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Moreno arranca la legislatura aumentando los conciertos de la sanidad privada en Andalucía

La Consejería de Salud ultima una orden que permitirá la entrada de más operadores en el mercado y establecerá una tarificación máxima homogénea

Moreno arranca la legislatura aumentando los conciertos de la sanidad privada en Andalucía

Juanma Moreno tras un encuentro con el presidente del Gobierno. | Eduardo Parra (Europa Press)

La polémica está servida en Andalucía. Y eso que la legislatura solo acaba de arrancar. Profesionales y oposición rechazan la normativa que prepara el Gobierno de Juan Manuel Moreno porque abre la puerta a «la privatización» de la sanidad. La Consejería de Salud ultima una orden que permitirá la entrada de más operadores privados en el mercado, pero que también pondrá coto a los gastos de los conciertos sanitarios. Para ello establece una tarificación máxima homogénea. Una fórmula que pretende ahorrar dinero, aunque los sindicatos lo descartan.

El Gobierno andaluz publicó el borrador de la orden el 7 de julio, cuando aún estaba en funciones. Tras un periodo de exposición pública se abrió otro de alegaciones que ha finalizado este jueves. Organizaciones y profesionales de la sanidad han enviado por correo electrónico sus aportaciones. Comisiones Obreras lo hace «para evitar un mal mayor». La organización pide que se retire el proyecto, algo que considera poco probable. La intención de la Junta es que entre en vigor antes de que finalice el año.

Aumenta la sanidad privada

Facua también ha presentado una batería de alegaciones. La asociación de consumidores está preocupada por la «tendencia creciente» de suplir la atención sanitaria con entidades privadas. Pide que se realicen memorias anuales para comprobar cuántos contratos de colaboración se suscriben, qué porcentaje de casos se derivan y el coste que supondrá para la Administración. Una portavoz gubernamental explica a THE OBJECTIVE que se estudiarán todas las peticiones y que serán notificadas públicamente.

La nueva orden, que consta de 27 páginas, servirá para que la Junta pueda derivar servicios a cualquier centro privado, no solo a aquellos con los que tiene concierto sanitario. Para los sindicatos este escenario supone un avance hacia la privatización de la sanidad en la región. En 2021, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dedicó 113 millones de euros más a la sanidad privada que en 2018, antes de la llegada de Moreno. En solo tres años pasó de gastar 411 millones a los 524 del año pasado, lo que supone un 27,6% más.

Los números no coinciden con las cifras que maneja la consejería. Una portavoz institucional afirma que, hace una década, se dedicaba un 4,69% del presupuesto sanitario a conciertos. El porcentaje era del 4,21% el año que llegó Moreno a San Telmo y descendió el año pasado hasta el 3,84%. «Este gobierno tan moderado pretendía aumentar un 200% la cuantía en sanidad privada en las cuentas de 2022. Afortunadamente no salieron», revela Guadalupe González, responsable de Salud en Comisiones Obreras en Andalucía.

Los sindicatos critican que la normativa permita «gestionar dinero público» a entidades privadas. Además, señalan que ya existen zonas en las que los ciudadanos solo pueden ir a centros privados. Es el caso de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín (Cádiz), cuyos hospitales cuentan con un concierto singular que gestiona el Grupo Pascual. «El problema no es Pascual, sino la incapacidad de la Junta para hacer hospitales públicos», afirma Antonio Macías, secretario de Sanidad en UGT-Andalucía.

«Mayor eficiencia del sistema»

«Lo que nos gustaría es que la sanidad pública fuese autosuficiente. Desgraciadamente, cada vez tiene que tirar más de la privada», insiste Macías. Moreno batió en 2021 el récord de actuaciones en la sanidad privada con 1.750.321 derivaciones, lo que supone 98.754 más que el año anterior. El mayor aumento en una década. El dirigente de UGT denuncia que se vende como una necesidad para reducir las listas de espera. Ahora se lamenta de que la nueva orden vaya a ampliar el abanico de conciertos privados.

El texto derogará la normativa vigente, que data de 1998, y permitirá a la Junta derivar pacientes a cualquier centro privado, no solo a aquellos con los que tiene concierto. La orden subraya que, con el nuevo marco normativo, es necesario adecuar las formas de contratación con una tarificación uniforme. Lo hace estableciendo una tarifa máxima homogénea para todos los centros privados, lo que supondrá «una mayor eficiencia en el sistema sanitario público». El montante se pagará a año vencido y, según una portavoz institucional, supondrá un importante ahorro para la Administración. Los sindicatos lo ponen en duda.

La consejera de Salud, Catalina García, visita el hospital Virgen Macarena de Sevilla. | Foto: Ángel García (EP)

El anexo I de la nueva orden establece los costes máximos por procedimientos quirúrgicos, estancias hospitalarias y consultas que pagará la Junta de Andalucía a los centros privados. Por el tratamiento completo de prototerapia pediátrica con anestesia se abonarán hasta 42.000 euros, que baja a 35.000 si se hace sin anestesia. La radioterapia con ingreso puede llegar a los 4.000 euros. Por operar una hernia inguinal se pagarán 1.124,76 mientras que por una vasectomía se llegará a abonar 413,40 euros. El importe de una jornada en la UCI alcanzará los 750 euros.

Con la normativa actual los costes no son uniformes, pues hay que negociarlos con los diferentes centros privados. La tarificación homologará los servicios, independientemente del lugar donde se realicen. Una cuestión que Macías, de UGT, califica de positiva. Y añade: «No entramos en ese debate porque no tenemos capacidad para valorar los precios que se aplicarán. Lo que nos gustaría es que se invirtiese más en la pública. Eso mejoraría las condiciones de los trabajadores y de los pacientes».

Un pacto por la sanidad

«Se ha perdido una oportunidad para que la sanidad pública llegue en igualdad de condiciones a todos los andaluces», insiste Guadalupe González, de Comisiones Obreras. Aconseja a Moreno que fomente las inversiones en el sistema público para acabar con las derivaciones a la privada. Advierte de que, si entra en vigor la nueva orden, algunos andaluces podrán ser tratados en un centro privado de una comunidad autónoma limítrofe, según establece la disposición adicional primera para casos excepcionales.

Los sindicatos critican que el proceso público se ha realizado con «nocturnidad y alevosía», aprovechando la época estival. En el PSOE también se tiene la sensación de que responde a «una intencionalidad para que tenga menor visibilidad». El principal partido de la oposición, que durante sus distintos gobiernos también tiró de los conciertos sanitarios, solicita a Moreno un pacto por la sanidad pública andaluza ante lo que considera nuevos pasos del PP para «acabar con el sistema público».

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