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Naciones Unidas aprueba una resolución contra el tráfico de órganos a propuesta de España

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó ayer por consenso, a iniciativa de España, una resolución para el «fortalecimiento y promoción de medidas efectivas y cooperación internacional sobre donación de órganos y trasplantes para prevenir y combatir el tráfico de personas con fines de extirpación y tráfico de órganos humanos»

Naciones Unidas aprueba una resolución contra el tráfico de órganos a propuesta de España

La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado por consenso, a iniciativa de España, una resolución para el «fortalecimiento y promoción de medidas efectivas y cooperación internacional sobre donación de órganos y trasplantes para prevenir y combatir el tráfico de personas con fines de extirpación y tráfico de órganos humanos», ha informado el Gobierno este sábado. La iniciativa ha contado con el asesoramiento de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la colaboración especial de Guatemala.

La resolución aborda los ámbitos de los derechos humanos, de la salud y penal e insta a desarrollar políticas nacionales y marcos de colaboración internacional y regional más eficaces en la lucha contra estos delitos.

La lucha contra el tráfico de órganos pasa por fomentar la donación de órganos para avanzar hacia la autosuficiencia en trasplante. Por ello, la resolución anima a los Estados miembros de Naciones Unidas a que desarrollen «sistemas eficaces de donación y trasplante, guiados por principios éticos universalmente aceptados, como es el carácter altruista de la donación y la equidad en el acceso al trasplante sin ningún tipo de discriminación».

También prevé que los países con experiencia en trasplante de órganos como España, que es el primer país del mundo en donaciones por delante de EEUU, presten asistencia técnica a los países que así lo soliciten con vistas a ayudarles a establecer sistemas de donación eficaces.

La resolución «condena el tráfico de órganos como violación de los derechos humanos», y ofrece especial protección a las víctimas y a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, invitando a los países a «adoptar medidas concretas» como la información sobre las consecuencias de la extracción de un órgano en el seno de prácticas ilícitas, apoyo médico y psicológico y mecanismos de reparación a las víctimas.

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