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Sánchez usará la renovación del CGPJ como cortina de humo para pasar página tras el 19-J

La decisión no está tomada, pero el Gobierno no descarta ultimar la renovación de forma unilateral sin contar con el PP para precipitar los nombramientos

Sánchez usará la renovación del CGPJ como cortina de humo para pasar página tras el 19-J

El Gobierno está decidido a que la semana que viene se inicie el procedimiento para poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder judicial (CGPJ). Se trata de un proceso técnico bajo el que subyace una decisión política: utilizar la renovación de la justicia como cortina de humo para desviar la atención de la debacle andaluza del 19-J. Por este motivo, el Gobierno baraja actuar de forma unilateral para nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional sin esperar a un acuerdo global con el PP, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.

La decisión no está definitivamente tomada o al menos no comunicada por el presidente del Gobierno a sus principales colaboradores. Pedro Sánchez ha consultado a la mayoría de ellos sobre cuál es la mejor decisión: si actuar por su cuenta o intentar un nuevo acuerdo con el PP. Según las fuentes consultadas por este periódico, hay división de opiniones. Algunos creen que se debe actuar de forma inmediata para forzar una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional con la sustitución de los dos magistrados cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio: el presidente, Pedro González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. 

Quienes defienden esta opción sostienen que la maniobra de precipitación en los nombramientos permitiría desviar la atención del hundimiento del PSOE andaluz y establecer un cortafuegos a la estrategia del PP para rentabilizar su victoria en Andalucía a escala nacional y presionar para un adelanto de las elecciones generales. Los estrategas socialistas cortarían así el paso de los populares y les forzarían a un pacto in extremis, bajo la amenaza de que el Gobierno actuaría por su cuenta logrando una mayoría progresista en el TC sin necesidad de contar con el PP pata renovar al órgano de gobierno de los jueces. 

Moncloa teme que el PP dilate plazos

Incluso abogan porque reducir al máximo los plazos y ejecutar el nombramiento el mismo martes que viene, 21 de junio. Una posibilidad remota, según otras fuentes gubernamentales que, sin embargo, no descartan completamente  nombramientos del Consejo de Ministros a medio plazo, si es que el PP no se presta a retomar la negociación de forma urgente y a renunciar al cambio en el sistema de elección de los jueces. Una reforma solicitada y reiterada esta misma semana por parte de las autoridades comunitarias. 

Con tres años y medio de retraso, el acuerdo de renovación de la justicia se antoja «imprescindible» para la estabilidad del Gobierno. No solo en términos de credibilidad de cara a la Comisión Europea como por la necesidad de una mayoría progresista en el Constitucional que deberá avalar leyes fundamentales de la legislatura como la Ley del sí es sí o fijar posición en temas atrasados como la Ley del aborto. «Necesitamos un tribunal constitucional progresista para evitar evidenciar que el ciclo está agotado. El ciclo está plenamente activo», explican desde Moncloa. 

La guerra contra los jueces

De ahí, la necesidad de actuar con precipitación para que funcione su estrategia de choque a corto plazo. Las fuentes de Moncloa consultadas consideran que «lo deseable» sería un acuerdo con el PP para evitar un nuevo conflicto institucional entre el poder ejecutivo y el judicial, tras las advertencias vertidas por el caducado CGPJ. Sin embargo, el Gobierno no teme las consecuencias que pudiera tener una actuación unilateral dado que «los jueces ya buscan erosionar al Gobierno sacando informes de los indultos y la imputación del Oltra en mitad de la campaña andaluza». 

Una guerra contra la judicatura en la que enmarcan la batalla institucional entre el presidente de la sala penal del Supremo, Manuel Marchena, y la presidenta del Congreso, al hilo de la retirada del escaño del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Decisión que podría ser revocada por el Tribunal Constitucional, según varias informaciones. «Esto es un revolcón a Marchena, nada menos que el juez del procés», se quejan en Moncloa ante la falta de visibilidad de esta corrección del criterio que dejó «a los pies de los caballos a la presidenta del Congreso».

«Los jueces vienen a por nosotros», denuncian fuentes gubernamentales que se preguntan: «¿Y qué ganamos esperando al PP?». La decisión no está tomada, el debate está abierto pero la estrategia de precipitar la renovación judicial como cortina de humo para apagar el incendio de las andaluzas es una realidad. 

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