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La Justicia de EEUU indemniza con 92 millones a víctimas del 'caso FIFA' que implica a Mediapro

El jefe del FBI describe la trama criminal que afecta a Imagina, filial de la empresa de Jaume Roures en América, de «codicia desenfrenada»

La Justicia de EEUU indemniza con 92 millones a víctimas del 'caso FIFA' que implica a Mediapro

La macrocausa judicial de Estados Unidos conocida como caso FIFA, en la que está implicada Imagina, la filial de Mediapro en Estados Unidos, por pagar mordidas millonarias a altos cargos de la organización a cambio de los derechos televisivos de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, sigue su curso. El pasado jueves 30 de junio, la oficina de la Fiscalía del distrito este de Nueva York informó del pago de otros 92 millones de dólares a las «víctimas» de este caso de sobornos que afecta a medio centenar de personas y sociedades a escala mundial, y que fue reconocido por la empresa de Jaume Roures.

En la nota hecha pública por el Ministerio Fiscal se especifica que este dinero se destinará al «fútbol femenino», a su educación y salvaguardia, así como «a programas juveniles, al alcance comunitario y a las necesidades humanitarias» a través de un nuevo fondo establecido bajo la Fundación FIFA, un ente independiente «que utiliza el fútbol, ​​y el deporte en general, como una herramienta para el desarrollo social».

«Codicia desenfrenada»

El jefe del FBI en Nueva York, Michael Discroll, declara en dicho comunicado que es «gratificante saber que los activos incautados a los delincuentes involucrados se distribuirán a grupos que necesitan el dinero, uno específicamente enfocado en educar y salvaguardar el fútbol para mujeres y niñas. El lado positivo es que algo bueno saldrá de la codicia desenfrenada descubierta en esta investigación». Y no duda en definir la trama criminal como un «esquema masivo» donde «había una cantidad extraordinaria de dinero fluyendo entre funcionarios corruptos y empresas».

Tatxo Benet, el empresario independentista y número dos de Roures, reconoció la culpabilidad en el caso de sobornos que afectaba a su socio Gerard Romy -cofundador de Mediapro y declarado en rebeldía por la justicia estadounidense- y negoció una reducción de la pena a cambio de colaborar con la Justicia. La filial de Mediapro llegó a pagar una sanción de 21 millones para que se cerrara el caso, pero la Fiscalía del distrito este de Nueva York mantuvo la investigación abierta.

Tatxo Benet reconoció la culpabilidad de Mediapro

La estrategia de Mediapro en España ha sido la de desvincular a la empresa matriz de Imagina, como si lo ocurrido en América fuera un caso aislado. No obstante, el acuerdo de culpabilidad fue rubricado por el propio Benet el 10 de julio de 2018, poco después de ser designado jefe de Mediapro. En dicho acuerdo admite que ha empezado a colaborar con la justicia una vez la policía había detectado ilegalidades y se compromete a implementar medidas de buenas prácticas para atajar la corrupción en todo el conglomerado empresarial.

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Acuerdo de culpabilidad que afecta a Mediapro

Además, Mediapro se vio obligada a reconocer públicamente el pago de estos sobornos millonarios a altos cargos de la FIFA y a no comentar ni hacer declaraciones que contradijeran los términos alcanzados en el acuerdo de culpabilidad en un periodo de tres años.

«Crimen organizado»

El informe final del Ministerio Público presenta a la empresa Imagina como una empresa estructuralmente corrupta en sus operaciones en Estados Unidos y América Latina. En el punto 137 del informe se precisa que, de 2008 a 2015, Romy «conspiró consciente e intencionadamente para idear un esquema para defraudar a la FIFA» y a las asociaciones nacionales y regionales en América a través de sobornos y del pago de comisiones ilegales».

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Informe de la Fiscalía de Estados Unidos

En ese periodo, Romy era uno de los tres CEO de Mediapro e integrante de su cúpula de gestión junto a Roures y Benet. Es decir, la justicia de Estados Unidos señala a Romy y no a ejecutivos de filiales de la compañía, como en un primer momento se sugirió desde el entorno de Jaume Roures.

La Fiscalía atribuye a Romy varios delitos de soborno, fraude y lavado de dinero, entre otros. Y le aplica el mismo esquema de «conspiración de crimen organizado» (rackeetering conspiracy, en inglés) que históricamente se ha atribuido a las organizaciones mafiosas de Estados Unidos.

La nota hecha pública por el Ministerio Público afirma que el Departamento de Justicia, a través del programa de confiscación de activos, «trabaja diligentemente» para «restaurar los fondos perdidos de las víctimas del delito» y asegura que la compensación «no habría sido posible sin los esfuerzos extraordinarios de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Penal del Departamento de Justicia de los EE. UU., que revisó y aprobó la petición de condonación de las víctimas; la Oficina de Campo de Nueva York del FBI; y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal».

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