Portugal se prepara para legalizar la eutanasia
De llegar a buen término el proceso, sería el cuarto país en legalizar esta práctica
El Parlamento portugués examina este jueves varios textos a favor de la despenalización de la eutanasia, rechazada por poco margen hace casi dos años pero con muchas posibilidades de ser aprobada esta vez. Cinco propuestas de ley que autorizan la «muerte médicamente asistida«, una de ellas presentada por el Partido Socialista (PS) en el poder, serán debatidas a partir de las tres de la tarde (hora portuguesa) y votadas en primera lectura. Varias organizaciones contrarias a esta medida han convocado manifestaciones ante la institución a lo largo del día.
En mayo de 2018, el Parlamento portugués rechazó por una mínima mayoría de cinco votos varios textos sobre esta cuestión. Desde entonces, la formación socialista ha ganado peso en las elecciones legislativas de octubre pasado, lo que tendría que reflejarse en un resultado de la votación a favor de la eutanasia. «Creo que todas las propuestas serán adoptadas, ya que ahora tenemos una mayoría parlamentaria favorable a la despenalización de la eutanasia», ha dicho Bruno Maia, médico neurólogo y dirigente de un movimiento en defensa del «derecho a morir dignamente».
Teniendo en cuenta, sin embargo, que ni los diputados del PS ni los de la principal formación de oposición de derecha han recibido consignas de voto, el resultado positivo de la votación no está asegurado. Pero el primer ministro, Antonio Costa, y el jefe de la oposición, Rui Rio, son favorables a la adopción.
En cambio, la Iglesia católica, ampliamente mayoritaria en Portugal, las organizaciones representativas de médicos y enfermeros, así como el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida, un órgano consultivo independiente relacionado con el Parlamento, se oponen a los textos examinados.
A la propuesta socialista, que determina «las condiciones especiales para la práctica de la eutanasia no punible», se suman las del Bloque de Izquierda (extrema izquierda), la del partido animalista PAN, la de los Verdes y la de un diputado liberal. El Partido Comunista, el grupo minoritario de derecha CDS-PP y el único diputado de extrema derecha del hemiciclo ya han anunciado que votarían en contra de todos los textos.
Si las propuestas son adoptadas en primera lectura, serán fusionadas en un solo texto antes de la votación final. Esta ley será sometida después a la firma del presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa. El jefe de Estado no ha expresado abiertamente su posición respecto al tema pero, como ferviente católico, podría interponer un veto, que sería sin embargo anulado en una segunda votación de los diputados. También podría enviarlo al Tribunal Constitucional para que este juzgue si está conforme a la ley fundamental del país.
Cuarto país en legalizar la eutanasia
Si este proceso legislativo llega a buen término, Portugal se convertirá en el cuarto país europeo que legaliza la eutanasia, después de Bélgica, Luxemburgo y Holanda. En España, el Gobierno obtuvo la semana pasada el visto bueno del Congreso de los Diputados para examinar un proyecto de ley que reconoce el derecho a la eutanasia bajo estrictas condiciones.
En Portugal, al contrario de lo que sucedió en 2018, la Iglesia católica defiende que se organice un referéndum para consultar a la población, ya que está convencida de que la mayoría rechazará la eutanasia. Aunque esta iniciativa seguramente no logrará suficientes apoyos en el Parlamento, «el referéndum es nuestra única posibilidad para frenar esta ley», José Seabra Duque, católico practicante y miembro de la dirección de la Federación Portuguesa para la Vida.
Esta plataforma, que reúne a una veintena de asociaciones conservadoras, ya recogió cerca de los dos tercios de las 60.000 firmas para pedir a los diputados examinar una propuesta de «referéndum de iniciativa popular» sobre la cuestión. En el sondeo más reciente sobre el tema, de 2017, 46,1% de las personas interrogadas se dijeron favorables a la eutanasia y 27,4% en contra. Pero un 44,1% consideraba entonces que era necesario celebrar un referéndum, frente al 32,7% de opiniones en contra.
