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Guadalupe Sánchez: «En España tenemos un grave problema con la presunción de inocencia»

La abogada habla con David Mejía sobre cómo ciertas ideologías atentan contra principios clave de la democracia liberal

Guadalupe Sánchez es abogada y gerente del bufete Novalex Spain. Es autora del libro Populismo punitivo (Deusto, 2020), columnista de THE OBJECTIVE y colaboradora del programa Herrera en Cope.

PREGUNTA. ¿Cómo se convierte una abogada en columnista y contertulia de un matinal de radio?

RESPUESTA. La primera sorprendida soy yo, siempre tengo la sensación de que he empezado la casa por el tejado. Ha sido todo muy relámpago. El primer artículo que escribí en mi vida fue sobre el caso de La Manada. Me lo pidió Javier Benegas para Disidentia a raíz de cuatro ideas que yo había escrito en mi cuenta de Twitter, que por aquel entonces era anónima. El artículo se llamaba «La Manada: una sentencia tergiversada», y se viralizó. Rechacé ir a muchos programas de televisión, precisamente porque ni me sentía preparada ni me gustaba formar parte del jaleo. Seguí escribiendo para Disidentia sobre temas relacionados con lo que yo llamaba «identidad de género», porque siempre me ha preocupado cómo la identidad se podía utilizar para poner en cuestión el sistema de valores sobre el que están construidas las democracias occidentales liberales. Y yo había identificado patrones en virtud de los cuales se estaba utilizando el feminismo para poner en cuestión cosas como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley.

P. ¿Y de Disidentia pasas a Vozpópuli?

R. Un periodista al que admiro muchísimo, Rafa Latorre, me puso en contacto con Álvaro Nieto, que entonces era director de Vozpópuli, y empecé a colaborar con ellos. Mis artículos se empezaron a leer muchísimo, no sé muy bien por qué, y un día recibí la llamada de un señor que decía ser Carlos Herrera diciendo que me quería en su tertulia.

P. ¿A qué atribuyes el éxito de tus artículos?

R. Creo que en la sociedad existía una necesidad de señalar problemas reales, pero de los que no se hablaba. Ahora ya es más sencillo, pero hace unos años, criticar determinados mantras de lo que algunos denominan feminismo hegemónico te podía acarrear un problema. Yo tengo la suerte de que vivo de mi trabajo como abogada, y quizá me podía permitir hablar con más libertad. A veces la gente solo quiere que le digan que el elefante está en la habitación y que no es inofensivo.

P. ¿Sabías que tenías la capacidad de escribir columnas?

R. John Müller fue el primer periodista con el que tuve contacto en mi vida. Él se fijó en dos o tres respuestas que yo había escrito y me invitó a un café. Me dijo que las profesiones reprimidas siempre acaban saliendo. La verdad es que cuando yo era jovencita me gustaba mucho escribir relatos y gané algún premio en el cole y, de hecho, yo quería estudiar periodismo. Pero procedo de una familia humilde y tenía que buscar algo que me permitiese no solo ganarme la vida, sino también contribuir a la economía familiar. Además, no existía la carrera de periodismo en Alicante. Finalmente, estudié Derecho, pero siempre me ha gustado mucho la escritura, aunque no tenía ninguna experiencia escribiendo artículos. Ninguna. Supongo que son cosas que tienes dentro y salen cuando tienes una oportunidad.

P. ¿Por qué el caso de La Manada te hizo despertar?

R. Yo creo que el caso de La Manada fue un catalizador para introducir el movimiento MeToo en España. Un catalizador es una forma de propaganda que puso en funcionamiento Willi Münzenberg, el propagandista de Lenin. Se trata de emplear una causa social ampliamente aceptada (igualdad entre hombres y mujeres, respeto al medioambiente) y utilizarla políticamente para generar una polémica socialmente infundada. Y como en general se desconoce cómo funciona el sistema judicial, la manipulación resulta más sencilla. A partir del caso de La Manada, los dos grandes partidos de la izquierda, el Partido Socialista y Podemos, crearon eslóganes falsos como «hermana, yo sí te creo» o «solo sí es sí», cuando el consentimiento no se estaba discutiendo. Crearon una falacia e intentaron dar a entender a la gente que a estos señores se les estaba absolviendo de un delito, y nada más lejos de la realidad. El Código Penal distinguía (ya no, y lo vamos a echar de menos) entre agresión y abuso. Y ambos son supuestos de sexo no consentido. Este caso estaba en la delgada línea roja que separa ambos tipos. Era difícil determinar si había existido intimidación. Y mucha gente que se manifestó pensaba que a estos señores los habían absuelto, cuando habían sido condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso.

P. Recuerdo muchas referencias al Convenio de Estambul.

R. Sí, te remitían al convenio de Estambul, pero ese convenio no dice cómo tienes que llamar a los delitos, simplemente dice cómo tienes que tipificar determinadas conductas. Fíjate si es gracioso, que con la promulgación de la famosa ley del «sólo sí es sí» quieren hacernos creer que por fin va a ser delito el sexo no consentido. Entonces decían «no es abuso, es violación», cuando tras esta última reforma la palabra violación, que antes sí que estaba contemplada en el Código Penal, desaparece. Ahora a todo lo van a llamar agresión. Se considera el mismo delito que un señor viole a una mujer, amenazándola con una navaja, y que se roce con ella aprovechando que el metro está congestionado. Ahora es el mismo delito, cuando uno de los problemas que se denunciaba del Código Penal anterior es que los jueces tenían demasiado margen interpretativo y que había que reducirlo. Ahora que todo es agresión, la gradación de la pena depende del juez. Por lo tanto, por la misma conducta, distintos jueces pueden establecer penas muy distintas. Va a ser un auténtico despropósito, amén de que la forma en la que se ha definido el consentimiento va a crear muchos problemas de cara a la carga de la prueba, que es lo que de verdad me preocupa. Porque cualquier persona que crea en la democracia y en los valores constitucionales liberales no puede consentir que en un procedimiento penal, la carga de la prueba recaiga sobre el acusado. Es decir, la presunción de inocencia obliga a que a uno se le considere inocente hasta que no se demuestre lo contrario, tras un procedimiento justo. Si acotas demasiado la definición de consentimiento acabas obligando, por la vía de los hechos, al acusado a demostrar que hubo consentimiento. Y eso no lo estoy diciendo yo, esto lo advirtió en su momento el Consejo General del Poder Judicial, cuyo informe ha sido totalmente ignorado.

P. Entiendo que la importancia de que existieran dos tipos diferenciados, además de permitir al juez afinar, podía desincentivar la comisión del delito mayor.

R. La función de un juez es coger los hechos que quedan demostrados en el juicio, lo que se llama hechos probados, y subsumirlos en el tipo penal. Entonces, el hecho de que hubiera básicamente dos tipos penales diferentes en los delitos contra la libertad sexual permitía a los jueces, en función de si concurrían ciertas circunstancias, encajar unos hechos. Y sí, el derecho penal tiene esa parte de desincentivar conductas: un delincuente no tiene incentivo para optar por la opción menos mala si se expone a la misma pena.  

P. ¿A qué atribuyes la voluntad de penalizar conductas que, siendo reprobables, están lejos de constituir una agresión sexual?

R. La causa que subyace tras esta nueva regulación es menos jurídica, más política, y bastante peligrosa. Yo creo que ya es innegable lo que muchos no se tomaban en serio cuando lo denuncié en Populismo punitivo: pensaban que eran cuatro señoras que se moderarían cuando llegaran al poder. Y yo siempre he dicho que no, que había que escucharlas y hacerles caso, como a Putin con Ucrania. Bueno, pues lo que subyace en el fondo es que ellos necesitan una nueva confrontación social, ahora que la lucha de clases ya no funciona. Y entonces aparece la guerra de sexos, entre mujeres y hombres. Planteada, además, en base a algo tan peligroso como la criminalización colectiva. En sus declaraciones, los hombres son tildados -todos, sin excepción- de criminales. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico: la actual ministra de Justicia, Pilar Llop -que viene de ser presidenta del Senado- fue antes delegada del Gobierno para la Violencia de Género, y cuando ocupaba ese puesto afirmó que en España no hay democracia porque el 50% de la población, los varones, ejerce violencia sobre el otro 50%, las mujeres. Es decir, no dijo que hay demasiados hombres que cometen delitos, porque eso puede ser opinable y requiere ir a las estadísticas, dijo que todos los hombres ejercen violencia contra las mujeres. Primero, eso es banalizar la violencia; si todo es violencia, acabas olvidando a las que verdaderamente padecen violencia real. Y en segundo lugar, estás haciendo algo muy peligroso, que es resucitar una figura jurídica infame, el derecho penal de autor, donde no importa el hecho, sino una cualidad del acusado. Esto es lo que denuncio en Populismo punitivo: cómo se instrumentaliza la violencia contra la mujer para poner en jaque los valores sobre los que se construyen los estados liberales y democráticos de derecho. Y ahora estamos asistiendo a la criminalización del hombre, por su condición biológica, como antes se criminalizaron razas o nacionalidades.

«Para mí, feminismo significa respetar la libre elección de la mujer»

P. ¿Interpretas el indulto a María Sevilla, la presidenta de la Asociación Infancia Libre, condenada por sustracción de menores, y las descalificaciones a su pareja dentro de ese paradigma?

R. Claro, porque da igual que el padre del niño nunca haya sido condenado -ni siquiera juzgado- ni por abusos, ni por maltrato. Todas las denuncias que se pusieron fueron archivadas, pero como es hombre, es culpable, y ella, como es mujer, es víctima. Ni siquiera la están excusando del delito por ser mujer, están diciendo que la sentencia es errónea, que ella es inocente, que hizo lo que tenía que hacer y que por eso es merecedora de indulto. Yo lo llamo «la impunidad con perspectiva de género»; todo forma parte de esta fractura social que se intenta crear y de ese ejercicio de criminalizar colectivamente al varón y victimizar colectivamente a la mujer. Lo que importa no es el acto, es el género. Por eso, este indulto encaja perfectamente en este paradigma que yo describía en Populismo punitivo y que está en las instituciones, está ya en nuestro Código Penal y está incluso sirviendo para corregir al Poder Judicial. Lo que subyace al indulto a María Sevilla es el «hermana, yo sí te creo». Y se está utilizando el indulto para imponer el lema sobre la ley, y sobre algo tan delicado como es el interés superior del menor. Estamos entrando en un terreno muy pantanoso. Los valores sobre los que se fundamentan las sentencias -la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, etc.- no les valen, por eso atacan al Poder Judicial por aplicarlos, y por ser un dique de contención frente a lo que sale del Ejecutivo y también del Legislativo. Se utiliza el indulto, una figura excepcional y regulada en una Ley decimonónica para colocar al Ejecutivo por encima del Poder Judicial, e incluso por encima de los valores constitucionales.

P. ¿Temes que estas actitudes contribuyan a desacreditar un movimiento tan importante como el feminismo?

R. Uno de los miedos que yo expresaba en Populismo punitivo era que se apropiaban del término feminismo. Y lamentablemente, creo que lo han conseguido. Es importante dar la batalla cultural, que es denunciar todo esto, pero además luchar por el lenguaje. Sucede lo mismo con el ecologismo. ¿Qué tiene que ver el ecologismo con obligar a la gente a comer insectos o utilizar el ecologismo precisamente para empobrecer? Yo siempre he dicho que el ecologismo tiene que ir de la mano del progreso. No es incompatible. Igual que el feminismo no es incompatible ni con la presunción de inocencia ni con el Estado de derecho. Pero una parte de la izquierda se ha apropiado del término, provocando que otros renuncien a él. Hay personas que dicen que el feminismo pudo tener sentido en un momento, pero que ahora ya no. Yo no estoy de acuerdo, al contrario. Creo que falta mucho por hacer en temas de políticas de conciliación. Para mí el feminismo significa respetar la libre elección de la mujer: que sea libre para trabajar, para quedarse en casa; no hay un modelo correcto de mujer. Si precisamente queremos al Estado para algo, es para que ayude a aquellas que quieran compaginar la maternidad con su profesión, y en eso yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Te lo digo porque soy autónoma y he tenido que ir con mi niño de apenas dos semanas en el AVE porque tenía un juicio. No puede ser que para disfrutar de tu maternidad, tengas que estar en paro o ser funcionaria, hay que implementar políticas y en eso hay mucho camino por recorrer. Y fíjate, es muy curioso porque de eso el feminismo hegemónico habla poco, se habla más del patriarcado. Oye, pues a lo mejor hablar del patriarcado en Occidente hace cincuenta años tenía algo de sentido. Pero es que aquí, gracias precisamente al capitalismo y al liberalismo, hemos conseguido un nivel de igualdad como no existe en muchas partes del mundo, por mucho que haya tramos en los que tengamos que mejorar. Yo creo que las mujeres nos estamos cansando de que nos utilicen como ariete. Nos victimizan de forma colectiva, y yo no soy víctima por el mero hecho de haber nacido mujer. Eso me parece banalizar el sufrimiento de las verdaderas víctimas y tratar a las mujeres como instrumentos con los que engendrar un conflicto social.

P. ¿Qué futuro le auguras a estos paradigmas?

R. Bueno, pues es un poco incierto, porque esperaba cierta reacción por parte de la oposición, pero parece que se menosprecia todo lo que suene a batalla cultural. Tenemos un problema con la ley de violencia de género, con la asimetría penal, porque castiga la misma agresión con penas diferentes en función del sexo del agresor y el agredido: una agresión de un hombre a una mujer, en el ámbito de pareja o expareja, es delito de violencia de género. Pero si es de un hombre a otro hombre, ya no es violencia de género. Es verdad que Vox sí da la batalla cultural y muchas de las cosas que señalan son correctas, pero Vox tiene un problema: hay que distinguir entre combatir y competir. No es lo mismo. Combatir es expulsar de la esfera pública un discurso y las estructuras en las que se sostiene. Combatir es utilizarlo y emularlo en otros ámbitos. Y es lo que le pasa a Vox con el tema de la inmigración. Y yo no soy buenista, soy consciente de que desde un punto de vista meramente criminalístico podemos tener problemas con un determinado tipo de inmigración, pero Vox tiende a la criminalización colectiva. No se puede hacer con los inmigrantes lo que el feminismo hegemónico hace con los varones; ni todo varón, ni todo inmigrante es un criminal. La criminalización colectiva es un juego muy perverso.

P. Además Vox coincide con Podemos en culpar públicamente y sin pruebas a personas inocentes.

R. Sí, hubo un caso muy mediático: unas chicas denunciaron que habían sido sexualmente agredidas en Murcia por unos hombres afganos, solicitantes de asilo. Y Santiago Abascal, en el Congreso, los trató de criminales. Al poco se descubrió que se trataba de una denuncia instrumental para cobrar un seguro. No sé cómo quedó al final el procedimiento porque salió del foco periodístico, pero sé que el abogado de este señor requirió extrajudicialmente a Santiago Abascal que se retractase. Por eso insisto en lo peligrosa que es esta deriva. No se puede criminalizar colectivamente, ni mucho menos señalar a ciudadanos de a pie que no han sido condenados, ni siquiera juzgados. Aprovecho para recordar que existe una directiva europea, la 2016/343, que conmina a todas las autoridades públicas a que en sus manifestaciones no se refieran a nadie como culpable hasta que no haya sido condenado en firme. En España tenemos un grave problema, a nivel político y periodístico, con la presunción de inocencia.

P. Me consta que estás trabajando en un nuevo libro.

R. Voy a publicar de nuevo con la editorial Deusto y el libro se titula Crónica de la degradación democrática española. Es un repaso sobre cómo se han degradado las instituciones en los tres últimos años. Yo sostengo que jamás había existido un proceso tan rápido de degradación. Y no sólo me refiero a lo que sucedió durante la pandemia, de cómo se limitaron derechos de una manera que no creíamos posible, o de cómo el Gobierno utilizó la pandemia para, entre todas las herramientas jurídicas de las que disponía, recurrir a aquella que le permitía gobernar eludiendo el control de todos los contrapesos democráticos. También me refiero a cómo se ha desvirtuado el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno nunca responde a lo que le preguntan. También a cómo se están colonizando las instituciones, la Fiscalía, el CIS, y también sobre cómo se está intentando controlar el Poder Judicial.

P. ¿Y cuándo se publicará?

R. Pues a principios de 2023, y espero que sirva para que mucha gente refresque la memoria, porque parece que en las campañas electorales se olvida todo lo que ha pasado antes. Y me vas a permitir que le recuerde a la oposición que cuadrar los números no es suficiente. Está muy bien evitar que intervengan los hombres de negro, pero dejar intactas determinadas leyes que se han aprobado en esta legislatura va a provocar el enquistamiento y la perpetuación de un problema. Y a lo mejor cuando por fin alguien quiera abordarlo, será demasiado tarde.

P. Cerramos, como de costumbre, preguntándote a quién te gustaría que invitáramos a Vidas cruzadas.

R. Te voy a dar un nombre que te va a sorprender, pero es una persona que puede aportar muchísimo, la exministra Ana de Palacio.

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