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El Gobierno no va 'de farol' con su asalto al TC y pretende aprobar la reforma el 11 de julio

Fuentes gubernamentales aseguran que la nueva reforma «está diseñada para aprobarse y aplicarse» a diferencia de otros órdagos pasados para presionar al PP

El Gobierno no va 'de farol' con su asalto al TC y pretende aprobar la reforma el 11 de julio

Han pasado dos años desde que el Gobierno presentó en julio de 2020 su primera reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La llamada reforma ‘dura’ de la Justicia, o según entornos judiciales, «cacicada judicial», motivó el reproche de Bruselas a España porque el sistema de elección cuestionaba los procedimientos democráticos y situaba a España al nivel del gobierno de ultraderecha húngara de Viktor Orban al socavar la independencia judicial. Hasta el punto de que, meses después de que PSOE y Podemos presentaron conjuntamente la iniciativa -que se dejó en manos de los grupos evitando la iniciativa legislativa del Gobierno-, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la retirada del texto instando a los grupos a dar marcha atrás tras una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova. 

Se abría paso la reforma ‘blanda’ del Gobierno, el verdadero plan con el que el Ejecutivo pretendía presionar tanto al PP como a los jueces, cambiando una rebaja de las mayorías para la elección parlamentaria de los miembros por la paralización de los mismos salvo acuerdo entre Gobierno y oposición. Pero lo que ya entonces explicaban fuentes gubernamentales es que el objetivo de las dos reformas era el mismo: una estrategia de presión extrema, rozando el hostigamiento, para forzar a que Pablo Casado se aviniera e negociar tras dos negociaciones fallidas entre Gobierno y oposición, a cuyos mandos si situaban entonces Iván Redondo y Teodoro García Egea

Dos años después, los interlocutores son distintos. Ni Campo, ni Casado, ni Redondo, ni Egea participan en la negociación, pero la estrategia de evasión del nuevo PP de Feijóo es «la misma» a ojos de un Pedro Sánchez que ya no se cree que el nuevo líder gallego tenga una voluntad real de negociar un acuerdo global de la Justicia sin que el Gobierno tenga que ceder en su negativa de reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ que enmendaría sus dos reformas, la dura y la blanda, y al que le conminan desde la Comisión Europea. 

Sánchez rebasa su paciencia

Desde Moncloa se ha experimentado un cambio en las expectativas desde la llegada del nuevo líder del PP. Lo que a principios de mayo parecía un cambio de tono y de formas en los populares que descontaba el acuerdo de renovación judicial para demostrar que la etapa de la moderación y fin de la crispación iba «en serio», se ha tornado en la casi seguridad de que «Feijóo no quiere un acuerdo» y «marea la perdiz como Casado». Recuerdan en el Ejecutivo cómo han estado esperando a los populares desde el principio de la legislatura, y cómo el PP les ha ido posponiendo el nuevo inicio de los contactos hasta después de las elecciones madrileñas (4-M de 2021), de las castellano y leonesas (14-F de 2022) y las andaluzas (19-J de 2022). Y la paciencia se ha acabado.  

Por eso el Gobierno ha dicho basta. Y por eso la diferencia del momento presente es que ya no van «de farol». La nueva reforma, también presentada a iniciativa del PSOE, pero esta vez sin el acuerdo con Podemos, «se ha diseñado con la intención de aprobarse y aplicarse», explican a THE OBJECTIVE fuentes de Moncloa y según el firmante ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es «impecable» jurídicamente pese a la crítica unánime de jueces y magistrados. Una afirmación que el ministro negociador para desbloquear los órganos judiciales realizó el pasado viernes tras acusar al líder del PP de «mentir» por romper la negociación con el Gobierno tras la presentación de su nueva reforma judicial. «Deje de mentir señor Feijoo. No había ninguna negociación. Todos los días mareando la perdiz para incumplir la Constitución, que es lo que hace cada día con el TC. No es tiempo de excusas, sino de renovar el TC».

Un ‘hasta aquí hemos llegado’ que entonó de forma elocuente este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Moncloa. En su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario, el jefe del Ejecutivo puso como ejemplo la decisión «muy controvertida» que ha tenido lugar en EEUU sobre el aborto. «Los jueces toman decisiones muy importantes y por eso es muy importante que tengan toda la legitimidad». Sánchez calificó de «hecho sin precedentes y de extrema gravedad» que el PP  «incumpla la Constitución».

Un mensaje ante el que dejó claro que su Gobierno no se quedará de brazos cruzados. De hecho, en privado ponen precisamente ese ejemplo, el del aborto, para evidenciar la necesidad de forzar un cambio de mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, que es verdaderamente el objetivo del Gobierno. La necesidad de dejar atrás la mayoría conservadora que lleva más de tres años caducada y ante la cual el Gobierno ha decidido actuar de forma unilateral, como adelantó THE OBJECTIVE hace pocas semanas.

Aprobación en julio 

Tan es así que el Gobierno pretende acelerar los plazos para su aprobación e incluirlo en el orden del día de un pleno extraordinario el 11 de julio, que ya está previsto para dar luz verde a la Ley de Memoria Democrática. Según fuentes parlamentarias socialistas, la iniciativa registrada el pasado viernes será calificada el próximo martes 28 de junio por la Mesa del Congreso de los Diputados y posteriormente tendrá que ser validada por la Junta de Portavoces para su inclusión en un orden del día. Pero la semana que viene, además del colapso que provocará la Cumbre de la OTAN, concluye el periodo ordinario de sesiones, lo cual obliga a su inclusión en un pleno extraordinario que podría ser el del día 11 de julio u otro la tercera semana del mes, cuando el Gobierno quiere aprobar el nuevo decreto de la guerra aprobado este sábado en un Consejo de Ministros. 

No podría ser la anterior, la segunda semana del 11 al 15 de julio porque es la que está reservada por Moncloa para el debate del Estado de la Nación que, si nada cambia, comenzaría el martes 12 de julio con la intervención del presidente Pedro Sánchez a las 12:00 horas y concluiría el viernes 15 con las propuestas de resolución. 

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