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España moderniza los carros de combate del Ejército de Venezuela a pesar del embargo de la UE

Redacción TO
Última actualización: 31 Dic 2018, 11:07 am CET
Foto: Gregorio Marrero | AP

A pesar de que la Unión Europea impuso un embargo de armamento a Venezuela, España continúa participando en la modernización de los carros de combate del Ejército de Venezuela.

En el primer semestre de este año España vendió al país gobernado por Nicolás Maduro piezas de vehículos militares por 6.216 euros, según revela la Estadística sobre Exportaciones de Material de Defensa de la Secretaría de Estado de Comercio.

Pero más allá de estos pocos miles de euros, lo más importante es que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) —en la que se sientan representantes de Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía, Industria o Interior— aprobó en el primer semestre de 2018, todavía bajo el Gobierno del PP, una licencia para exportar a Venezuela repuestos para carros blindados por 20 millones de euros. 

Esta cifra es muy superior a todas las ventas de armas españolas a Venezuela en el año 2017, que supusieron 3,5 millones de euros.

Dicha autorización se produjo después de que, el 14 de noviembre de 2017, entrase en vigor el reglamento de la UE que prohíbe suministrar material de Defensa a Venezuela.

Este reglamento establece la prohibición de suministrar al país latinoamericano cualquier material incluido en la llamada Lista Común Militar de la Unión Europea, en la que se encuentran los vehículos terrestres diseñados o modificados para uso militar y sus componentes.

El embargo solo admite dos excepciones: el suministro de material con fines humanitarios o para operaciones de la ONU y organizaciones regionales; y “la ejecución de contratos celebrados antes del 13 de noviembre de 2017 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de los mismos”.

El texto también permite mantener los contratos militares en vigor con Venezuela siempre bajo una condición, "que cumplan lo dispuesto en la Posición Común de 2008 sobre exportación de armamento, y en particular los criterios fijados en su artículo 2".

Estos criterios se refieren, entre otros, al respeto a los derechos humanos y a que no exista un "riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se vayan a exportar puedan utilizarse con fines de represión interna".