¿Son legales los confinamientos parciales para frenar el coronavirus?
Foto: Paul White| AP

Sociedad

¿Son legales los confinamientos parciales para frenar el coronavirus?

Para aclarar las cuestiones legales sobre estas medidas que restringen derechos como el de libre circulación, hablamos con dos catedráticos en Derecho Constitucional

por María Hernández

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Los casos de coronavirus no bajan en España. Al contrario, su aumento preocupa ya a la población y a los profesionales sanitarios, que ven cómo los hospitales llenan cada vez más camas con enfermos de COVID-19 y temen que se llegue a un colapso sanitario como el que vivimos durante el estado de alarma. Ante esta situación, piden al Gobierno nuevas medidas más eficaces para frenar la propagación del virus.

Por el momento, el confinamiento general en España no parece ser una opción de nuevo, por lo que son las comunidades autónomas las que deciden qué medidas tomar y cómo de restrictivas deben ser. Así, hay quienes optan por medidas como el confinamiento de ciertos lugares y quienes prefieren medidas menos estrictas, como la limitación del horario del ocio nocturno.

Con la aparición de estas nuevas normas ha surgido un debate entre los juristas del país, que no se ponen de acuerdo sobre si los confinamientos de estos núcleos de población que estamos viviendo en las últimas semanas son constitucionales o no.

Para aclarar las cuestiones legales sobre estas medidas que limitan la libertad de circulación y de reunión de los ciudadanos, dos derechos fundamentales, hablamos con dos catedráticos en Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo y Carlos Flores Juberías.

¿Es necesario el estado de alarma para confinar?

Este es el principal tema de desacuerdo entre los juristas. Mientras unos consideran que hay alternativas al estado de alarma, como la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, otros creen que los confinamientos sin el estado de alarma, aunque no son imposibles, sí son muy complicados de aplicar.

«En España lo que se tenía que haber hecho era haber mantenido el estado de alarma declarado como un paraguas al que se puede acudir por la autoridad competente y que sea él quien adopta, con la cobertura jurídica indiscutible y prevista en la Constitución, la medida que tenga que adoptar», opina Pérez Royo, catedrático en la Universidad de Sevilla. «Fuera de eso, no tenemos ninguna respuesta jurídica indiscutible», añade.

«El problema es que si se recurre a la ley de sanidad o a la de seguridad, se corre el riesgo de acabar ante los tribunales de justicia y que en cada caso el juez diga lo que le parezca oportuno», explica Pérez, que considera que «esto es un gasto de tiempo y energía en un momento en el que lo importante es la rapidez de actuación».

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Foto: Emilio Morenatti | AP

No opina lo mismo Carlos Flores, catedrático en la Universidad de Valencia. «Prácticamente todos los juristas, o por lo menos todos los que yo conozco, hemos venido diciendo lo contrario, que no era imprescindible mantener el estado de alarma porque la ley habilita fórmulas que permiten esos aislamientos».

La Ley 3/1986 establece en su segundo artículo que «las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».

Además, el artículo tercero establece que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

Esto, para Carlos Flores es el argumento jurídico necesario para confinar pequeñas áreas o núcleos de población. «Mientras estemos hablado de confinamientos selectivos, las comunidades autónomas disponen de esa capacidad», sentencia.

«Eso es un lío, sin el estado de alarma es muy complicado jurídicamente, de manera indiscutible. Con el estado de alarma tienen cobertura jurídica 100%. Lo otro, bueno, se puede estirar como un chicle una norma determinada y su interpretación, pero siempre estás forzando», considera por otra parte Pérez Royo.

¿Pueden confinar un edificio? ¿Y una ciudad?

Si tenemos en cuenta la interpretación que hace Flores, las comunidades autónomas pueden ordenar confinamientos selectivos, siempre que la zona sea razonable y relativa al número de casos y dónde están distribuidos. «La ley lo que exige es que haya un indicio racional de que sea necesario llevar a cabo ese confinamiento, si no hay ese indicio racional, la comunidad autónoma pierde la posibilidad de hacerlo», explica el jurista.

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Foto: Manu Fernández | AP

Por tanto, la discusión no es si se puede confinar, sino qué se entiende por un confinamiento selectivo. «Confinar un bloque de edificios probablemente es selectivo, un pueblo de 1.000 habitantes seguramente es selectivo, la provincia de Valencia pues no, yo diría que no, pero entre un extremo y otro caben muchas posibilidades».

Así, lo que es muy probable que la justicia no acepte es el confinamiento de grandes núcleos de población o de una comunidad autónoma, como intentó la Generalitat de Cataluña. «Por tanto, si estuviésemos ante un rebrote generalizado que exigiese un confinamiento generalizado de la población, entonces sí tendríamos que volver al punto de partida, que es el estado de alarma, porque solo con el estado de alarma, incluso yo diría que con el de excepción, es posible llevarlo a cabo», apunta Flores.

Siempre con autorización judicial

En lo que sí coinciden los dos juristas es en que, si se aplica esta ley, el confinamiento debe pasar por el juez para ser autorizado antes de ser ordenado por la autoridad competente en cada caso. Es decir, no puede hacerse de manera directa por parte del Gobierno como ocurría durante el estado de alarma.

«Tienes que dirigirte al juez y que te autorice a decretar el confinamiento», explica Pérez, que considera que «probablemente en la mayor parte de los casos, si la autoridad se dirige al juez por un brote y se necesita el confinamiento, previsiblemente el juez lo autorizará».

«Ese control lo que pretende es constatar que efectivamente hay una necesidad y que hay una proporcionalidad, las dos cosas, que hay una necesidad de confinar y que el confinamiento es lo suficientemente restrictivo como para que no sea generalizado», dice, por su parte, Flores.

 

En este vídeo resumimos las claves sobre la regulación de estos confinamientos: 

María Hernández

De Murcia y madrileña de adopción. Escribo a menudo sobre derechos humanos e inmigración. También estudié Publicidad, pero lo mío es el periodismo. Y los viajes.