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Hallan sobrecostes irregulares en los pagos por rastreadores covid a Ferrovial en Cataluña

Un informe elaborado por la Sindicatura también ha encontrado irregularidades en once contratos ordinarios entre 2016 y 2019

Hallan sobrecostes irregulares en los pagos por rastreadores covid a Ferrovial en Cataluña

Una rastreadora covid. | Europa Press

La Sindicatura de Comptes (sindicatura de cuentas) de Cataluña ha hallado un «sobrecoste no razonable» en el pago de 11,79 millones a Ferroser Servicios Auxiliares SA, entonces filial de Ferrovial, por la contratación de rastreadores que seguían los casos positivos de covid, además de otras irregularidades en contratos de emergencia por la epidemia.

Un informe elaborado por la Sindicatura sobre las cuentas del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), empresa pública propiedad al 100% del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), también ha encontrado irregularidades en once contratos ordinarios entre 2016 y 2019 en los que «no se justificó adecuadamente que el presupuesto base de licitación se adecuara a los precios de mercado».

Sobre la contratación de emergencia por la pandemia de covid, la Sindicatura considera que «el dimensionamiento de la dotación de personal establecida en el contrato para el servicio de seguimiento de contactos positivos, adjudicado a Ferroser Servicios Auxiliares SA, por 17,69 millones, no se realizó de acuerdo con los parámetros del contrato».

Según el informe, en los ocho meses de vigencia del contrato, el adjudicatario facturó 11,79 millones, IVA incluido, exactamente la parte proporcional correspondiente a ocho docenas partes de la anualidad del contrato, «sin desglosar en las facturas emitidas la parte fija y la variable de la contraprestación como preveía el contrato».

La Sindicatura señala, además, que entre octubre de 2020 y enero de 2021 «hubo una reducción progresiva del número de llamadas telefónicas mensuales del 26,3%, mientras que el dimensionamiento del contrato, en términos de posiciones de gestor de llamadas adscritas al servicio, se incrementó en un 95,2%».

La Sindicatura ha calculado que para el período de vigencia del contrato, desde junio de 2020 hasta enero de 2021, la facturación de Ferroser al SEM por los rastreadores «podría ser superior en aproximadamente 1,55 millones de euros al precio estimado que se desprende de los costes directos e indirectos y del beneficio industrial del contratista».

«Dados los objetivos de transparencia y obtención de la mejor relación calidad-precio que inspira la Ley de contratos del sector público, se puede concluir que el sobrecoste pagado en la ejecución de este contrato no es razonable y no cumple con los principios generales de economía y eficiencia en la gestión de los fondos públicos», concluye la Sindicatura de Comptes.

El informe también reprocha que el proveedor facturó al SEM las retribuciones del personal que estaba en situación de incapacidad temporal sin deducir el importe pagado por la Tesorería de la Seguridad Social.

Resalta, sin embargo, que la comisión ejecutiva del SEM incoó en noviembre de 2021 un expediente contradictorio para determinar el alcance de la cantidad cobrada en exceso y, en su caso, exigir a Ferrovial, su devolución.

El informe, presentado por la síndica Maria Àngels Cabasés como ponente, también ha encontrado que el precio por hora en los contratos de alquiler de vehículos para transporte sanitario de apoyo por la epidemia «fue significativamente superior al precio por hora media facturado por los propios proveedores al SEM, en el marco del contrato vigente de gestión del servicio de transporte sanitario urgente y no urgente».

La Sindicatura también ha revelado que en el período 2016-2019 el SEM adjudicó varios contratos de mantenimiento y estabilización del sistema de comunicaciones para gestionar las urgencias y las emergencias «mediante el procedimiento negociado sin publicidad, aduciendo la especificación citada y exclusividad técnica del proveedor, por 1,72 millones de euros».

«En estos expedientes se observan carencias técnicas en la oferta del adjudicatario, contratos formalizados después de el inicio de la prestación del servicio y falta de justificación de la adecuación del presupuesto de licitación en el valor de mercado», según el informe.

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