Un informe de la ONU acusa a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad
MATIAS DELACROIX | AP Photo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su Gobierno chavista están vinculados con posibles «crímenes de lesa humanidad», tal y como se recoge en un minucioso documento de una misión de la ONU que se ha presentado este miércoles a la comunidad internacional.
En contexto: el informe, que había sido encargado en 2019 por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, ofrece amplia información «que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados». Estos crímenes, cometidos desde 2014, incluirían ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos degradantes, muertes bajo custodia del Estado, desaparición forzada, represión política selectiva y uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
El minucioso informe, de 443 páginas, está refrendado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para su elaboración, los responsables de la ONU llevaron a cabo entrevistas confidenciales y revisaron documentos confidenciales, incluidos expedientes de casos. En total se han realizado 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios del Estado, abogados/as, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.
Una de las conclusiones es que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa «contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados». En 2017, un informe de la ONU ya acusó a Maduro de cometer este tipo de crímenes.
Además, según el documento, todos los organismos de seguridad estatal en Venezuela (Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana) están implicados en las graves violaciones de los derechos humanos.
«Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes», denuncia el informe, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la semana que viene.
El documento admite dificultades en la investigación, entre otras razones porque el gobierno de Maduro no aceptó la llegada de misiones de la ONU a Venezuela para verificar los hechos. Asimismo, las dificultades de acceso a Internet y a electricidad dificultaron las entrevistas a testigos, y las restricciones de viajes impuestas por la pandemia de COVID-19 impidieron trasladar a estos testigos a lugares seguros.
