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La Generalitat pagó 60 obras en la guardería ilegal de UGT en el hospital Vall d'Hebron

La Guardia Civil acredita que las reparaciones en la guardería, que lleva nueve años operando sin licencia ni permisos, se costearon con recursos públicos

La Generalitat pagó 60 obras en la guardería ilegal de UGT en el hospital Vall d'Hebron

Una juez investiga una presunta trama de corrupción de líderes de UGT en el Hospital Vall d'Hebron. | Ayuntamiento de Barcelona

A través del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y la dirección del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, la Generalitat de Cataluña costeó con recursos públicos al menos 60 obras o intervenciones de mantenimiento y reparación en la guardería clandestina que preside desde 2013 la delegada de UGT en el mayor hospital público de la región. Así consta en el último informe aportado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en un caso en el que han sido imputados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación una docena de funcionarios y exfuncionarios de la Generalitat y del Ayuntamiento de la capital catalana. Entre ellos, siete directores o exgerentes del hospital y del ICS, empresa pública dependiente del Govern catalán.

En un convenio firmado en 2013, el ICS cedió la ocupación y el uso de dos locales del hospital a la Associació de L’Escola Bressol Hospital Vall D’Hebron (AEBHVH) para que se hiciera cargo de la guardería que da servicio a los hijos de los 9.000 trabajadores del centro público. En aquel convenio, otorgado sin concurso público ni licitación previa, la asociación sin ánimo de lucro presidida por la delegada de UGT en ese hospital quedaba obligada a hacerse cargo del mantenimiento y las obras de mejora de las instalaciones, entre otros muchos gastos necesarios para el desarrollo de su actividad. El ICS solo se comprometía a pagar los suministros de agua, gas y electricidad.

Sin embargo, en su informe la Guardia Civil da por acreditado que desde 2013 hasta la actualidad el equipo de mantenimiento del hospital ha llevado a cabo al menos de 56 intervenciones y obras en la guardería, algunas de ellas de gran calado, «siendo abonadas por el propio hospital tanto el material como el coste de las horas de los empleados». No solo eso. Además, el ICS pagó facturas a cuatro empresas externas por un total de 3.141,10 euros para la realización de obras de reforma y acondicionamiento a lo largo de los últimos años en la guardería, que lleva nueve años operando sin las licencias y permisos exigidos por la ley para poder dar servicio como escuela infantil. Así consta en la documentación que el ICS y la dirección del hospital han enviado a la Guardia Civil durante la investigación.

Pagaron el personal y el material de las obras

Durante las pesquisas, iniciadas a finales de 2018, varios trabajadores del área de mantenimiento han confirmado que la presidenta y la directora de la guardería -ambas imputadas también por la juez- solicitaban «a cualquier hora» la asistencia del personal del hospital para la reparación de averías y también para la realización de «obras de calado» en sus instalaciones. Entre otras, los testigos citaron «obras de envergadura como el derribo de los muros no maestros en la planta superior, al objeto de estructurarlas y adaptarlas para clases, ventanas nuevas, parquet, aire acondicionado y otras».

También reconocieron y aseguraron tener nóminas que demuestran haber cobrado horas extra por la realización de trabajos como «reformar la entrada, instalación del alumbrado de emergencia, reparación del cableado de toma de tierra, así como el cambio de radiadores y calderas y el cuadro eléctrico de la cocina». Asimismo, señalaron haber hecho reparaciones e instalaciones referentes al aire acondicionado, gas y otros suministros. Los trabajadores del área de mantenimiento del hospital añadieron que «el coste de estas reparaciones, incluido material, siempre ha corrido a cargo del hospital».

En su informe, la Guardia Civil destaca que la gerencia del hospital y del ICS no han facilitado una valoración económica de las actuaciones costeadas con recursos públicos y personal del centro médico. Además, los investigadores destacan que la guardería usaba material informático que pertenecía al hospital y que el ICS se hacía cargo también del pago de las facturas de teléfono, internet y otros gastos de los que la guardería debía hacerse cargo en virtud del convenio suscrito en 2013.

Sin aire acondicionado en la unidad maternal

Las noticias publicadas por THE OBJECTIVE sobre las obras pagadas con dinero público por la dirección del hospital y el ICS en la guardería gestionada por la delegada de UGT, han suscitado un gran revuelo entre los trabajadores del Vall d’Hebron. Varios de ellos denuncian que, a pesar de que la dirección del centro médico ha costeado hasta 60 obras en la guardería que sigue operando sin las licencias y permisos necesarios, en plena ola de calor hay médicos y enfermeros trabajando sin aire acondicionado en la actualidad por averías y problemas de climatización que la dirección del hospital no ha ordenado reparar.

En concreto, según las quejas a las que ha tenido acceso este diario, los empleados del departamento materno-infantil del hospital aseguran haber remitido numerosos partes a la gerencia del hospital para reclamar que se arreglen los problemas de climatización que sufren desde hace años y que han provocado que algunos de los pacientes estén teniendo que llevarse «ventiladores de casa» para poder soportar las temperaturas extremas. Desde el Hospital aseguran que las quejas de los últimos días se deben a que hay una máquina estropeada. Sin embargo, los trabajadores afirman que los problemas de climatización vienen produciéndose desde hace años por la falta de inversión en mejoras para los empleados del hospital.

Siete directores del hospital y del ICS imputados

Estas y otras regularidades detectadas en la investigación policial han llevado al Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona a imputar a una docena de personas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Entre los servidores públicos y exfuncionarios que han sido citados a declarar como investigados por la juez hay dos exdirectores del Vall d’Hebron, José Jerónimo Navas y Vicenç Martínez, además del actual gerente de ese hospital público, Alberto Salazar.

Tras recibir las conclusiones de la Guardia Civil, la juez también ha imputado a tres exgerentes del ICS (Joaquín Casanovas, Pedro Soley y Candelaria Calle), además de la actual responsable de esa empresa pública dependiente del Departamento de Salud de la Generalitat, Yolanda Lejardi. La Guardia Civil también llamó a declarar al actual consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep María Argimon, pero éste se acogió a su derecho a no declarar amparándose en su condición de aforado. Argimon fue director gerente del ICS entre junio de 2018 y mayo de 2021. El Instituto Armado considera que todos ellos podrían haber causado «un perjuicio al erario público» por no cumplir ni hacer cumplir las disposiciones legales que regulan la actuación del ICS y que habrían obligado a ese organismo a cancelar el acuerdo suscrito en 2013 con la AEBHVH.

Se trata de la organización, presidida por la delegada de UGT en el hospital, a la que el ICS cedió el uso y gestión de los locales donde esa asociación sigue prestando el servicio de guardería pese a no contar, aún a día de hoy, con los permisos requeridos para ello. Según las conclusiones de los investigadores, «se han incumplido sistemáticamente» la mayoría de los acuerdos adoptados en el convenio y la guardería se habría beneficiado del uso de recursos públicos que estaban excluidos del acuerdo. El ICS habría corrido a cargo del pago de las obligaciones tributarias que corresponden a la titularidad del inmueble y habría cometido diversas irregularidades nunca subsanadas en la cesión del uso de los locales de la guardería a la AEBHVH.

Entre otras irregularidades, señala la Guardia Civil, nunca se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña, no existe un permiso de ocupación temporal de los locales cedidos a la asociación que gestiona la guardería, ni existen documentos que acrediten alguna reunión de la comisión paritaria que debía dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo. Tampoco se ha firmado ninguna de las prórrogas del convenio que debían suscribirse cada tres años y que deberían haber provocado la ruptura del cancelación del convenio desde el año 2016.

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