Los letrados del Congreso rechazan llevar a la Fiscalía a Fernandez Díaz por mentir en 'Kitchen'
El informe jurídico al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE insta a los grupos de izquierda a «dirigirse directamente al Ministerio Fiscal»
El pasado martes, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, anunció en su comparecencia semanal la creación de una comisión de investigación para el mes de septiembre sobre la «utilización de la instituciones, concretamente la Policía, para llevar a cabo operaciones de investigación a sus rivales políticos en la llamada ‘operación Cataluña’ con audios extremadamente preocupantes que hemos conocido en las últimas semanas y que invitan a un compromiso de poner luz sobre estas operaciones». Unos audios que ponen en evidencia, a juicio del PSOE, las mentiras del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el marco de su comparecencia en la comisión ‘Kitchen ‘del Congreso, cuando aseguró que nunca había despachado con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Lo que no trascendió el martes, y no reveló el portavoz del PSOE, fue lo ocurrido en la reunión de la Mesa del Congreso, previa a la Junta de Portavoces en la que se aprobó esa comisión. Un encuentro del órgano rector que debía estudiar el escrito presentado por ERC, JxCat, PdCat, Bildu, BNG y La CUP solicitando a la Mesa que, «habiéndose constatado que Fernandez Díaz habría mentido en su comparecencia del día 5 de abril de 2017 ante la Comisión de Investigación, tome las medidas oportunas y de traslado de este hecho al Ministerio Fiscal».
Una petición que fue denegada por los cuatro letrados del Congreso presentes en la reunión, con el letrado mayor al frente, Carlos Gutiérrez, quienes presentaron un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En el texto, los letrados de la cámara baja argumentan que el escrito presentado «se refiere a una serie de actuaciones vinculadas con la actividad de una concreta Comisión de Investigación que ya ha concluido sus trabajos, por lo que no existiría cauce reglamentario para articular una solicitud como la ahora analizada». Eso sí, también insta a los grupos proponentes a que recurran a la «posibilidad de dirigirse directamente al Ministerio Fiscal al amparo de la legislación procesal penal aplicable».
El PSOE enmudece
Una advertencia de los letrados que hizo enmudecer al partido socialista, cuyos representantes, según fuentes presenciales consultadas por THE OBJECTIVE «no abrieron la boca», pese a que anunciaron posteriormente la creación de una nueva comisión de investigación sobre la ‘operación Cataluña’ para contentar a sus socios de ERC, PdCat y JxCat.
Un nuevo órgano parlamentario con el que quieren iniciar el curso político en septiembre. Según explican fuentes populares a este periódico, «quieren una nueva herramienta para desviar la atención de sus escándalos y poner el foco en el PP» de tiempos pasados.
Fundamentos jurídicos
El informe de los letrados pone el acento en que «la citada Comisión de Investigación desarrolló sus trabajos durante la XII Legislatura», con lo cual no cabría la actuación del Congreso y su traslado a la Fiscalía pese a que los grupos demandantes de dicha actuación invocan los artículos 502.3 del Código Penal, que establece que «el que convocado ante una comisión de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la prensa de prisión de seis meses a un año multa de 12 a 24 meses», y 3.2 de la Ley orgánica 5/1984, de 24 de mayo, que añade que «si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la Comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que ésta, en su caso a través de la Presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal».
Sin embargo, los servicios jurídicos de la Cámara Baja ponen el acento en que el proceso de una comisión de investigación finaliza cuando «las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara sean publicadas por el Boletín Oficial de las Cortes generales y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso de traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas». Algo que recoge el artículo 52.5 del Reglamento del Congreso y que ya se produjo en la anterior legislatura.
En cualquier caso, e incluso con el informe de los letrados en contra, el PSOE y sus socios parecen querer iniciar el curso político con la que consideran es la mejor defensa de su actuación: un ataque al PP por sus antiguos escándalos con las cloacas del Estado.
