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Antifraude de Cataluña desmiente al Govern: hubo irregularidades en el pelotazo de Parellada

El Ejecutivo no da explicaciones por el pago de 35 millones a Basic Devices con el argumento de que no hubo «irregularidad». Pero la investigación no se archivó

Antifraude de Cataluña desmiente al Govern: hubo irregularidades en el pelotazo de Parellada

La Oficina Antifraude de Cataluña, ente independiente de la Generalitat, concluyó el pasado 20 de mayo su investigación por las irregularidades administrativas en la contratación de Basic Devices S.L, la empresa fantasma de Roger Parellada, a quien el Govern de Quim Torra, en marzo de 2020, le pagó 35 millones para suministrar material sanitario desde China, y cuyo propietario se quedó 24 millones en ganancias. En ningún caso, explican fuentes de la Oficina Antifraude consultadas por THE OBJECTIVE, esta clausura de la investigación terminó en archivo del caso, tal y como afirmó Pere Aragonès y también dio a entender la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, para justificar que el Govern no dé explicaciones de todas las irregularidades administrativas que se apreciaron en dicha operación.

Su investigación finalizó con un «informe razonado» en el que se traslada a la Agencia Tributaria Española sus apreciaciones para iniciar la fase de seguimiento. En esta fase, que depende de la dirección de Prevención de la Oficina, se puede pedir al Govern hacer modificaciones para reparar los daños o aplicar medidas de buenas prácticas, entre otras cuestiones. Es una fase en la que se supervisa que se apliquen los cambios ante las irregularidades halladas para no repetirlas en las contrataciones futuras. Las fuentes consultadas añaden que, aunque no se produjeran «aspectos delictivos», hubo irregularidades administrativas que deben ser analizadas.

El hecho de que la investigación concluyera con un informe razonado, en lugar de las otras posibilidades existentes (como el archivo cuando no se ha detectado ninguna irregularidad) desmiente los argumentos ofrecidos por el Govern para no iniciar una investigación interna. La portavoz Patrícia Plaja afirmó este martes que no veía motivos para abrirla porque «la Oficina Antifraude no encontró ninguna irregularidad en esta compra». Y el presidente de la Generalitat habló de «archivo» del caso, pero no negó el cobro de 24 millones del empresario afín al independentismo.

Más dinero que el madrileño Luis Medina

De este modo, el Ejecutivo de Pere Aragonès cierra filas con Quim Torra y no ve relevante dar explicaciones pese a la aparición de nuevas informaciones que revelan cómo Parellada buscó refugio fiscal en Singapur o que la mujer de Quim Torra intermedió para cerrar la operación tras el bloqueo del Govern a dar ese dinero ante las sospechas de fraude, tal y como publicó El Confidencial.

luis medina juicio
La investigación de Antifraude revela que Roger Parellada se embolsó más dinero que Luis Medina

El Govern, además, denunció a la empresa Basic Devices, pero dos días después retiró la denuncia. La cantidad obtenida por Roger Parellada en apenas tres semanas fue superior a los 5,6 millones ganados por Luis Medina en sus negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid. La cantidad de dinero pagado a un empresario sin experiencia en el sector ha soliviantado a muchos empresarios catalanes, que ven «vergonzoso» que el Govern no dé explicaciones más allá de la urgencia en la contratación.

Irregularidades detectadas

La Oficina Antifraude de Cataluña mantiene su criterio pese a las alegaciones presentadas por el Institut Català de Salut (ICS) y la consejería del ramo. En su informe razonado tiene en cuenta la «situación de extrema necesidad de aprovisionamiento de material sanitario de protección personal en los momentos iniciales de la pandemia» pero no niegan que «hubo pagos por avanzado» que no se podían hacer o que la información aportada por las autoridades públicas no despeja un posible «conflicto de intereses».

Entre las irregularidades de índole administrativa detalladas por el organismo presidido por Miguel Ángel Gimeno Jubero se encuentra «la falta de información relativa al origen y a los contactos preliminares al encargo de emergencia con la empresa Basic Devices SL». Sostiene que las respuestas de las autoridades políticas no aclaran «los motivos» que llevaron al ICS a «seleccionar a la referida empresa ni sobre la cifra y el contenido de los contactos preliminares». «Estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción».

Una empresa «sin trabajadores»

Respecto a la «posible situación de prohibición de contratar a Basic Devices SL», dan como «incontrovertible» que la empresa «tenía una actividad económica residual y que no disponía de ninguna persona trabajadora en el momento de contratar». «Antifraude reitera la recomendación al ICS, atendidas las interpretaciones opuestas, sobre la obligación relativa a que las empresas licitadores deben estar inscritas como tales en el sistema de seguridad social». Y es que Basic Devices «no cumplía» con este requisito en el momento de la contratación.

El ente también «se reafirma» en que no había «cobertura legal» para el abono anticipado de la prestación en el momento en el que se ordenó el pago de 35 millones de euros el 20 de marzo de 2020. A este respecto, hacen referencia al artículo 120.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y cómo en el caso concreto no se produjo la justificación de la retirada de fondos cuando son por avanzado y transcurrido un mes del encargo de emergencia.

En la misma línea, exponen que la versión vigente en el momento del pago del artículo 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, del 12 marzo, por el cual se adoptan medidas para dar respuesta al impacto económico la covid-19, solo preveía la posibilidad de realizar, no abonos anticipados, sino abonos a cuenta para acciones preparatorias a «los órganos de la Administración general del Estado». Y, añaden, «la normativa especial y propia de Cataluña tampoco preveía en aquel momento la posibilidad de hacer abonos anticipados».

Por último, y el motivo por el cual también se ha dado traslado a Hacienda del informe razonado, insta a la Consejería de Economía y al ICS a valorar y verificar el «alcance, la repercusión y los efectos de la aplicación de la normativa tributaria y aduanera en la operación de Basic Devices SL, que en el momento de ejecución del contrato se modificó».

El 23 de abril de 2020 entró en vigor una modificación de la naturaleza tributaria que establecía aplicar «el tipo del cero por ciento al impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la entrega de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, siempre que sus destinatarios fueran entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social».

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