Los bomberos procesados por salvar vidas: "Criminalizar al que ayuda es una forma de hacer política"
Foto: Foto cedida por Manuel Blanco

Futuro

Los bomberos procesados por salvar vidas: "Criminalizar al que ayuda es una forma de hacer política"

Hablamos con Manuel Blanco, uno de los bomberos andaluces que el próximo 7 de mayo puede ser condena da diez años de prisión por salvar vidas.

por Lidia Ramírez

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«Esos niños podrían ser nuestros hijos». Eso fue lo que pensaron los tres fundadores de PRO-MAID (Professional Emergency Aid) que en octubre de 2015 decidieron dejar su cómoda vida en Sevilla como bomberos y arriesgar su integridad física para salvar la de aquellos que llegaban por centenares a las costas griegas en frágiles barcazas abarrotadas de personas para entrar en Europa huyendo del horror de la guerra y del hambre o el terrorismo.

En diciembre de 2015, ya llevaron a cabo su primera misión. Fue en la isla griega de Lesbos, cuando salieron al rescate de una embarcación repleta de miradas de miedo de quienes llevaban horas a la deriva aferrados a falsos chalecos salvavidas.

Cuando Manuel Blanco, de 47 años, fundó junto a otros dos compañeros la ONG PROEM-AID nada le hizo presagiar que salvar vidas le podría traer una condena de diez años de prisión. Es a la surrealista y delirante pena a la que se enfrenta junto a otros dos compañeros, Julio Latorre, de 32 años, y Quique Rodríguez, de 30, cuando el 14 de enero de 2016 fueron detenidos por la policía portuaria griega mientras realizaban tareas de rescate de refugiados en las costas de Lesbos. «Todo ocurrió cuando salimos junto a unos compañeros daneses en su embarcación –la nuestra estaba arreglándose por una avería de agua– a un rescate», nos cuenta Manuel. «Después de varias horas de búsqueda no encontramos a la barcaza y decimos volver. En ese momento un barca de la autoridad griega nos pidió que los acompañásemos a puerto».

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Julio, Manuel y Quique acusados de tráfico de migrantes. | Foto cedida por Manuel.

Allí, fueron informados de que estaban detenidos acusados de tráfico ilegal de personas en grado de tentativa y de posesión de armas, porque portaban un corta cabos: «Nadie en su sano juicio sale a la mar sin un corta cabos que puede ser usado para cortar alguna red que se enrolle en la hélice, alguna tira del chaleco salvavidas…». Finalmente, la acusación por posesión de armas no ha prosperado.

«Es la criminalización de la acción humanitaria»

«Nuestro trabajo allí fue siempre de rescate y salvamento, nos fuimos a ayudar usando nuestras vacaciones e incluso haciendo guardias para salvar vidas. Porque si en España ocurriese algún tipo de catástrofe, a mí también me gustaría que nos echasen una mano». Es la defensa coherente de quien no entiende cómo el marco jurídico juzga al mismo nivel a traficantes de personas con quienes voluntaria y desinteresadamente arriesgan sus vidas por las de los demás ante la inacción o acción tardía de los estados. 

Y es que la lista de los ciudadanos europeos que se enfrentan a un juicio por haber favorecido el traslado o la entrada de migrantes en situación irregular se hace cada día más larga: Lisa Bosia Mirra, Pierre Alain Mannoni, Lisbeth Zornig,  Diether Dehm, Mikel Zuloaga, Begoña Huarte, Cedric Herrou, Francesca Peirott, Rob Lawrie, Lise Ramslog, Claire Marsol, Helena Maleno... Todos ellos pendientes de procesos judiciales o con sentencias condenatorias por ayudar a migrantes a cruzar las fronteras.

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Un refugiado sirio sostiene a sus dos hijos mientras lucha por desembarcar de una balsa en la isla griega de Lesbos. | Foto: Yannis Behrakis/Reuters

Para Manuel, padre de tres hijos, han sido «cabezas de turco» con un claro mensaje a los defensores de derechos humanos. «En dos años da tiempo a pensar muchas cosas, y esta es la más coherente en esta incoherencia».

Por su parte, Manuel hace hincapié en que PROEM-AID en todas sus labores de rescate siempre informa a las autoridades portuarias así como a Acnur para que luego ellos puedan trasladar a los refugiados a los campamentos pertinentes. «Criminalizar al que ayuda puede ser una forma de hacer política y estrategia comercial», apunta el bombero, que ahora se muestra «bastante preocupado ante lo irracional de la situación».

 

Legislativa: la doble cara de la misma moneda 

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su artículo 98, ‘Deber de prestar auxilio’, establece que: 

1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros:

a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar;

b) Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo;

c) Caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala.

2. Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales.

Sin embargo, por contra, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90/CE del Consejo permite a los estados miembros sancionar a los ciudadanos que presten asistencia humanitaria a los migrantes en situación irregular.

«Es la doble cara de la misma moneda», apunta Manuel.

En este sentido, PROEM-AID ya en 2016 reclamó ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara un cambio de la normativa europea que permite a los estados miembros penalizar a quienes, como ellos, prestan este tipo de ayuda. En el texto de la petición pide en concreto que no se castigue «a los que defienden la dignidad y derechos de las personas más vulnerables» e instan a «que no se pueda sancionar penalmente» a las personas que ayudan a refugiados e inmigrantes «por razones humanitarias».

El próximo 7 de mayo será el juicio contra Manuel, Julio y Quique en el que podrían ser condenados a 10 años de prisión por hacer la labor que los estados no están haciendo y salvar vidas, poniendo en tela de juicio la directiva europea que permite criminalizar a las personas que ayudan a otras a transitar con ánimo humanitario.