Las prostitutas amenazan con dar los nombres de los diputados clientes si les prohíben ejercer

Las prostitutas -o trabajadoras sexuales, como prefieren ser llamadas- darán los nombres de aquellos diputados del Congreso que son sus clientes si continúan apoyando la ley que abolirá la actividad sexual retribuida. Así lo ha confirmado la portavoz de Astras (Asociación Trabajo Sexual) Susana Pastor a THE OBJECTIVE: «Si a los políticos no les importa la vida de las 150.000 familias que viven a día de hoy en el sector de la prostitución, ¿por qué nos va a importar a nosotras los problemas que ocasionemos con decir nombres a sus familias? No me gustaría llegar a eso pero una se ve con la presión de quedarse en la calle y sin poder trabajar…».

Una medida desesperada que están dispuesta a tomar si la ronda de contactos que están manteniendo las trabajadoras sexuales con los distintos grupos políticos no llega a buen puerto. Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y distintos grupos minoritarios –también la exlíder de Vox en Andalucía, Macarena Olona– han formado parte de dicha ronda. ¿La reivindicación de las prostitutas? Que se apruebe la subcomisión de investigación que el PNV ha planteado para elaborar «un diagnóstico veraz» del tema y así «legislar en consecuencia». 

El objetivo de esta investigación, según las principales afectadas por la abolición, es desmontar los argumentos que enarbolan PSOE y Unidas Podemos para justificar su postura abolicionista, que también cuenta con el respaldo de distintos partidos políticos del Hemiciclo. Y a su vez, alertar de los efectos perniciosos que se derivarían de la prohibición de su profesión.

El Gobierno de coalición asegura que de las 45.000 prostitutas -según un informe del Ministerio del Interior que data de 2012- que ejercen en España, el 90% son víctimas de trata. Una cifra que las trabajadoras sexuales reducen al 10-12%, remitiéndose a estudios realizados más recientemente por las académicas Carmen Meneses y Mariona Llobet. Además, consideran que la penalización de su actividad derivaría en un auge del proxenetismo, y se remiten al ejemplo de Francia, donde la abolición (sic) ha aumentado hasta en un 20% la criminalidad contra estas mujeres.

«Cuando pase como en Francia, tendré que ir a los políticos con portadas diciendo que las prostitutas están siendo violadas y asesinadas. Estamos a tiempo de impedirlo. Basta ya de hipocresía y pensemos en esas 150.000 personas que trabajan en el sector. Si nos legalizaran y pagáramos impuestos, pagaríamos la deuda de España», aseguró Susana Pastor en una entrevista concedida la semana pasada a este medio.

¿Quiénes son estos políticos?

Susana Pastor es la líder de las prostitutas en la guerra que libran estas mujeres contra el empeño abolicionista del Gobierno de España con el apoyo del PP. Lo es porque fue ella la impulsora de las manifestaciones que se vieron por toda España el pasado verano al grito de «libertad»; fue ella quien llevó la voz cantante en la concentración frente a la Cámara Baja celebrada en septiembre, cuando se reunieron miles de trabajadoras sexuales; y ahora es ella quien está detrás de la ronda de reuniones del sector de la prostitución con PP, PSOE, PNV… Y hasta con Macarena Olona, mientras que Vox y Unidas Podemos son los únicos partidos que no han atendido a su llamada.

Su último encuentro tuvo lugar este pasado lunes en Madrid con Olona, que se reunió con distintas trabajadoras del sector. Una de ellas tomó la voz para denunciar que «nosotras no solo ofrecemos sexo. Hay clientes discapacitados que vienen a nosotras porque es la única manera de que puedan obtener afecto, un abrazo o una caricia y para ellos eso es suficiente. Nuestros propios clientes están en contra de que se vaya a aprobar esta ley que también los criminaliza a ellos».

Y es que el texto presentado por el PSOE busca reformar por lo menos tres artículos del Código Penal para castigar la tercería locativa. Es decir, que penalizará al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para que se practique la prostitución con entre dos y cuatro años de prisión. También castigará a los puteros. Los clientes o consumidores de sexo pagado serán multados de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la prostituta sea menor de edad.

Si la norma sale adelante y no se acepta la enmienda del PNV para crear una subcomisión de investigación, Susana Pastor, que regenta un «salón de masajes» en Torrente (Valencia) -municipio natal del exministro José Luis Ábalos-, dará nombres. El escándalo estará entonces servido. Por lo pronto nos da un adelanto: hay clientes dentro «de todos los partidos políticos abolicionistas» (PSOE, PP y Podemos).