Historia de un 'mafioso' condenado sin condenas: cuando las absoluciones no sirven

En 2013, hacía tres años que Antonio Velardo había abandonado sus proyectos inmobiliarios en la zona italiana de Calabria, cuando recibió de manos de su padre una noticia… Estaba siendo buscado por la policía financiera italiana. Se le acusaba de asociación mafiosa y de blanqueo de capitales para la ‘Ndrangheta’, el grupo delictivo más peligroso de Italia. En concreto, se le imputaba haber limpiado millones de euros a través de la venta de un proyecto inmobiliario llamado Jewel of the Sea, que estaba en proceso de construcción en una de las playas de Brancaleone, en Calabria. La sorpresa de Velardo fue mayúscula. 

Incrédulo, el empresario se puso en contacto con su abogado para intentar aclarar la situación. Según las palabras del letrado, Velardo estaba siendo objeto de una de las dinámicas más habituales que se llevan a cabo en la región de Calabria, la acusación indiscriminada. Al parecer, y bajo su desconocimiento, existía una preocupante idiosincrasia en el aparato judicial de las regiones de Catanzaro y Reggio Calabria, zonas en donde había desarrollado sus actividades inmobiliarias. Pese a que ambas no representan ni un 1% de la población de la nación italiana, acumulan el 23% de las detenciones arbitrarias que se producen en el país, según las estadísticas del Ministerio de Justicia italiano. 

Una cifra, ya preocupante de por sí, que adquiere la condición de alarmante cuando se conocen los gastos que estos errores suponen a las arcas italianas. Sólo en Catanzaro, entre el año 2018 y 2019, se llegaron a pagar 17.836.865 euros en concepto de reparaciones por detenciones injustas, un dato que se suma a los 12.122.437 euros que también se desembolsaron en Reggio Calabria. 

Pero no solo debe sorprender el gasto que suponen estos desatinos legales. Detrás de números y porcentajes, está el drama humano que conlleva para todos los implicados. Los individuos erróneamente acusados y condenados (con la posterior retractación), se ven envueltos en un torbellino de infortunios que van desde la pérdida de su reputación, la desconfianza de su medio laboral, hasta las consiguientes tragedias familiares que implican el encarcelamiento preventivo (en ocasiones de varios años) y el ruido mediático de estos desaciertos procesales. Tal como le ha ocurrido al empresario Antonio Velardo, cuya vida, en los últimos diez años, se ha visto reducida a lo relatado en las últimas líneas. 

«Pesca de arrastre»

Periodistas italianos, conocedores de este tipo de casos desde hace décadas, sitúan el origen de todo en los resortes del estado. «Fiscales como Nicola Gratteri intentan mantener unas elevadas cotas de poder en su zona de influencia. Su activismo antimafia está tan descontrolado, que cualquier movimiento mínimamente importante de dinero es ya objeto de una investigación y, habitualmente, de una orden de arresto», cuenta a THE OBJECTIVE Aldo Torchiaro, del periódico Il Reformista. 

Sin embargo, muchas de esas acusaciones resultan ser erróneas, y pagan justos por pecadores. «La fórmula de los fiscales de Calabria y Catanzaro es como una pesca de arrastre. Capturan un número elevadísimo de posibles sospechosos y, claro, de entre el centenar de acusados, pues suele haber uno o dos culpables, pero, por el camino, ya se ha destruido la vida del resto», sostiene este periodista. Una dinámica más basada en matar moscas a cañonazos, que un ejercicio legítimo de la justicia. 

Huida de EE.UU

En lo que respecta a Velardo, preso del estrés y el pánico de ser capturado en los Estados-Unidos donde se encontraba, decide actuar impulsivamente y huir en un catamarán en mitad de la noche. Aquí comienza toda una odisea en la que será puesto preso en una cárcel en Belice y su vida correrá un alto riesgo en no pocas ocasiones. Todo para, semanas después, ser contactado por su abogado para aclararle que el Tribunal de Revisión ha dejado sin efecto la orden de arresto. 

Velardo ya no es un criminal. Sin embargo, el empresario no rehúye su asistencia a los juicios en los que su compañía y su nombre se ven envueltos bajo la llamada operación Metrópolis. Durante el transcurso de estos procesos, se demuestra la relación con la mafia de uno de los constructores de Jewel of the Sea, llamado Antonio Cuppari. Con todo, el propio Cuppari asegura que Velardo desconocía completamente su pasada relación con el grupo mafioso y declara, tajante, que todo lo que tuvo que ver con el proyecto inmobiliario estaba libre de cualquier relación con el hampa calabrés. 

En sus declaraciones, a las que ha tenido acceso este periódico, Velardo asegurara haber tenido algo de índole mafiosa, y fue el intento de extorsión de dos individuos quienes, declarando formar parte de la Guarda de Finanzas, le amenazaron con poner en riesgo el desarrollo de su proyecto de no recibir una compensación. Velardo se negó rotundamente. A posteriori, y con el objetivo de desligarse de Calabria años después, Velardo abrió dos cuentas en el Credit Suisse debido a sus facilidades para los mercados internacionales. 

Inocente y delincuente

«Yo nunca quise hacer nada ilegal. Esa actitud no va conmigo. Se decía que en Calabria estaba presente la mafia, pero no quería condenar un lugar tan maravilloso sólo por ese supuesto. Yo quería desarrollar y vender mi proyecto, hacer algo dinámico y bonito para la zona, y después vendérselo a clientes extranjeros. Nada más. Y así lo hice. Todo el dinero relacionado con Jewel of the Sea provenía de las cuentas de clientes irlandeses e ingleses que compraban sobre planos los apartamentos que allí se iban a construir. Todos tienen número de identificación y de teléfono. No hubo posibilidad alguna de blanqueo de dinero. Fue una caza de brujas porque estábamos enriqueciendo mucho una zona que, a determinados poderes, tanto de la justicia como de la mafia, le interesa que se mantenga en un estado precario y apartado. Es la forma de mantener su poder», cuenta Antonio Velardo, en conversación telefónica con THE OBJECTIVE. 

Pero el drama de Velardo, así como el de otros damnificados, como su asociado Henry Fitzsimons, no concluye con la exculpación de los procesos judiciales. Periodistas de varios medios internacionales se hacen eco de la noticia, y reducen a polvo la reputación de Velardo quien, aun siendo declarado inocente, es tomado por un delincuente. «Muchos periodistas, como los de Irpi Media, simplemente difamaron mi nombre a fin de lograr un titular jugoso. Se quedan con la acusación y no dicen nada de la exculpación. Resultó que Henry, sin yo saberlo, había pertenecido al IRA treinta años atrás. ¡Treinta años, nada menos! Y, aun sin yo saberlo, y él estar completamente reformado, en los titulares se habla de mí como un blanqueador de dinero para el IRA. ¡¿Pero qué maldita locura es esta?!», denuncia Velardo. 

Difamación y calumnias

El periodista Aldo Torchiaro aclara los terribles pormenores de estos errores judiciales: «No sólo está el drama del proceso, que muchas veces implica cárcel preventiva, sino las consecuencias públicas posteriores. Muchos periodistas se conforman con exponer la primera parte de la historia y olvidan la segunda, las absoluciones. Sin embargo, el daño ya está hecho. La reputación condenada. El caso de Antonio Velardo es uno de muchos. Cuando, recientemente, a principios de 2022, salieron los papeles del Credit Suisse, el nombre de Antonio Velardo aparecía ya que, efectivamente, en 2013 tenía una cuenta en la entidad bancaria. 

Periodistas de la Organización Internacional de Investigación de Casos de Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) investigan su pasado, descubren las acusaciones, las publican y lo tildan de mafioso. Lo cual es, se quiera o no, una difamación, puesto que obvian los resultados finales que demuestran su inocencia. Es uno de los grandes dramas de los procesos judiciales, la gran difusión de las acusaciones y la escasa repercusión de las sentencias. Sobre todo, si son exculpatorias», cuenta este periodista. 

Una vez la noticia en línea, la caja de resonancia de Google hizo el resto. Periódicos como infoLibre, en España, o Le Monde, en Francia, captan la noticia sin revisar fuentes y practicando una suerte de copia y pega del artículo de OCCRP. El drama se internacionaliza. Velardo, sin abogados incluso, se pone en contacto con todos ellos pidiéndoles que revisen la documentación, para advertirles de los errores y pedirles que los rectifiquen, sin éxito.  

Frente al silencio de estos medios, Velardo dio el pistoletazo de salida hace meses a un proceso judicial por difamación y calumnias frente a ambos medios. La demanda, llevada por diferentes abogados, busca la retractación y reivindicar el llamado ‘derecho al olvido’, que implicaría la desaparición en internet de cualquier relación del damnificado con estas acusaciones.