La Seguridad Social tumba la última vía para paralizar las oposiciones amañadas
Los opositores recurrieron la resolución de calificaciones y pidieron que se frenase el proceso mientras Fiscalía investiga
Unos exámenes de oposición, en una imagen de archivo. | EP
El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ha rechazado la última vía de los aspirantes para paralizar las oposiciones del cuerpo de administrativos de la Seguridad Social que investiga la Fiscalía por un presunto amaño que disparó las calificaciones en la sede de Galicia. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el área de Elma Saiz ha tumbado decenas de recursos de reposición de opositores que solicitaron como medida cautelar la suspensión temporal del proceso selectivo después de que el departamento ratificase los aprobados definitivos y con ello el reparto de las plazas a quienes hubiesen superado los exámenes. La exsubsecretaria de Seguridad Cristina Asacia rubricó esa decisión el mismo día que presentó su dimisión «por motivos personales».
Los aspirantes afectados consideran que el escándalo del presunto amaño pone en duda la transparencia de la oposición. Por este motivo pidieron al ministerio que frenase el proceso —de 1.250 plazas por el sistema general de acceso libre— hasta que la Fiscalía culminase su investigación. La Seguridad Social, sin embargo, considera que debe prevalecer «el interés general y de terceros», habida cuenta de que la suspensión frustraría «las legítimas aspiraciones de quienes verían dilatada innecesariamente su nombramiento e incorporación a sus destinos obtenidos (…) con consecuencias personales, familiares y laborales perjudiciales para sus intereses», según reza el escrito firmado por la nueva subsecretaria Blanca Breñosa.
El argumento del ministerio es que las presuntas irregularidades en La Coruña no pueden extenderse al resto de sedes y de opositores que en un principio han obtenido sus calificaciones de forma rigurosa. Aunque, tal como ha publicado este periódico, la sombra de la duda también se ha cernido sobre otros centros examinadores en los que no se repartieron todos los modelos de examen, entre otras anomalías.
Catálogo de oposiciones
La publicación definitiva de aprobados de las oposiciones a la Seguridad Social ha creado gran malestar entre los opositores porque, según critican, aleja la repetición de los exámenes en caso de que la Fiscalía confirme irregularidades y pone más trabas para quitar la plaza a quienes la habrían obtenido de manera fraudulenta.
La Fiscalía investiga las pruebas que se hicieron en la sede de La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia, tal como reveló THE OBJECTIVE. Celanova (Ourense) se ha convertido en el centro de las pesquisas del fiscal después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (la localidad tiene 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograron altas calificaciones en las oposiciones de la Seguridad Social, Hacienda y ADIF.
Pagos y pinganillos
Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresaliente en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos estatales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE).
Estas irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo bajo el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda, la Administración General del Estado (AGE) y la Policía Nacional.
Sospechas en otras ciudades
Aunque el ministerio se justifica en el perjuicio que supondría la suspensión para los opositores, lo cierto es que las sospechas de amaño no se limitan a Galicia, sino también a otras ciudades como Madrid o Valencia, donde la vigilancia de las pruebas fue prácticamente inexistente durante las pruebas. Según diversos testimonios recabados por este periódico, en las citadas sedes no hubo control efectivo por parte de los supervisores, inhibidores de señal ni detectores de metales, lo que habría facilitado el uso de dispositivos tecnológicos como relojes inteligentes o pinganillos.
Además, los aspirantes podían guardar sus pertenencias bajo el pupitre y abandonar el examen tras 30 minutos, lo que alimentó las sospechas de que algunos pudieron fotografiar la prueba y salir para resolverla y difundir las respuestas.
Otra anomalía señalada fue el reparto irregular de los modelos de examen. Aunque existían dos versiones (A y B), en varias aulas de Galicia, Valencia, Madrid y Barcelona solo se distribuyó el modelo A, a diferencia de otras ciudades como Sevilla, Málaga o Mallorca, donde sí se alternaron ambos. «El hecho de que solo se repartiese un modelo en al menos cuatro sedes hace sospechar de los encargados que repartieron las pruebas. ¿Por qué se hizo eso?», critican estas fuentes, que reclaman la repetición del proceso tras el escándalo de Galicia y la falta de medidas de vigilancia en la convocatoria.