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La travesía del Aquarius: 700 millas para desmontar los miedos de Europa

Los 629 inmigrantes a bordo del barco Aquarius han vuelto a despertar los miedos y los mitos sobre inmigrantes en España

Foto: Karpov / SOS MEDITERRANEE | Reuters

Mohammed ha cumplido solo 11 años, pero ya da miedo en Europa. No le ponen cara ni historia en esa tierra con la que él sueña desde hace meses. No saben que en Sudán del Sur le espera su madre, que no habla con él desde hace 14 meses, que aguarda noticias con el terror que dan los silencios.

En la tierra prometida algunos gritan que a Lawrence, que es pintor, tiene 18 años y nació en Nigeria, lo devuelvan a donde sea, a donde creció o a donde zarpó. Pocos saben que suplicó ayuda. Que rogó que no le devolvieran a ese infierno desde el que se lanzó al mar. "Libia no es lugar para ningún ser humano. Te roban todo lo que tienes, incluida tu alma, y la aplastan", cuenta Ali, también de 18 años, que perdió a sus padres con 11 en Nigeria y cuyos meses en la Libia de la tortura, el hambre y la esclavitud fueron peor que crecer sin familia. Y hay quien supone que viene a Occidente a robar trabajos.

No se lo imagina Abu Bakar, que enseña como un tesoro los papeles, ya mojados, donde se lee que ayudó como voluntario en las actividades de emergencia contra el ébola en Sierra Leona, no se imagina que entre la generosidad de un país que le espera, se han colado el miedo y el rechazo.

Ellos son algunas de las 629 vidas que rescató el Aquarius, el barco que se ha convertido en faro en el horror y la insolidaridad europea. Y que ahora está en Valencia, después de no poder desembarcar en Italia y Malta, escoltado por dos navíos de la Guardia Costera y la Armada italiana. Los migrantes se han repartido en los tres barcos—solo 106 (niños, mujeres y familias) se han quedado en el Aquarius— para recorrer las 700 millas náuticas que los separaban de España. A bordo viajan los supervivientes, los que, pese a todo, lo lograron.

Cuando el lunes, el ministro de Interior Matteo Salvini comunicó la decisión de no permitir al Aquarius atracar en los puertos italianos, el nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció que ofrecía Valencia como destino. Una decisión ampliamente celebrada por los líderes de la Unión Europea y por los expertos en políticas de inmigración y asilo. “Sánchez hizo lo que tenía que hacer. Tenía que cumplir con el derecho internacional. Tenemos la obligación de rescatar a las personas que están a la deriva o que son potenciales náufragos, no es negociable”, asegura a The Objective Ruth Ferrero, profesora e investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.

“La sorpresa fue que ningún otro Estado se ofreciera. Menos mal que un Gobierno hace un signo de compromiso con los valores que deberían ser comunes en la UE”, apunta Elena Luis Romero, investigadora en Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo en la Universidad Carlos III de Madrid.

La decisión de Sánchez cumple un doble propósito: “Marcar una ruptura con la política del Gobierno de Mariano Rajoy y también mandar un mensaje a Macron y Merkel de apoyo a una UE coordinada y solidaria. Un mensaje de que no en toda Europa triunfa el populismo antinmigrante, en España no”, señala Elena Sánchez, investigadora del CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona).

Sin embargo, no tardaron en llegar las críticas. Las voces que tacharon de irresponsable aceptar esa responsabilidad, las que clamaban contra un supuesto efecto llamada y las que aprovecharon para tuitear rápido nuestra falta de recursos.

“Las voces que saltan ahora enseguida, no han sido tan rápidas durante estos cinco años para proponer soluciones. Porque llevamos años con este tema, no nos pilla de sorpresa. Es evidente que esto pasaría cuando han estado Italia y Grecia asumiendo toda la responsabilidad mientras el resto de Europa miraba hacia otro lado. Tenemos una política de asilo que no avanza. Entonces, cuando hay una situación inmediata de urgencia, ¿qué se puede hacer?”, se pregunta Gemma Pinyol, investigadora de políticas de inmigración y asilo en Instrategies.

La llegada del Aquarius ha vuelto a despertar algunos mitos —como el que señaló Xavier García Albiol— y miedos sobre los inmigrantes. Los desmentimos y analizamos junto a cuatro investigadoras en derechos humanos, políticas de inmigración y asilo.

1. En España no hay recursos para todos

En primer lugar, todavía no se conoce si los 629 migrantes que llegan a bordo del Aquarius recibirán el permiso de residencia para permanecer en España. Pese a que a menudo se intercambian los términos, son los refugiados los que, a diferencia del resto de migrantes, tienen derecho de asilo, y deben cumplir unos requisitos  delimitados en la Convención de Ginebra de 1951. Los solicitantes deben demostrar que provienen de un país en conflicto o que existen "fundados temores" de ser perseguidos.

Si acreditan esa condición se abren tres vías de protección internacional: la de la concesión de asilo, que es permanente; la protección subsidiaria, revisable cada cinco años, o la autorización de residencia por razones humanitarias.

En 2017, España concedió 595 estatutos de refugiado, 4.080 reconocimientos de protección subsidiaria y ninguna por razones humanitarias. Estos procesos no deberían durar más de seis meses, aunque lo cierto es que nuestro país acumula más de 40.000 expedientes por resolver.

En el caso del Aquarius, se entiende que todos van a solicitar asilo, pero habrá que analizar caso por caso porque conviven migrantes económicos con los que huyen de la guerra o la persecución de su país.

Sí van a recibir todos ellos protección humanitaria al llegar a España por haber salido de una situación de conflicto y llevar ocho días en alta mar. Ya hay más de 2.300 personas de servicios de emergencia y ONG preparadas para recibirlos. Después serán las autoridades quienes decidan qué tipo de estatus se les concede.

Pero aunque a todos ellos se les diera el de refugiados, "el volumen es muy pequeño", reitera Pinyol. "Estas 630 personas distribuidas con cariños entre todas las comunidades autónomas que se han ofrecido, puede resultar en una 30 personas para alguna comunidad autónoma". Además, de las comunidades de Madrid, Extremadura, País Vasco, Castilla y León y Valencia que se han ofrecido a acoger a parte de estos migrante, también lo ha hecho Francia.

Por último, la cuota de reasentamiento de refugiados que la Unión Europea le puso a España en 2015 era de 17.000 personas, de las que solo han llegado 2.792 (menos del 15%), por lo que las infraestructuras y el espacio para acoger a estos 629 migrantes existe, recalca Pinyol. "600 personas o 17.000 que son las que deberíamos acoger no llenan un estadio de futbol, ni el fondo norte del Bernabéu. Y esas personas van a distribuirse por el territorio por lo que no generan disrupción", añade Ruth Ferrero.

2. Ahora son 600, pero si Italia impide la llegada de barcos, cada vez vendrán más a España 

En primer lugar, Italia no se ha negado a acoger a más migrantes, sino a los que vengan con barcos de las ONG. Al día siguiente de rechazar al Aquarius, Italia acogió a un barco con más de 900 migrantes a bordo. Esta decisión se debe a dos motivos: por un lado, a la criminalización que se ha hecho de la labor de las ONG, a las que se les acusa de estar colaborando con las mafias de tráfico de personas; y por otro lado, al triunfo de la ultraderechista Liga Norte en Italia.

"Ahora nos rasgamos las vestiduras con el triunfo de La Liga, pero tiene mucho que ver con este abandono al que se ha sometido a Italia, mientras la UE miraba hacia otro lado y no se aplicaba el principio de solidaridad. Es acción, reacción. No se ayuda a Italia pues triunfa el discurso del miedo", explica Ruth Ferrero. Así "el rechazo al Aquarius tiene un doble mensaje para Salvini: llamar la atención a la UE de que Italia no puede más y responder ante su opinión pública con mano dura", añade Elena Sánchez.

¿Eso significa que los barcos de rescate de las ONG se dirigirán ahora hacia España? No. En principio, como explica Sánchez, porque el lugar de salida de estos migrantes es Libia, un país en el que la salida es relativamente sencilla gracias a la falta de Gobierno. Los migrantes describen Libia como un “agujero negro” y las ONG han reportado venta de esclavos, maltrato, tortura, violaciones. Este caos favorece a las mafias de tráfico de personas que sin control campan a sus anchas. Una situación que no ocurriría en Marruecos, nuestra frontera más cercana.

Y Libia está muy lejos por lo que no es factible que los migrantes recogidos allí se dirijan a España. Al mismo tiempo como bien recalca Sánchez: "Buena parte de los que están pasando migrantes se preocupan de todo menos de su destino y de su bienestar. Van a seguir enviando barcos con migrantes por mucho que no se les vaya a recibir".

3. Se llevan todas las ayudas

Los inmigrantes residentes en España aportan a nuestro Estado del bienestar mucho más de lo que reciben, según concluyó el estudio Inmigración y Estado de bienestar en España, de la Obra Social de La Caixa en 2011. Incluso en tiempos de crisis el balance entre gastos e ingresos públicos de los inmigrantes siguió siendo positivo. Los autores del estudio subrayan que los extranjeros aportan hasta tres veces más de lo que cuestan. El último informe, aunque desactualizado, que la Oficina Económica del Gobierno presentó en 2006 cualificaba en 4.800 millones de euros esta aportación.

Algunos datos: la población extranjera residente en España es del 10,1%, según los últimos datos del Padrón Continuo y el porcentaje de extranjeros que recibe la renta mínima de inserción es del 11,2%, según datos de 2011. Por lo que el rango de cobertura es considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería dado que los inmigrantes suelen encontrarse entre los grupos más desfavorecidos económicamente. En paralelo, tan sólo el 6,8% del total de las inversiones de los servicios sociales se dirigen a inmigrantes.

Crédito: REUTERS

Además, el porcentaje de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en España es del 10% (con alrededor de 1,8 millones de trabajadores extranjeros aportando sus cotizaciones a las cuentas públicas) mientras solo un 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de éstos son ciudadanos de la Unión Europea. Con sus altas tasas de actividad y su mayor juventud, los inmigrantes han contribuido a elevar la proporción a 2,5 cotizantes por cada pensionista, y con ello habría retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones, de 2023 a 2028, según el estudio de La Caixa.

En esa línea, aunque es un argumento muy economicista, Ferrero recuerda que Europa es un continente muy envejecido y que si se quiere mantener el sistema de bienestar se necesita gente que trabaje y aporte al sistema, como es la población migrante.

4. Copan el sistema sanitario

Está demostrado que la población inmigrante, lejos de abusar de los servicios sanitarios, incluso hacen un uso muy inferior al que por su peso demográfico le correspondería: los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera que los españoles, y un 16,5% menos al médico especialista, según datos de la Encuesta Nacional de Salud. Sólo la utilización de los servicios de urgencias es superior entre los inmigrantes que la de los autóctonos (un 3,2% más).

“Usan menos en proporción que los locales el sistema sanitario porque son jóvenes, por lo que no forman parte de los grupos de edad que más necesitan de la asistencia médica, y porque se apoyan mucho en las redes de inmigrantes que han establecido. Acuden al sistema ya en última instancia”, explica Elena Sánchez.

5. Quitan el trabajo a los españoles

Ese fue uno de los argumentos más empleados por los defensores del Brexit en Reino Unido. Sin embargo, los estudios de la Comisión Europea y de numerosos bancos británicos han demostrado que las personas inmigrantes trabajan en un mercado complementario, en los puestos que no son cubiertos por mano de obra local. “No son mercados sustitutarios. Lo mismo pasó en España, no vienen a ocupar los puestos de trabajo de los locales. El problema es que hay una mala gestión de los flujos, trabajan dentro de la economía sumergida y por el dinero que les den. Si les dieran vías de acceso legal al mercado laboral, entonces no estarían en una competencia desleal”, explica Ferrero.

Si no están fundados, ¿por qué triunfan estos mitos?

La pregunta después siempre es la misma: si no hay datos que los avalen, si hay hechos e investigaciones que los refutan, ¿por qué se integran, se esconden y permanecen de forma tan fácil en nuestro ideario común?

Influyen distintos factores, uno de ellos es la simplicidad del discurso, que permite que se extiendan fácilmente. "Contrargumentar que vienen a robarnos el trabajo con una simple frase es muy difícil porque la realidad es mucho más completa. Es como responder a un tuit corto y fácil con un hilo elaborado", explica Gemma Pinyol, coordinadora del programa Antirumores del Consejo de Europa.

Crédito: Reuters

Estos mitos también llenan un espacio de miedo vital y de preocupación: "La idea de que los inmigrantes nos quitarán algo que queremos", dice Pinyol. Y además sirven para dar una solución inmediata que explica que toda la culpa de tus problemas la tiene exclusivamente un grupo de personas: "Es muy tentador. Tratar de deconstuir ese discurso y explicar que el Estado siempre puede invertir más en políticas sociales, siempre es más complicado".

Por ejemplo, en Hungría, un país con un porcentaje de población extranjera bajísimo, alrededor del 5%, se dio uno de los discursos más xenófobos de Europa porque convirtieron a los inmigrantes y a los refugiados en los culpables de todos los males, explica Pinyol: "Si las políticas públicas no funcionan no es por los inmigrantes. Se les culpabiliza para desviar la atención de otro problema".

¿De dónde surgen y quién los alimenta?

La investigadora Elena Luis Romero da una respuesta: actualmente la política de inmigración y de extranjería está vulnerando seriamente derechos humanos, por lo que interesa generar noticias, rumores y mitos falsos sobre los inmigrantes que calen en la población, para que consienta la vulneración de derechos. "Alimentar el discurso del miedo y de la confrontación facilita que las políticas que van contra los derechos humanos no generen tanto rechazo", explica.

Además, está la creación de un enemigo invisible a quien culpar. "Es el Estado quien tiene que garantizar el estado de bienestar, el derecho a la vivienda, a la alimentación, y esto es una manera de trasladar la culpa. Hace que no exijamos a quien de verdad tiene que cumplir", señala Luis.

Crédito: Médicos Sin Fronteras

¿Tienen los mitos alguna base?

Es un rechazo construido en base a cuatro características, explica la investigadora del CIDOB Elena Sánchez. La cuestión identitaria: "La gente que llega de fuera, que suele tener otra religión, otro idioma, otra cultura, hace tambalear nuestra propia identidad, quiénes somos". Este miedo se suele dar en población con mayor nivel formativo y económico. La cuestión del mercado de trabajo y la del estado del bienestar: "Nos quitan el puesto de trabajo, nos quitan las becas, las ayudas a la vivienda, copan el acceso a los servicios sociales". Estos dos mecanismos influyen más en la población que tiene una mayor necesidad de las ayudas estatales, menos recursos y pasan más necesidades. Por última, está la cuestión securitaria: "Este mecanismos  está influyendo más últimamente debido a los atentados. Es el miedo vinculado al terrorismo y a la delincuencia".

En cada persona influyen uno u otro de estos miedos. Esa es la razón por la que la clase obrera y también la clase burguesa francesa votaron a Marine Le Pen en las elecciones en Francia, por ejemplo.

¿Cómo se pueden combatir?

Lo principal, recalca la investigadora de la Universidad Carlos III Elena Luis, es entender que se pueden garantizar los derechos universales para todos. “La actitud no puede ser ‘No hay pan para todos, pues sálvese quien pueda’. Tenemos que apostar por un modelo de sociedad más comunitaria. España tiene capacidad para dotar de recursos”.

Crédito: Reuters

La influencia de estos mitos ha aumentado en España tras la crisis económica y el recorte de derechos. El modelo económico de los últimos años ha dejado a mucha gente atrás, los llamados left behind, gente a la que las instituciones no les está respondiendo. “Muchas familias que se encuentren ahora en situaciones muy vulnerables pueden ver como amenazantes los derechos de los demás”, explica esta investigadora en derechos humanos.

Por esa razón, “es importante no culpabilizarlas y entender que esta reacción de miedo es normal. Por eso no podemos permitir que tantas personas vivan en situaciones tan delicadas con el empleo o con la vivienda. Porque grandes masas de movimiento intolerantes han surgido de la desesperación social. Tenemos que garantizar que puedan vivir con dignidad”, señala. “Tenemos que unirnos para reivindicar el derecho a la vivienda, al empleo o a la alimentación para todas las personas en situaciones vulnerables que los reclamen”.

Además, Gemma Pinyol cree que hay que fomentar el sentimiento de interacción y participación entre comunidades. “Una de las cosas que demuestra la psicología social es que cuando se conoce al otro es mucho más complicado soltar determinado tipo de mensajes. Hay que robar espacio a estas generalizaciones y romper los espacios de impunidad”.

 

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