Sociedad

Ley Zerolo: qué propone la norma contra la discriminación registrada por el PSOE

por María Hernández Solana

«En el primer semestre el Gobierno socialista va a presentar en el Parlamento la Ley Integral de Igualdad de Trato y contra la Discriminación. Va a ser una legislación novedosa y avanzada que garantizará la igualdad de trato y consideración no solo en el ámbito laboral sino también en el acceso a bienes y servicios». Eso dijo Pedro Zerolo, que fue secretario de Movimientos Sociales del PSOE, en una entrevista publicada por El País en junio de 2008.

Han pasado casi 11 años y no ha sido hasta ahora, en enero de 2021, cuando el PSOE ha registrado el texto de la norma que tiene intención de aprobar en esta legislatura. Se llama Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, pero el partido la ha acuñado como Ley Zerolo en homenaje al fallecido activista.

¿En qué consiste esta ley?

«La Ley persigue un doble objetivo: prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también un sentido formativo y de prevención general», dice el texto presentado por el PSOE, que señala que «no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen».

Principalmente, lo que hace esta ley es dar respuesta a los actos discriminatorios que no se incluyen en el Código Penal y que, por tanto, no reciben ningún tipo de sanción ni condena.

Así, el texto prevé sanciones administrativas, es decir, los actos discriminatorios serán castigados con multas y no con condenas penales. Las multas van desde los 300 hasta los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad: las leves entre 300 y 10.000 euros, las graves entre 10.001 y 40.000 y las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros.

«Hay muchos otros ámbitos del derecho donde también hay este sistema dual penal y administrativo», explica a The Objective Cristina de la Serna, directora del departamento de igualdad y lucha contra la discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. «Por ejemplo, las defraudaciones a Hacienda, si defraudas una pequeña cantidad porque te has equivocado en el IRPF o porque has querido hacer una pequeña trápala pues te pondrán una multa, pero si defraudas de repente 120.000 euros, pues eso ya es un delito».

Los principales ámbitos en los que se centra el texto son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda. «Hay muchísimas actitudes discriminatorias, que son además las que ocurren con mayor frecuencia y las que más se dan en los ámbitos de la vida cotidiana, en la vivienda, en el empleo, en acceso a bienes y servicios, que no tienen la gravedad de delito y por tanto se quedan sin ser juzgadas y sin tener ninguna consecuencia», explica Selene de la Fuente, abogada de la Fundación Secretariado Gitano.

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Foto: José María Mateos | Flickr

Más de una década para un texto

«Es una ley que lleva en tramitación muchísimo tiempo, es una deuda que tenía este país con los derechos humanos, se llevaba recomendando e instando desde hace muchos años por parte de los organismos internacionales de derechos humanos», dice Cristina de la Serna.

En todo este tiempo «se han introducido mejoras importantes», señala. «Por ejemplo, en esta versión de la ley se habla de la inteligencia artificial y de cómo estos sistemas informáticos de toma de decisiones automática pueden tener un efecto discriminador». También se ha incorporado «el enfoque de interseccionalidad, que es el prestar atención a cómo hay distintos factores que pueden estar a la vez en juego en una discriminación». «No es lo mismo una discriminación que sufre un hombre gitano de clase media que una discriminación que sufra una niña gitana pobre», explica.

La ley tiene que pasar todavía por el Congreso y el Senado para ser aprobada. Sobre si confían en que esta vez sea por fin aprobada, Selene de la Fuente dice que «se puede ver desde los dos puntos, desde es una proposición de ley que lleva mucho tiempo parada y que no termina de salir o ver el lado positivo, que por esta misma razón, porque tiene tanto tiempo y que ahora haya otra nueva proposición con alguna modificación y que se han introducido ciertas especificaciones que antes no había, puede que sea un impulso».

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Foto: Congreso de los Diputados

Las consecuencias sociales

Las organizaciones que defienden los derechos humanos en general y de algunos colectivos en concreto celebran el registro de este texto porque consideran que puede suponer un gran cambio social.

«Si por fin entra en nuestro ordenamiento jurídico esta ley va a suponer un antes y un después, el cambio va a ser tremendo», dice Selene de la Fuente. «Las víctimas de discriminación van a tener más mecanismos, van a tener más conocimientos y van a saber que una situación discriminatoria puede tener sus consecuencias, entonces puede que esa infradenuncia», se reduzca, añade. «Y luego, este agente discriminatorio cuando hay una ley normativa que prohíbe esta actitud lo más probable es que las conductas discriminatorias mermen».

Además, se espera que a largo plazo esto tenga una repercusión porque «llevará paulatinamente a una mayor inclusión, a una mayor aceptación de la comunidad gitana en la sociedad, a menos discriminación», espera Selene de la Fuente.

Además de la denuncia de conductas que hasta ahora no tenían respuesta, Cristina de la Serna señala que «hay cosas que sí que están en el Código Penal, como por ejemplo la denegación de acceso a un bar por ser negro o cualquier otra condición personal sí que está contemplado como un delito, pero en el procedimiento penal es muy difícil conseguir una condena, porque como los castigos son importantes, las sanciones pueden llegar a ser de cárcel, son importantes, pues hay un procedimiento muy garantista para la persona denunciada, el acusado. Eso quiere decir que tú tienes que probar siempre cualquier acusación que hagas». Sin embargo, al llevarse estos hechos al ámbito administrativo, «nos permite es hacer una cosa que es esencial cuando denuncias la discriminación, que es la inversión de la carga de la prueba. Consiste en que si yo ofrezco indicios bastantes o lo que yo denuncio tiene toda la pinta de haber sido discriminación, no tengo por qué probar al 100% que me discriminaron, sino que el dueño del bar, por ejemplo, tendrá que probar que no me dejó entrar por otro motivo que no sea mi color de la piel, mi orientación sexual, mi identidad de género, etc», explica la abogada.

Leyes concretas para otros colectivos

El registro de esta ley llega casi a la vez que el borrador de la Ley Trans, una ley que hace referencia a la discriminación de un colectivo concreto. ¿Cómo encajan estas leyes? «La idea de la ley integral de igualdad de trato es que sea una ley paraguas que valga para todas las discriminaciones, pero eso no es para nada en absoluto incompatible con que luego haya leyes sectoriales que vengan a abordar aquellas formas específicas de discriminación y, en general, de vulneración de derechos humanos que van enfrentando los distintos grupos», explica Cristina de la Serna.

«Una normativa no es incompatible con la otra, ahora bien, por técnica jurídica tiene sentido que haya primero una ley paraguas y que luego las leyes sectoriales guarden relación con la ley paraguas, pero nunca va a haber demasiadas leyes contra la discriminación, eso no existe, cuantas más leyes mejor», añade.

María Hernández Solana

De Murcia y madrileña de adopción. Escribo a menudo sobre derechos humanos e inmigración. También estudié Publicidad, pero lo mío es el periodismo. Y los viajes.