Robles y el fariseísmo independentista

Son inconcebibles en cualquier país democrático situaciones como las que se viven en España. No es fácil explicar que en nuestro país la debilidad del Gobierno en sus apoyos parlamentarios le ha hecho tomar decisiones que seguro que serán estudiadas en los próximos años en las facultades de Historia y de Ciencia Políticas, por atrevidas con tal de mantenerse Sánchez en el poder.

Empezando por la propia composición del gobierno. Nadie dijo que fuera fácil gobernar con Unidas Podemos. El propio presidente Sánchez suponía que eso no le dejaría dormir tranquilo por las noches. No se sabe si toma algo para poder dormir, pero, tal y como sospechaba, no hay día en que no le amarguen la tranquilidad. El envío de armas a Ucrania, la figura del rey o la política con Marruecos son el motivo de los últimos ataques de ministras como Ione Belarra, Irene Montero o Alberto Garzón, que han criticado con una dureza inusitada al Gobierno del que ellos mismos forman parte. Eso sí, ninguno de estos temas debe ser tan importante como para llevar su coherencia personal al extremo de dimitir y renunciar a sus sillones ministeriales. 

La excepcionalidad y debilidad del gobierno de Sánchez hacen que esta esquizofrenia dentro del Gobierno con sus socios de Unidas Podemos no sea nada comparada con la que vive con los partidos independentistas, sus socios de legislatura. Las concesiones de Sánchez han sido tantas y tan grandes que el cúmulo de ellas hace que se pierda la noción de escala. Sánchez no ha dudado en retorcer muchas veces las leyes y las sentencias judiciales hasta hacerlas irreconocibles con tal de satisfacer sus exigencias. No ha servido de mucho porque son insaciables en sus demandas y aprovechan cualquier ocasión para ello. La última se llama Pegasus. 

Los independentistas han puesto el grito en el cielo dando por hecho de que se hizo de manera ilegal. Y lo sorprendente es que el gobierno en vez de explicar la legalidad y justificación de esas escuchas, en defensa del estado constitucional, ha preferido empezar con una respuesta sumisa que buscaba la calma y el intentar no perder el voto que necesitaban a su proyecto de medidas económicas. Ni tampoco por supuesto el apoyo que le hará falta en el resto de legislatura. 

De nuevo, ha habido concesiones. Primero, el ministro de la presidencia Félix Bolaños, ofreciendo una investigación del CNI y el defensor del pueblo, la entrada en la comisión de secretos oficiales y la desclasificación de documentos. Posteriormente, en esa pirueta de urgencia, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, era la que con su propuesta de modificación de mayorías permitía a ERC, Junts, Bildu o la CUP que entren en la comisión de Gastos Reservados. Un sitio donde se controla el uso de fondos reservados y las actividades del CNI. Van a conocer los secretos de un estado que quieren romper. Han metido los zorros en el gallinero. Y no les ha bastado. Ahora lo que quieren es la cabeza de la ministra de defensa, Margarita Robles. La única que con voz firme está negando la credibilidad de la denuncia sobre Pegasus. Y la única que ha defendido desde un principio públicamente la necesidad de esas escuchas y el control judicial de ellas.  

Sánchez aprobó en su día las escuchas para averiguar quién estaba detrás de Tsunami Democrátic, esa revuelta popular muy organizada y que provocaron incidentes tan graves como el cierre del aeropuerto de El Prat o el colapso de la ciudad de Barcelona durante varios días. También se escuchó al círculo de Puigdemont, que entró en contacto con el espionaje ruso para conseguir el apoyo al independentismo catalán de Putin, sí, Putin, el genocida.

Esas investigaciones de las fuerzas de seguridad y del CNI, de las que avisó en su día el ministro del interior Grande-Marlaska, han permitido saber que detrás de ese Tsunami había líderes destacados de ERC, JuntsxCat, la CUP, ANC y Ómnium Cultural. Esas personas encargaron crear una infraestructura tecnológica en apoyo del independentismo, que permitiera generar acciones de sabotaje sin que las fuerzas de seguridad pudieran saberlo o anticiparse. Este objetivo de una gran plataforma tecnológica al servicio del procés, incluso para poder repetir otro referéndum digital, fue encargado a varios ingenieros proindependentistas.

Uno de ellos parece ser el autor material del informe que publicó The New Yorker, en el que denunciaba que se espiaba a políticos y figuras del procés y que ha provocado este llamado caso Pegasus. Estamos pues ante una información elaborada por una persona que, aunque haya intentado separarse del independentismo para dar credibilidad a su denuncia, sí participó en el Tsunami, en sus objetivos y en lo que ello implica.

Es urgente que el gobierno aclare ya todo y no mediante dosis de información que va filtrando con cuentagotas. A la espera de esa explicación final, lo que se conoce hasta ahora es que la operación sí contó con autorización del Supremo. Estamos hablando además de acciones que quedan bajo la órbita de dos ministros como Robles y Marlaska, que proceden de la carrera judicial y que siempre han sido conscientes de los mecanismos legales.

Al fariseísmo independentista, en el fondo, el que haya autorización judicial o no, le da igual. Han violado las leyes en muchas ocasiones, empezando por la propia Constitución. Han sido condenados por secesionismo. Y nunca han dejado de decir que volverán a intentar romper la Constitución y España. 

Años lleva hablándose del CNI catalán. En 2017, dotaciones de la policía nacional interceptaron furgonetas de los mossos, sin distintivo visible, que iban a destruir y quemar 36 cajas de documentación sobre el procés. Además de documentación del golpe secesionista había informes sobre personas y entidades contrarias al independentismo, presuntamente encargadas por órdenes políticas procedentes del Govern. El caso, sobreseído en un principio por un juzgado y por la Audiencia de Barcelona, está ahora recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo curioso es que, en todos los casos, los jueces reconocen la elaboración de esas listas, pero dicen que se hicieron de forma legal.

Estos partidos independentistas que han conseguido entrar en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados son los mismos que en su día se negaron en el Parlament a crear la comisión de investigación que pidieron Ciudadanos, PSC, PP y los Comunes para investigar a las unidades de información de los Mossos, del Centro de Seguridad de Información de Cataluña y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

Por supuesto que hay que aclarar lo ocurrido. Es necesario. Es imprescindible. Pero me temo que a los independentistas les dará igual si se ha hecho con autorización legal o no. Ellos quieren la cabeza de Margarita Robles. Y tiene su lógica. Al final y al cabo, Margarita Robles, como responsable del CNI, es la encargada de defender la independencia e integridad territorial de España. Y también es la única voz que de forma pública en el gobierno suena siempre firme y sin complejos en esa defensa del estado frente a los delirios separatistas. Sánchez no lo va a permitir, pero a cambio seguro que cederá en alguna otra cosa, porque sigue necesitando los votos de aquellos a los que escucha.

Y eso, los fariseos lo saben.