Las últimas decisiones del Gobierno soliviantan a una parte de la izquierda

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar los delitos de sedición y malversación para intentar, en sus propias palabras, «reducir el nivel de conflicto en Cataluña» y, sobre todo, asegurar el apoyo de ERC a los Presupuestos y otras leyes de la legislatura ya le está pasando factura sin siquiera haberse aprobado todavía. Este lunes, una asociación ha publicado un manifiesto, en el que participan varios exministros socialistas, que rechaza de plano la anulación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, al mismo tiempo que Podemos se ha desmarcado de esta segunda reforma asegurando tener «dudas» sobre la futura aplicación del nuevo delito.

No solo eso, sino que en el propio PSOE cada vez hay más voces discordantes con las reformas pactadas con los independentistas, como han demostrado con diversas declaraciones barones regionales como Emiliano García Page, Javier Lambán o Luis Tudanca. Es más, uno de los líderes territoriales con más poder orgánico, el valenciano Ximo Puig, se ha manifestado esta mañana «claramente a favor de que no se rebajen las penas» y en contra de que «los corruptos se beneficien de esta situación».

Ante esta situación, la portavoz de la Ejecutiva Federal de los socialistas, Pilar Alegría, ha intentado rebajar la polémica y llamar a la calma en la reunión semanal de este lunes, afirmado que la reforma del delito de malversación no supondrá rebajas en las condenas e incluso apuntando que hay «garantías técnicas» en el texto de su enmienda para que ningún procesado se vea beneficiado.

Precisamente para calmar la tempestad que amenaza con surgir en Ferraz, los socialistas ya han redactado su enmienda transaccional y buscan pactarla con ERC para que retiren la suya antes de emitirse el dictamen esta tarde en el Congreso. En ella, se rebaja a cuatro años las penas de cárcel y a seis la inhabilitación por el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, mientras que en la de los republicanos abogan directamente por rebajar los delitos de malversación cuando no hay ánimo de lucro personal de los seis a los tres años. Además, se incluye una disposición transitoria que evite que se revisen sentencias a la baja como pasó con la ley del solo sí es sí.

Sin embargo, nada de esto asegura una semana tranquila para Sánchez. Se espera que tanto García Page como Lambán hagan declaraciones respecto a la reforma a lo largo de esta semana. Además, tal y como adelantó Luca Costantini en este medio, históricos socialistas tienen en mente crear una plataforma para criticar la gestión realizada por el actual presidente del Gobierno, de la que el manifiesto contra la reforma de la sedición y la malversación sería solo el primer paso.

Históricos del PSOE contra Sánchez

Y es que las voces más críticas contra los movimientos de Sánchez vienen, por el momento, de personas que ya no tienen un cargo relevante en el PSOE, aunque sí un importante peso histórico. Y es que entre los firmantes del manifiesto que carga duramente contra las reformas planteadas están exministros socialistas como Virgilio Zapatero, exministro de la Presidencia y catedrático; Julián García Vargas, exministro de Defensa y de Sanidad; José Luis Corcuera, exministro de Interior; César Antonio Molina, exministro de Cultura; y Javier Saénz Cosculluela, exministro de Obras Públicas y exportavoz del Grupo Socialista.

Todos ellos rechazan «las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución», y aseguran que con esta reforma «se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas».

Además, insisten en que Pedro Sánchez no «no mencionó» la modificación de los delitos «en su discurso de investidura», ni tampoco fue «un compromiso electoral» ni un «acuerdo posterior con Unidas Podemos». También señalan que la UE «no ha exigido reformar el delito de sedición» y «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea, según se puede leer en el manifiesto. En este sentido, los firmantes aseguran que con la medida del Gobierno «se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal».

Podemos se desmarca

En cualquier caso, más allá del propio PSOE, las reformas legales de Sánchez tampoco parecen convencer al socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos. El partido morado se ha desvinculado también este lunes de la enmienda para reformar la malversación y no firmará la enmienda transaccional al proyecto de ley de derogación del delito de malversación. Fuentes del grupo parlamentario han detallado que tienen «dudas» sobre la futura aplicación de la nueva redacción de este tipo penal «por parte de los jueces» y, en consecuencia, no forma parte de este pacto entre los republicanos y los socialistas.

Sin embargo, la oposición a las reformas de Sánchez en este caso con la boca pequeña. Y es que la formación no pondrá ningún tipo de traba a que dicha enmienda salga adelante, dado que el proyecto de ley de revisión del Código Penal «contiene elementos tan importantes» como la supresión del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

La falta de apoyo directo deja entrever en cualquier caso que la cuestión de la malversación ha motivado un fuerte debate dentro del espacio confederal, dado que Podemos en las últimas fechas aludía a que era una cuestión «muy delicada» que podía tener «efectos perversos».

De hecho, Unidas Podemos no presentó ninguna enmienda en este sentido, como expuso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el grupo procedió a una revisión exhaustiva sobre la propuesta de ERC, dejando claro que no iba a respaldar ninguna modificación que supusiera beneficios a la corrupción política. De esta forma, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señaló que cualquier reforma de la malversación no debía servir de ayuda a investigados o condenados en casos como Lezo, Púnica o Kitchen.