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¿Qué significa ser aforado? ¿Cuántos hay en España? ¿A quién afecta la propuesta de Sánchez?

Foto: Ramón de la Rocha | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el Gobierno va a proponer una reforma de la Constitución que permita acabar con los aforamientos de los cargos políticos. Se trataría de una reforma exprés de la Constitución, como la que se pactó entre PSOE y PP en el 2011 con el artículo 135, y necesitaría los votos a favor de tres quintas partes del Congreso y del Senado —donde el PP tiene la mayoría absoluta de la cámara, por lo que sería imprescindible su apoyo—. En el caso de aprobarse, la medida podría entrar en vigor en 60 días desde su tramitación.

¿Qué significa ser aforado?

Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto —de mayor rango— al que le correspondería a un ciudadano normal.

 

¿Por qué hay aforados?

La justificación para la existencia de los aforamientos es que los tribunales superiores están menos sujetos a las presiones políticas que los tribunales ordinarios, en el caso de que haya que juzgar a un cargo público de responsabilidad. Además, en el caso de los miembros del Gobierno, cuyo aforamiento está recogido en la Constitución, esta protección “actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno, evitando las presiones de las que en otro caso podrían ser objeto sus miembros”, según recoge la web del Congreso.

 

¿Cuántos aforados hay en España?

En nuestro país hay alrededor de 250.000 aforados, de los cuales 232.000 pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a las policías autonómicas. Otros cinco aforados son de la Familia Real; en el caso del Rey, su figura es, además, “inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. El resto, unos 17.600, pertenece a instituciones estatales y autonómicas, entre miembros del Gobierno, diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, políticos, jueces y fiscales, según datos facilitados en el Congreso por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en 2017. No hay un listado oficial, pero algunos expertos consideran que el número de cargos políticos aforados ronda los 2.000.

En la Constitución solo está recogido el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo; en el caso de los diputados autonómicos y miembros de los Gobiernos regionales, su aforamiento está recogido en sus estatutos de autonomía, y el de jueces y fiscales está reglado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

¿A quién le afecta la propuesta de Sánchez?

La propuesta de Sánchez no afecta a los 250.000 aforados, sino solo a los diputados, senadores y ministros, cuyo aforamiento está recogido en la Constitución. De esta forma, tanto los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, los miembros del poder judicial y los diputados autonómicos seguirían manteniendo su aforamiento.

Además, la propuesta del Gobierno es que los cargos políticos sigan estando aforados ante casos que tengan que ver con el ejercicio de su actividad, es decir, si alguien les denuncia por una decisión administrativa que hayan tomado; pero la protección se eliminaría para cuestiones que no tengan nada que ver con su función como cargo público, como una denuncia por conducir bajo los efectos del alcohol, irregularidades en sus titulaciones o por tener una cuenta en Suiza, por ejemplo. En los casos de corrupción, en muchas ocasiones sí se trata de cuestiones relacionadas con el ejercicio de su cargo, por lo que en principio se mantendrían los aforamientos.

 

¿Afecta esta propuesta a Pablo Casado?

El caso del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, es uno de los casos mediáticos más recientes en el que su condición de aforado ha impedido que sea investigado por el juzgado de Madrid que lleva su caso. La magistrada encargada,Carmen Rodríguez-Medel, ha elevado la causa al Tribunal Supremo para que este decida si iniciar o no una investigación.

Así, la reforma de Pedro Sánchez afectaría a Casado siempre que el Tribunal Supremo no se hubiera pronunciado aún sobre su causa, y en el que caso de que se añadiera una disposición adicional en la reforma de la Constitución en la que se precisara que esta nueva medida se aplica también a los casos que ya estaban en curso en el momento de la aprobación.

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