164 defensores medioambientales fueron asesinados en 2018, según Global Witness

En 2018 fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, 37 menos que el año anterior. En Filipinas y Brasil se ha producido un descenso, lo que ha colocado a  Colombia a la cabeza en el listado de Latinoamérica, según un informe de la organización Global Witness (GW).

A pesar de la disminución en el número de asesinatos en Filipinas, este país sigue encabezando la clasificación con 30 muertes. En Latinoamérica son Colombia, Brasil, Guatemala y México, con 83 muertes en total, los que la lideran.

Según el estudio, hecho público este martes por la ONG internacional GW, Europa sigue siendo el continente menos afectado por los asesinatos de defensores ambientales, con solo tres muertes, todas en Ucrania.

GW ha resaltado que más de la mitad de los asesinatos ocurridos en 2018 fueron en Latinoamérica, «el continente más afectado de manera constante» desde que en 2012 la organización iniciara el análisis sobre defensores ambientales.

Asimismo, GW ha detallado que Brasil ha dejado de encabezar el listado en Latinoamérica lo que se corresponde con un descenso general en las tasas de homicidios al año en este país. Esa disminución coincide con un descenso en la «pérdida de bosques tropicales e invasiones de tierras», aunque, según los expertos, «esa reducción podría estar retrocediendo en los primeros meses de 2019».

En Guatemala, los asesinatos se han incrementado al pasar de tres en 2017 a 16 en 2018, una situación que, según un cálculo per capita, convierte al país centroamericano en «el más peligroso del periodo analizado».

La criminalización y las demandas civiles se están utilizando para «reprimir» el activismo ambiental y la defensa de los derechos a la tierra en todo el mundo, incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido, según fuentes de Efe.

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La lucha por la defensa de la tierra y el ambiente ha criminalizado cada vez más a los activistas ambientales, según GW, que ha documentado por primera vez «el uso y abuso de leyes y políticas» para intimidar a defensores, familias y comunidades.

Más de tres activistas son asesinados por semana 

En promedio, más de tres activistas fueron asesinados por semana y son los grupos indígenas los que están en «primera línea de ataque de los sistemas judiciales, las instituciones y las organizaciones que los protegen».

Entre ellos están las historias de Julian Carrillo y Jose Luis Álvarez Flores, ambos mexicanos y defensores medioambientales.

El primero sabía que era un hombre «marcado»: era un opositor a las concesiones mineras en las tierras de su comunidad, en el Estado de Chihuahua. Había sobrevivido al asesinato de cinco miembros de su familia en dos años y al incendio de su casa. Había recibido numerosas amenazas de muerte hasta que su cuerpo fue encontrado, acribillado, el 24 de octubre de 2018.

Álvarez Flores era un ecologista mexicano de 64 años, defensor del santuario del mono saraguato en el estado suroriental mexicano de Tabasco.

Como Carrillo, también había recibido amenazas de muerte, por lo que había solicitado protección a las autoridades. Sin embargo, fue asesinado a causa de cinco disparos.

«Reprobamos este cobarde asesinato, exigimos justicia, que protejan a su familia y otros dos defensores más que fueron amenazados», declaró Miguel Pérez, presidente de las Unidades de Manejo Ambiental (Uma) de Tabasco.

Aunque el informe ha recogido datos de 2018, Global Witness ha advertido de que, en el momento de redactarlo en julio de este año «hay señales preocupantes de que la situación de los defensores de la tierra y el ambiente empeorará».

El listado completo de asesinatos incluye a Filipinas, Colombia, India, Brasil , Guatemala, México, República Democrática del Congo, Irán y Honduras. Seguidos por Ucrania, Venezuela, Camboya, Kenia, Gambia, Chile, Pakistán, Senegal, Sudáfrica e Indonesia con uno respectivamente.

Es probable que el número de activistas asesinados sea mayor, porque a menudo no se registran los casos y rara vez se investigan, señala el informe.

Las agresiones vienen sobre todo de la industria de la minería e industrias extractivas, la agroindustria, la protección de las fuentes de agua y las represas y la explotación forestal. Asimismo, nueve están relacionados con la caza ilegal, dos con la pesca, uno con la energía eólica y siete con otras causas.

Las fuerzas de seguridad responsables de 40 muertes

El estudio ha documentado «por primera vez el uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a los defensores, sus familias y comunidades» y ha vinculado a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los asesinatos. Mientras, según GW, «actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes fueron los presuntos agresores en 40 muertes».

Destaca que los asesinatos son la «manifestación más violenta de un sinnúmero de abusos» y, sin embargo, el hallazgo de pruebas fiables y verificables es «difícil» para el esclarecimiento de los mismos.

GW ha sostenido que los ataques no suelen documentarse y, en muchas ocasiones, los gobiernos y las multinacionales suelen utilizar equipos de abogados, tribunales y sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses.

Los gobiernos, las empresas y pandillas criminales «roban tierras y destruyen hábitats naturales para incrementar ganancias» a medida que aumenta la demanda de productos como la madera, los minerales o el aceite de palma.