El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Majadahondaha acordado la imputación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por presuntos delitos de coacciones, amenazas y prevaricación administrativa. Además, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La querella ha sido interpuesta por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF). También ha sido imputado Andreu Camps, secretario general de la RFEF.
En contexto: la ACFF acusa al presidente de la RFEF de realizar una «campaña de acoso y hostigamiento» hacia los equipos que forman la Liga Iberdrola con el objetivo de hacerse con la explotación de sus derechos audiovisuales, adjudicados en su día a Mediapro mediante un concurso público. La Asociación de Fútbol Femenino denuncia que este mismo mecanismo de coacciones ha sido empleado por Rubiales y la RFEF para «tratar de hacerse con otros activos audiovisuales como los correspondientes al fútbol sala o a las competiciones de fútbol en la Segunda División B y Tercera División».
De esta forma, según El Mundo, que ha tenido acceso a la querella, el objetivo de Rubiales, a juicio de los denunciantes, radicaba en que los clubes femeninos «incumplieran las obligaciones contractuales asumidas, no dudando en utilizar para ello distintas y veladas amenazas, materializadas, además, en algunos casos, a través de la incoación e instrucción de distintos expedientes sancionadores de naturaleza injusta e improcedente, utilizados como medio de extorsión y, en otros, a través de la injustificada denegación de la concesión de subvenciones o participación en ayudas para el desarrollo de la actividad deportiva».
Los clubes femeninos relatan que la adjudicación de sus derechos por concurso público llevó a los responsables de la RFEF a amenazarles diciendo: «Os vais a meter en un problema».
