El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la 'ley del solo sí es sí'

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso que planteó Vox contra la denominada ley del solo sí es sí. La formación verde entiende que la reforma penal «vulnera todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y la Constitución». La corte de garantías también ha nombrado ponente a Ricardo Enríquez para resolver la recusación de Cándido Conde-Pumpido y tres de los nuevos magistrados en las futuras deliberaciones sobre la reforma del delito de malversación y la supresión de la sedición, como había solicitado Santiago Abascal al considerar que tienen «vinculación con el Gobierno».

Vox considera que se ha vulnerado la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión y la seguridad jurídica, derivada del modo en que se regula el concepto de «consentimiento» en el marco del nuevo delito de agresión sexual. Los recurrentes también sostienen que se ha perjudicado el principio de proporcionalidad de las penas por la unificación en un solo tipo penal (agresión sexual) de lo que antes eran dos (abuso y agresión sexual).

La ley del solo sí es sí generó una enorme polémica desde su entrada en vigor en octubre. Poco a poco comenzaron a conocerse sentencias que rebajaban las penas de los condenados por delitos sexuales al aplicarles la nueva ley por ser más beneficiosa para el reo, como establece el artículo 9.3 de la Constitución y el 2.2 del Código Penal. De momento son más de 250 los condenados que han conseguido beneficiarse, lo que llevó a Vox a registrar un recurso ante el Constitucional el 2 de diciembre.

Las recusaciones de Vox

Uno de los encargados de presentar el texto fue el vicepresidente de la formación verde, Javier Ortega Smith. Tras hacerlo, cargó duramente contra los diputados y partidos que habían votado a favor de la reforma. «Todos ellos son responsables, personalmente, de todos los violadores y pederastas que salgan a la calle y de los crímenes que puedan volver a cometer estando en libertad».

Los magistrados admiten a trámite el recurso de Vox en su primer pleno con mayoría progresista. En la votación no ha participado Juan Carlos Campo. El exministro de Justicia pidió abstenerse porque cuando se elaboró el anteproyecto de ley formaba parte del Gobierno. El jurista sevillano tampoco participará en los recursos presentados contra las decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados el 3 de febrero del año pasado por ser su pareja sentimental.

Durante la sesión, Meritxell Batet impidió votar de forma presencial al diputado popular Alberto Casero tras emitir su veredicto de forma telemática. Su error fue determinante para que la reforma laboral se aprobara. Vox, PP y el propio perjudicado elevaron el asunto al Constitucional.

Campo no ha sido el único que pedido inhibirse en algunas de las decisiones, cosa que ha aceptado el Pleno este martes. Laura Díez ha seguido su ejemplo para no participar en el recurso de Omnium Cultural contra la decisión del Constitucional de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para revisar la norma del Govern que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano.

Díez ha optado por apartarse porque firmó varios dictámenes a favor de no imponer dicho porcentaje en las aulas catalanas como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.

El Pleno ha acordado confirmar, a propuesta del ponente, Enrique Arnaldo, la diligencia que niega la pretensión de Ómnium Cultural de personarse en la cuestión de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley que aprobó en mayo del año pasado la Generalitat de Catalunya, que fija los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

El castellano en Cataluña

La corte de garantía alega que Ómnium Cultural no fue parte en el procedimiento judicial sustanciado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. Esto supone, conforme el artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no pueda ser admitida su personación, algo que ya intentó el tribunal territorial catalán y que rechazó la corte de garantías en junio del año pasado.

Los magistrados también han nombrado un ponente, Ricardo Enríquez para que resuelva la recusación a Cándido Conde-Pumpido y a tres de los nuevos magistrados, como pretende Vox.

La intención de la formación verde es apartar al presidente de la corte de garantías, María Luisa Segoviano, Laura Díez y Juan Carlos Campo de las futuras deliberaciones relativas al recurso que han presentado, el número 46 de esta legislatura, contra la reforma penal que ha derogado la sedición y rebajado los delitos de malversación por tener «vinculación con el Gobierno».