¿Es acoso o es información?: la polémica en las puertas de las clínicas abortistas
Foto: Maria Oswalt| Unsplash

Sociedad

¿Es acoso o es información?: la polémica en las puertas de las clínicas abortistas

Las reuniones de menos de 20 personas no precisan de ninguna autorización, por lo que no se consideran manifestaciones o concentraciones

por Inés Bertrán

¿Acoso o información? En los últimos meses se ha producido una gran polémica ya que diferentes grupos antiabortistas se juntan en las puertas de clínicas para intentar convencer a mujeres de que no interrumpan su embarazo. Mientras que ellos lo defienden diciendo que es información otros lo llaman acoso.

El aborto es legal en 36 países de Europa, aunque solo en 29 está permitido por cualquier motivo. En los otro siete países es legal únicamente bajo el cumplimiento de uno de estos tres supuestos: ser víctima de una violación, que haya malformaciones en el feto o que se trate de un embarazo con riesgo físico o psíquico para las mujeres.

En el año 2019, el número de interrupciones contabilizadas en España fueron 99.149, según el Ministerio de Sanidad. Y de esas, el 86% de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2019 se dieron en clínicas privadas, frente al 14% que se realizan en hospitales públicos.

«Tres días de reflexión»

Para poder abortar existen dos requisitos fundamentales que establece la ley. El primero es la entrega de información a la solicitante sobre sus derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y en segundo lugar, el cumplimiento de al menos tres días entre la entrega de información y la intervención.

Las quedadas en las puertas de las clínicas abortistas se producen el último viernes de cada mes en una clínica diferente de la Comunidad de Madrid. De hecho los responsables de la Clínica Datos denuncian tener concentraciones diarias ante sus puertas de grupos de personas que «hostigan, increpan y bombardean con información falsa y con todo tipo de iconografía a las mujeres que se acercan para ejercer su derechos de interrumpir su embarazo o pedir información al respecto».

Las reuniones de menos de 20 personas no precisan de ninguna autorización ni comunicación previa, por lo que no se consideran manifestaciones o concentraciones. «Esta ventana legal es la que utilizan los grupos antiderechos para concentrarse a las puertas de las clínicas sin que sean dispersados», explican desde ACAI.

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Foto: Claudio Schwarz | Unsplash

Aunque la presencia de estos movimientos como el conocido «Cañas por España» con el título «viernes por la vida» podrían tener los días contados. El pasado 12 de mayo el PSOE planteaba una reforma del Código Penal en la que que pretendía «penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo».

A esta propuesta se ha unido el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que ha pedido al Ministerio del Interior que proteja la integridad física y moral de las mujeres que van a abortar, así como su derecho a la libre circulación, frente al «acoso» que han denunciado que sufren a las puertas de las clínicas.

100% de las mujeres abordadas mantienen su decisión

«En los últimos meses no ha cesado, ha aumentado y se ha diversificado», cuenta la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) a The Objective.

Y aún así, el 100% de las mujeres abordadas mantuvieron su decisión y realizaron la interrupción voluntaria del embarazo, según la plataforma Aborto Sin Acoso.

Desde ACAI nos cuentan que su aspiración máxima sería asimilar a España a la legislación francesa que recoge en su código penal una ley (LOI no 2017-347 du 20 mars 2017) que establece, además de las zonas de seguridad donde no pueden localizarse estas presuntas mesas informativas, que acosar el derecho al aborto es delito, ya sea a través de internet o de documentación desinformativa, y marca penas de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros.

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Foto: Maria Oswalt | Unsplash

También en otros países cercanos ya se han tomado medidas como en Alemania, Austria o Reino Unido. En el país anglosajón lo han regulado a través de un decreto en el que se obliga a mantener una distancia de 150 metros de estos centros. Esta medida, según afirman los expertos, no vulnera el legítimo derecho de manifestación ni la libertad de expresión y al mismo tiempo protege la integridad y la intimidad de las mujeres que deciden abortar.

«Información de manera pacífica y generosa»

¿Y qué dicen desde esos grupos que se concentran en las puertas de las clínicas? ¿Por qué se reúnen en las puertas de esos centros? ¿Cuál es su intención? ¿Qué pretenden con ello?

«Con mayor o menor éxito, con distintas formas de actuar, lo que es evidente es que en ningún momento llevan a cabo un acoso hacia las mujeres, ni ejercen violencia. La violencia está dentro de esas paredes, y se oculta. Sin embargo, quienes ofrecen ayuda, las tratan con auténtico cariño y respeto y  ofrecen información, de manera pacífica y generosa. Muchas de ellas los escuchan y deciden cambiar de idea», cuenta la Federación Española de Asociaciones Provida.

Me aseguran en varias ocasiones desde diferentes asociaciones que muchas mujeres deciden cambiar de idea pero no me ofrecen ningún dato, mientras que desde la plataforma Aborto Sin Acoso aseguran que el 100% de las mujeres abordadas mantuvieron su decisión. Sobre el término acoso que mucha gente utiliza para describirles afirman: «Cuando en estos centros, no les muestran la ecografía ni el latido de su hijo, ni les cuentan lo que le van a hacer, ahí sí que hay acoso y presión. Cuando les dicen que una vez que se hayan planteado el aborto, no se vuelvan atrás, no escuchen a nadie, sino que lo hagan, aunque después de practicárselo les hagan salir por la puerta de atrás para que nadie vea en qué condiciones salen y las envíen al hospital de referencia si las cosas se tuercen», dice la Federación Española de Asociaciones Provida.

Además, afirman que «es un hecho que muchos centros abortistas han visto reducidos sus ingresos a medida que se va sabiendo más del tema». Sin embargo, desde The Objective no hemos podido confirmar este dato ni ellos nos lo han ofrecido. Así, en este sentido, aseguran que «ahí está el problema». «Por ello deciden llamar acoso al derecho de toda persona a la información y a la ayuda, pero eso no cambiará la realidad de los hechos», agregan.

Y por último me dicen que «en vez de criminalizar, hay que agradecer a quienes de manera generosa y sin intereses económicos, entregan su tiempo y sus recursos al servicio de todo ser humano, nacido o no nacido y se implican de corazón tanto en que puedan nacer, como en que tengan unas condiciones de vida adecuadas a su dignidad única».

Unos lo llaman acoso y otros lo defienden diciendo que es información. Sin embargo, si la ley planteada por el PSOE es finalmente aprobada, estos actos podrían tener sus días contados.