La portavoz de la CUP califica el 'procés' de juicio político y ratifica su «derecho a disentir»

El aniversario del 1-O se calienta. La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha calificado el procés como «un juicio político». Un argumento con el que ha intentado justificar este miércoles en el Tribunal Supremo su decisión de no responder a las preguntas de Vox durante la causa por la independencia unilateral de Cataluña en 2019. La dirigente, que se enfrenta a cuatro meses de cárcel e inhabilitación por un delito de desobediencia grave, ha ratificado a los magistrados su «derecho a disentir». Reconoce que no contestó a la formación verde «por ser la extrema derecha».

«Me he reafirmado en el derecho a disentir cuando se acaba provocando o lo que se permite es una vulneración clara de los derechos fundamentales», ha afirmado en catalán a los medios de comunicación tras salir del alto tribunal. La portavoz de la CUP en el Parlament ha indicado que le gustaría pensar «que el Supremo acepta la objeción de conciencia y la libertad de conciencia», aunque no es muy optimista. «Veo más una condena que una absolución».

Su formación asume ya que sea inhabilitada para cargo público. Lo califica como «la sentencia de la venganza» y acusa al Supremo de «aceptar la tesis de la extrema derecha». Reguant ya se sentó en el banquillo de los acusados en marzo para ser juzgada por desobediencia, pero el tribunal suspendió la vista tras considerar las alegaciones de su defensa, que sostenía que se habían vulnerado los derechos procesales. Entonces, un juzgado madrileño abrió juicio oral sin ser competencia suya, ya que Reguant es aforada.

La lucha de la CUP

La escena se repite seis meses después. Esta vez la acusada ha podido declarar en catalán, tal y como solicitó. Reguant ha realizado una defensa a ultranza de la libertad de expresión ante los magistrados. «Si defendemos la democracia, lo que debemos hacer es articular la lucha antifascista, (…) porque el antifascismo es la base de cualquier sociedad democrática y eso es lo que queremos defender, más allá de lo que el tribunal acabe decidiendo», ha indicado a la prensa tras declarar.

En su escrito de defensa, Reguant ya esgrimió que guardó silencio porque consideró que contestar a Vox le supondría «un innegable perjuicio moral». La dirigente de Vox explicó que actuó «guiada por una suerte de objeción de conciencia, un sentimiento de deber moral de rehuir del papel discriminatorio y abusivo seguido por la acusación popular». Además, tildó la petición de pena de la fiscalía de «desproporcionada» y recalcó que ser condenada «podría tener consecuencias de carácter electoral».

Su abogado, Daniel Amelang, ha defendido este miércoles que no se le puede condenar por no contestar al representante de Vox. Entiende que esos hechos no revisten la gravedad exigida para ser sancionados por la vía penal, recordando que ya fueron reprobados en sede administrativa: «Con eso debería ser suficiente».

Reguant se enfrenta a una condena a cuatro meses de cárcel e inhabilitación por un delito de desobediencia tras guardar silencio ante las preguntas de Vox durante su comparecencia como testigo en el juicio del procés, celebrado en febrero de 2019. La defensa pide la absolución porque la ley también ampara que los testigos no contesten a las preguntas que le «pueden producir un daño moral».

Para la portavoz parlamentaria de Vox, permitir preguntas de Vox, que ejercía como acusación popular en el procés, «es una herramienta más del Estado». Reguant, aforada por ser parlamentaria en Cataluña, ha asegurado a los magistrados del Supremo que el presidente de la vista del 1-O, Manuel Marchena, no le advirtió de los riesgos de su conducta. No obstante, en el acta del juicio aparece que dijo que asumiría «las consecuencias».

Su letrado ha sostenido que debió de ser advertida de nuevo tras serle impuesta una multa de 2.500 euros. Una nueva condena, ha insistido Amelang, supondría castigar a su clienta en dos ocasiones, lo que contradice el principio de non bis in idem. Este fundamento de derecho tiene la finalidad de proteger a los ciudadanos de no ser penalizados más de una vez por el mismo hecho punible.

Juicio a Antonio Baños

Reguant ha declinado contestar a las preguntas del fiscal. Se ha limitado a responder a su abogado, aunque esto no le plantea ahora ningún riesgo jurídico porque ahora es acusada y tiene derecho a no declarar. La dirigente de la CUP ha ratificado que durante el juicio del procés se negó a contestar a Vox porque «no quería contestar a la extrema derecha y al fascismo machista». El Ministerio Público defiende la condena porque un testigo no puede negarse a contestar preguntas de una acusación aunque no comparta sus postulados.

Su compañero de la CUP Antonio Baños será juzgado este jueves en un juzgado de lo Penal de Madrid. Lo hará en ese escenario al no ser ya parlamentario, por lo que deja de estar aforado. Está acusado del mismo delito que Reguant: no responder al representante de la formación verde durante el juicio por el intento unilateral de independencia en Cataluña. Baños ha defendido públicamente que su decisión fue un gesto «para marcar un límite y demostrar que el fascismo no puede entrar en ninguna institución».

Reguant ha agradecido a las personas que le han mostrado su apoyo de cara a este juicio, interpretándolo como «una expresión más de la lucha antifascista en los países catalanes». Entre los acompañantes se encontraba su madre, aunque ha contado con menos apoyos que la exdiputada Anna Gabriel, que tuvo que declarar hace dos semanas en el Supremo para explicar si desobedeció los requerimientos del Tribunal Constitucional durante el procés.