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El Govern solo recaudó 17.350 euros en multas contra empresas que no usan el catalán

La Agencia Catalana de Consum sancionó en 2021 a grandes empresas de telecomunicación y aerolíneas por eludir la lengua local en sus servicios

El Govern solo recaudó 17.350 euros en multas contra empresas que no usan el catalán

Agencia Catalana de Consum | Consum

La Agencia Catalana de Consum recaudó 3.344.187 euros en 2021 en sanciones contra empresas que incumplieron con la Ley del Código de consumo, aprobada por el Parlamento catalán en 2010 y que, entre otros aspectos, obliga a usar el catalán en los servicios y/o productos que se venden en la región. No obstante, solo 17.350 euros de este montante se debió a la «vulneración de los derechos lingüísticos». Una cifra que representa el 0,52% de las infracciones totales.

En su ‘Balance de actuaciones’, publicado este marzo, el ente dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo informa que un total de 470 expedientes finalizaron en sanción (65 más que en 2020), aunque el dinero recaudado respecto al ejercicio anterior fue ligeramente inferior (3.770.847 euros).

En el historial de expedientes resueltos con multas, que abarca desde el año 2009, se observa que 2011 fue el año donde más sanciones se interpusieron. Es decir, poco después de que la Cámara catalana aprobara la norma que obliga que los datos de etiquetaje, instrucciones, embalajes y manuales de los productos distribuidos en Cataluña, así como las facturas y los presupuestos, estén también en catalán y en el mismo formato que el resto de idiomas que aparezcan.

La causa principal de sanción es por «cláusulas y prácticas abusivas», donde la administración se endosó 1.005.960 euros en 2021 (el 30% de lo recaudado). Le sigue «la negativa o resistencia a suministrar datos» (834.831 millones en multas) y las «prácticas comerciales desleales», que representa 613.108 euros del total de más de tres millones ingresados.

16 casos acaban en multas

La Agencia Catalana de Consum refleja que 16 casos por «vulneración de los derechos lingüísticos» acabaron en sanción. Un portavoz del ente público explica a instancias de THE OBJECTIVE que en otras ocasiones la investigación se soluciona «a través de una mediación». También se ofrece la posibilidad de entrar en «arbitraje», pero solo si la compañía investigada accede a ello.

«La cuantía de las multas va en función de la gravedad, de la concurrencia de otras denuncias, del número de clientes afectados o del volumen de negocio», añaden desde la Agencia.

En la gráfica publicada en su informe se observa cómo Orange y Vodafone son las empresas que más reclamaciones reciben: de las 1.569 recibidas en 2021, en 829 hubo mediación y en 536 de ellas se procedió a un arbitraje externo. Otras compañías, como las aerolíneas Vueling y Ryanair, no han accedido a ningún tipo de arbitraje. Tampoco el portal online de viajes eDreams ni Telefónica.

Presión del independentismo

La Plataforma per la Llengua, la autodenominada ‘ONG del catalán’, lleva tiempo movilizando a sus simpatizantes para que el catalán sea el idioma que predomine en Cataluña. En el marco de su campaña navideña, la entidad señaló a las compañías de juguetes Famosa, Mattel y Bizak por no doblar sus anuncios en catalán.

En la misma línea, denunciaron ante la Generalitat a las marcas de ropa Bimba y Lola, Pepe Jeans y Levi Strauss por no etiquetar sus productos en la lengua autóctona. A su juicio, estas tres empresas mostraron «una actitud hostil» hacia su propuesta de incorporar el idioma en el etiquetaje de los artículos que comercializan en Cataluña y, por esta razón, optaron por informar a la administración catalana para que tome medidas.

Recientemente también colapsaron dos restaurantes de las franquicias Five Guys y Surf House de Barcelona por no tener sus cartas en catalán.

Esta entidad de la órbita del nacionalismo recibió 955.307 euros en subvenciones públicas y privadas en plena pandemia y se ha convertido en uno de los pilares que usa la administración catalana para garantizar que no se excluya el catalán. Aunque muchas de sus prácticas han sido criticadas por ser una «persecución» de facto del castellano. O por hacer del catalán un idioma «antipático» y/o relacionado con el independentismo. La Plataforma por su parte asegura que con sus actuaciones esperan que las empresas rectifiquen y se sensibilicen con la lengua para que los consumidores puedan ser atendidos en catalán.

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