo la joven democracia a la que hay que mirar con recelo, estemos tal vez escribiendo parte de la historia de un país que supo reaccionar de manera estrictamente democrática a un desafío a su orden constitucional y que, como señalaba Powell, pone en cuestión la solidaridad y los valores para cuya defensa se urdió la Unión.

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