Un error de Exteriores deja a España sin la oportunidad de dirimir un pleito de 28.000 millones

Iba a convertirse en el arbitraje internacional más grande que se ha llevado a cabo en España y el tercero del mundo, pero finalmente se decidirá en París antes del 1 de marzo. Una disputa de 28.000 millones de euros que enfrenta a los herederos del sultán de Joló contra Malasia y cuyo laudo se dictará en Francia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considerase que el Ministerio de Exteriores no notificó correctamente el arbitraje al país asiático y por lo tanto sufrió indefensión durante el procedimiento que se desarrollaba en la capital española.

«Es una oportunidad perdida para promocionar España como referencia mundial del arbitraje y puede generar dudas sobre nuestro país como sede para resolver estas controversias», lamenta el abogado Bernardo M. Cremades Jr., del bufete B. Cremades y Asociados, que defiende a los herederos del Sultán junto a Paul Cohen, del despacho británico 4-5 Gray’s Inn. Se trata del tercer mayor arbitraje de la historia, después del que condenó a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares a la petrolera Yukos y del que ConocoPhillips libró contra Venezuela.

Los hechos se remontan a 1878. El Sultanato de Joló, que abarcaba la isla de Borneo y otras islas adyacentes que hoy pertenecen a Malasia, formaba parte del Imperio español. El Sultán firmó con dos empresarios británicos un contrato de arrendamiento a perpetuidad de los recursos naturales de ese territorio -en su mayoría perlas, nidos de pájaro y madera- por 5.000 pesos filipinos. Tras la quiebra de la North Borneo Trading Company, el arrendamiento pasó a manos de la Corona Británica en 1946 y finalmente a Malasia en 1963 tras su independencia. 

Una región rica en petróleo y gas

En la década de los 80 y 90, los herederos del sultán intentaron renegociar el contrato tras el descubrimiento de abundantes yacimientos de petróleo y gas en el territorio. No solo no lo consiguieron, sino que Malasia dejó de pagar el arrendamiento en 2013, según los demandantes. Dado que el contrato se firmó en suelo español 144 años antes, los descendientes del Sultán llevaron el asunto a los tribunales madrileños. Exigen al país asiático una reclamación de 32.200 millones de dólares por las cuotas dejadas de pagar y por explotar un territorio rico en petróleo y gas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) designó en 2019 como árbitro único a Gonzalo Stampa para dirimir la controversia. En la fase de jurisdicción, un año más tarde, resolvió que en el contrato existía en una cláusula de arbitraje y por lo tanto procedía valorar el fondo de la reclamación. Malasia no compareció en esa segunda fase del arbitraje, al tiempo que impugnó la jurisdicción. 

El TSJM anuló el arbitraje por un error de Exteriores

En julio de 2021, cuando Stampa estaba a punto de entrar en el fondo del asunto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM dio la razón al país asiático y declaró la nulidad del proceso. En un auto, los jueces señalaron que a Malasia no se le notificó correctamente la designación del arbitraje y sufrió indefensión. El Ministerio de Exteriores debía haber remitido la demanda a la Embajada de España en Malasia para que la legación española entregase el emplazamiento al Gobierno malayo traducido a los idiomas previstos en el artículo 25 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional.

Sin embargo, según el auto del TSJM, «la notificación de la demanda y traslado de documentación que la acompaña, al margen de no haberse realizado en alguno de los idiomas prescritos (…) se hizo mediante traslado de dicho acto de comunicación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a la Embajada de Malasia en el Reino de España, inclumpliéndose las normas de derecho Internacional de obligada observancia». 

La decisión suscitó controversia incluso en el propio tribunal. Uno de los tres jueces, el magistrado Santos Vijande, emitió un voto particular contra el auto de la Sala. «Aun cuando haya sido formalmente irregular -por el conducto elegido- la notificación en su día efectuada al Estado de Malasia para su comparecencia en el proceso de nombramiento de árbitro 4/2018 de esta Sala, no puedo en absoluto mantener que se ha producido una indefensión real y efectiva de la parte demandada», indicaba Vijande.

«Antes al contrario, lo que el Auto mayoritario da por bueno es el comportamiento desidioso de quien, teniendo perfecto conocimiento de la causa e incluso habiendo participado -como veremos- en el arbitraje que se ha desarrollado bajo la dirección del Sr. Árbitro nombrado por este Tribunal, pretende ahora, muchos meses después, articular un incidente de nulidad de actuaciones que resulta de todo punto inadmisible por extemporáneo», añadía en su voto particular.

Recurso ante el TC

Stampa cambió la sede del arbitraje de Madrid a París, tras ser homologado en Francia a petición de los demandantes, y decidió continuar con el procedimiento. Está previsto que el laudo se dicte antes del próximo 1 de marzo. Se va a decidir si Malasia tiene que pagar una compensación y cuál es la cuantía. Los demandantes han manifestado que en caso de ganar la reclamación destinarán una parte sustancial de la indemnización a financiar proyectos de desarrollo en la región de Joló.

No obstante, el asunto no está cerrado del todo en España. El 5 de noviembre de 2021 los herederos del sultán interpusieron un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), cuya admisión está aun pendiente. «Si el TC admite a trámite y otorga la tutela, el laudo y todo lo efectuado en España por Stampa tendría plena vigencia», explica Cremades.