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El Gobierno deja solos a los padres del bilingüismo y no pedirá que se cumpla el 25%

Hoy termina el plazo de la Justicia para que la Generalitat adapte de forma voluntaria su plan educativo para reforzar la condición del castellano en las aulas

El Gobierno deja solos a los padres del bilingüismo y no pedirá que se cumpla el 25%

La ministra de Educación, Pilar Alegría. | Educación

El Ministerio de Educación no ha tomado ninguna medida en previsión de pedir la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pese a que este viernes finaliza el plazo de dos meses para que la Generalitat adapte de forma voluntaria su plan educativo para incorporar el 25% de horas lectivas en castellano. El Departamento de Educación no ha comunicado a los equipos docentes ningún cambio general y ha delegado a las escuelas esta responsabilidad. Y la administración estatal, que es parte legitimada para iniciar un incidente de ejecución, tampoco tiene previsto involucrarse en el procedimiento.

Esta situación ha propiciado que las entidades de familias a favor del bilingüismo, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, presenten el próximo martes 29 de marzo una demanda ante el tribunal para que ordene a la Consejería del ramo que cumpla, informan fuentes de la entidad a THE OBJECTIVE. El abogado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y quien está redactando la demanda, explica que la labor ahora es «recabar pruebas» para demostrar que «con carácter generalizado» el fallo judicial «no se cumple». En este sentido, la ausencia de apoyo institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hace más arduo su trabajo.

En especial, cuando la parte que instó el recurso que originó la sentencia fue la Abogacía del Estado, iniciada con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, fue la administración central quién motivó que la actual resolución judicial tuviera, a diferencia de los fallos anteriores, carácter general y fuera de aplicación inmediata en todos los centros de la región.

La entidad civil que pedirá ante el TSJC la aplicación de la sentencia y, que podría desencadenar una ola de denuncias de otros padres contra aquellos centros que osaran incumplir, recuerdan cómo la legislación abre la puerta a que el Gobierno intervenga: el artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que «el tribunal podrá requerir la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada e, incluso, de otras Administraciones» para que se cumpla el fallo. «El Ministerio debería ser quién asumiera la tarea de conseguir la eficacia de la decisión. No parece, sin embargo, que vaya a hacerlo así», añade el jurista y vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafa Arenas.

«Contactos habituales» con Educació

Desde el Ministerio informan que «hay contactos habituales» con el Departamento de Educación, y que «estamos todavía en tiempos de la Justicia y el Gobierno respeta, como siempre hace, esos tiempos, la independencia judicial y la separación de poderes». No obstante, no responden si actuarán por cuenta propia ante la dejación de funciones de la administración autonómica. O, como también ha sucedido en la causa del Tribunal de Cuentas que afecta a los líderes independentistas, se inhibirán a pesar de que la Generalitat tampoco se persone.

Como informó THE OBJECTIVE, el Gobierno afirmó tener el compromiso de ERC, que es el partido que controla la Consejería de Educación, que no se desacatarían las resoluciones judiciales. Y aunque admitieron que ellos tienen potestad de pedir esa ejecución de la sentencia, no contemplaban llegar a ese extremo. En la actual coyuntura, a las puertas de que se agoten los dos meses de plazo y sin señales manifiestas del Govern dirigidas a reconducir la cuestión, siguen sin valorar la posibilidad de intervenir junto a las familias que quieren que los derechos lingüísticos de sus hijos se garanticen.

Cambray se lava las manos

En paralelo, el conseller de Educació, Josep González Cambray, guarda silencio y no ha respondido a las reiteradas preguntas ante los medios de si van a cumplir o no con el 25% de castellano. De hecho, el principal sindicato educativo, USTEC, y quien organizó la manifestación de este martes contra la sentencia, acusó al titular de Educación de aplicar el 25% de forma camuflada, criticando que el decreto que prevé aprobar deja al personal de los centros desprotegido ante «ofensivas judiciales».

Cambray se avanzó al término del plazo con el anuncio de un «nuevo decreto» para «reforzar el catalán en las aulas». No obstante, este decreto en ningún caso da margen a modificar la situación creada por la sentencia ni a evitar su cumplimiento. Por esta razón, los sindicatos educativos consideran que el Govern no les protege ante posibles incumplimientos. Y esta necesidad de cobertura legal fue precisamente una de las reclamaciones de algunos centros, que pedían al Ejecutivo autonómico que les blindase ante una actuación «no legalmente correcta» contra el castellano.

Pena de inhabilitación

Más allá de la responsabilidad derivada de la actuación de la Generalitat, y en especial de conseller Cambray, cabe destacar que los profesores que incurran en una eventual desobediencia también se exponen a una condena que les inhabilite para cargo público. Incluso en el caso de que Govern se avenga a defenderles, el principio de indemnidad de los docentes, al que tienen derecho todos los funcionarios, no se ajusta a aquellas decisiones que vulneren las decisiones de la justicia. 

El hecho de que el Govern no remita por carta o a través de comunicados sus intenciones se puede deber, explican las fuentes consultadas, a no dejar pruebas de un posible hecho delictivo. Si bien es cierto que, hasta la fecha, todos los centros que se han encontrado en la tesitura de aplicar o no la sentencia, han optado por acatar la justicia. El caso más paradigmático, la escuela de Canet de Mar, donde las protestas de los independentistas y del equipo docente no impidieron cumplir con la decisión del TSJC. A este respecto, las entidades constitucionalistas muestran pocas dudas de que tarde o temprano deberán aplicar la ley en todo el territorio, pero creen que la «inacción del Gobierno» contribuye a demorar los tiempos.

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