Piden investigar a una exdirigente del PSOE que recibió dos millones para una clínica de abortos

Abogados Cristianos irrumpe en la polémica sobre el aborto. En plena guerra entre el Gobierno y Castilla y León por la propuesta de Vox para evitar interrupciones de embarazo, la asociación que lidera Polonia Castellanos ha pedido a la Fiscalía que investigue «las cuantiosas subvenciones» que recibió una militante del PSOE en Gijón desde instituciones gobernadas por los socialistas. Estima que la exdirigente percibió dos millones de euros para practicar abortos en la clínica donde fue gerente hasta 2019.

La organización de juristas ha presentado una denuncia contra la exdirigente del PSOE, a la que acusa de delitos de tráfico de influencias y de intrusismo profesional. El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afirma que fue gerente de un importante centro de salud en Gijón hasta 2019 y que preside una fundación que promueve proyectos y actividades socieducativas dirigidas a los habitantes de la ciudad asturiana que también ha recibido ayudas públicas.

La denuncia vincula a la mujer con el PSOE. Esgrime que formó parte de sus listas municipales en las elecciones de 2015 y 2019 y, además, entre esos años fue vocal de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación de Gijón. Abogados Cristianos sostiene que esa posición sirvió a la clínica en la que era gerente para beneficiarse en 2016 de una adjudicación de dos millones de euros para realizar abortos «dentro de las 14 primeras semanas de gestación».

Vinculada al PSOE

En ese momento, el titular de la Consejería de Sanidad en el Principado de Asturias era el socialista Francisco del Busto de Prado. En opinión de la organización de juristas, eso habría favorecido la consecución de la subvención. Aunque esta no fue la única que recibió. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Gijón firmó un convenio con la asociación que preside la militante socialista por 129.600 euros para actividades socioeducativas.

Un año más tarde, la fundación recibió otros 17.750 euros del Consistorio por siete conceptos diferentes. Abogados Cristianos también afea que la clínica en la que era gerente consiguiera hace más de una década una ayuda de 2.640 por contratarla al tener más de 45 años. La subvención partió de la Consejería de Industria y Empleo y tenía como objetivo fomentar la contratación indefinida de colectivos específicos.

Un portavoz del PSOE en Asturias explica a THE OBJECTIVE que la denuncia no ha sido aún admitida a trámite. Sostiene que tiene pocos visos de prosperar. «Todo es legal. La única intención de Abogados Cristianos es enredar, tener foco mediático. Vive de eso», se queja un destacado dirigente socialista.

La organización de juristas acusa a la exdirigente socialista de intrusismo laboral. «Se presenta como ginecóloga, una profesión que requiere titulación académica oficial específica» cuando «en realidad es enfermera». E insiste: «Crea una falsa seguridad para atraer a más clientes a su clínica». Abogados Cristianos también le achaca tráfico de influencias, ya que establece una vinculación con Del Busto por el simple hecho de que ambos pertenecían al PSOE.

No es la única relación beneficiosa que le imputan, ya que aluden a que la exdirigente socialista tiene amistad con varios concejales de Gijón que forman parte de la fundación que preside. En su opinión, eso habría favorecido algunas ayudas del Ayuntamiento, a pesar de que entonces estaba presidido por Carmen Moriyón, miembro de Foro Asturias y, por tanto, en las antípodas ideológicas del PSOE.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que «la ley del aborto, igual que la del solo sí es sí, o las despenalizaciones del Código Penal de los delitos de sedición o malversación, solo pretenden ayudar a los miembros del gobierno o a sus socios». De este caso resalta que «se trata de una evidencia más de cómo se crean leyes que fomentan el aborto, no para ayudar a las mujeres, sino para regar con millones a los centros que regentan miembros del propio PSOE».