La Fiscalía pide archivar la causa contra tres altos cargos imputados por los contratos covid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción número 26 que archive la querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno a quienes acusaba de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario durante la primera ola de la pandemia. El pasado 7 de abril, la juez Concepción Jerez García tomó declaración en calidad de investigados a tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por esas presuntas irregularidades en la compra de material sanitario.

Dos meses después de su declaración como imputados ante la magistrada, el representante del Ministerio Público ha remitido un escrito al juzgado en el que considera que Vox no ha concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» para llevar a cabo una investigación porque la querella se sustenta en «meras conjeturas y sospechas sin que pueda apreciarse la concurrencia de suficientes elementos de tipicidad respecto de la notitia criminis», según ha informado la Fiscalía Provincial de Madrid.

La querella iba dirigida contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez: Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ahora jubilado; Paloma Rosado, titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (Dgrcc), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (Dgsnsf).

Las diligencias se centran en 56 contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020 por el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa. El partido de Santiago Abascal sostiene que los contratos firmados por el Ingesa se suscribieron sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de «dudosa» existencia puesto que solo se conocía una denominación social. 

Entre esos contratos destaca especialmente uno por valor de 196,5 millones de euros adjudicado a la desconocida empresa Hongkong Travis Asia Limited. Según Vox, al menos 12 contratos fueron adjudicados a compañías «de dudosa existencia» que en su mayoría tenían su residencia fiscal en el extranjero y carecían de experiencia previa en el suministro de material sanitario o en la contratación con la Administración pública.

Los indicios se basan en «meras conjeturas»

La Fiscalía explica que los indicios aportados por los querellantes sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se sustentan en «meras conjeturas» relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias «pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones». Esa falta de concreción, a su juicio, no justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad «por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica». 

A continuación, el Ministerio Público centra su escrito en la adecuación a la normativa vigente de los contratos celebrados por la entidad pública Ingesa entre los meses de marzo y abril del año 2020. En primer lugar, expone que existió un hecho «notorio» e «incuestionable»  como fue la pandemia «y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento».  Por ello se remite a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos contratos celebrados por INGESA entre el 1 de enero y  el 31 de diciembre de 2020, incluidos los que son objeto de la querella, y concluye que dicho informe «no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa». 

La mera confrontación de los indicios relatados en la querella con el informe «conciso» y «detallado» elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre los contratos celebrados es lo que lleva a la Fiscalía a solicitar el sobreseimiento de la causa. Además, precisa que en lo que se refiere a los contratos recogidos en la querella, «la documental aportada por la Abogacía del Estado, aportando los expedientes administrativas y apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conllevan a instar también el sobreseimiento y archivo de la investigación penal».

Por último, el escrito de la Fiscalía alude a la participación de los tres querellados en los hechos denunciados. Para el representante del Ministerio Público resulta «relevante» la declaración que en sede judicial hizo el director de Ingesa quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, «donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases». 

En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, recuerda que la primera de ellas asumió el cargo de órgano de contratación respecto del Ingesa durante cinco días «sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa».  Respecto a la segunda «nada se ha podido acreditar, ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal».

De ahí que la conclusión de la Fiscalía sea la de que existe una falta «total» de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y a los indicios existentes contra los investigados y, por lo tanto, se aprecia  «la imposibilidad de exigencia de responsabilidad en el contexto del proceso penal a los denunciados».

‘Caso Travis’: 196 millones a una firma de Hong Kong

En el listado de empresas beneficiarias de los contratos que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid se encuentran las 56,2 millones de mascarillas adquiridas a la mercantil Hongkong Travis Asia Limited. Una operación por la que se pagaron 196,5 millones de euros por unas mascarillas sin clasificación de nivel de protección a una mercantil cuyo domicilio fiscal estaba fuera de España y cuya autenticidad no fue comprobada. Durante su interrogatorio, según fuentes jurídicas, los imputados explicaron que el listado de empresas chinas contratadas «lo facilitó el embajador de España en Pekín» y que ellos «no tenían ninguna responsabilidad».

Otros de los contratos investigados, según la querella de Vox, son la compra de 1.000 respiradores a la empresa china Sysmed; la adquisición de batas desechables a la Weihai Textule Group; o el suministro de reactivos e hisopos por valor de 4,2 millones de euros a la empresa Value and Bro SL, cuyo objeto social era el asesoramiento legal o laboral. Además de este último proveedor, la querella destaca también otra serie de empresas a las que Sanidad y Hacienda adjudicaron contratos para traer material sanitario a empresas cuyo objeto social otro muy distinto a el suministro de material sanitario.

Es el caso de FCS Select Products, que se dedicaba a la comercialización de bebidas alcohólicas y a la que se compraron 10 millones de guantes nitrilo y 150.000 gafas de protección. También se compraron 144 respiradores a Hyperin Grupo Empresarial, una sociedad que acababa de crearse para la fabricación de elementos de yeso. Se le abonaron 2,7 millones de euros por adelantado por unos respiradores para el el suministro de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva del modelo Vivo-65.

El 2 de abril de 2020 una semana de recibir el dinero por adelantado, Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicarle que no podía suministrarle el modelo propuesto y le planteó como alternativa otro tipo de respirador. El Ministerio rechazó esa alternativa por no reunir «las condiciones y requerimientos exigidos», lo que llevó a Hyperin a renunciar al contrato el 7 de abril de 2020 y a solicitar que le facilitaran un número de cuenta para proceder a la devolución del dinero. Dos años después, el Gobierno intenta por vía administrativa que ese intermediario le devuelva 1,8 millones de euros aún pendientes de devolución por esa compra fallida.