Las familias que acogen ucranianos denuncian el abandono del Estado: «Se lavan las manos»

Las familias que decidieron hace semanas acoger a personas ucranianas que huyen de la guerra denuncian que se sienten abandonadas por parte de las administraciones. Afirman que ellos tomaron la decisión de manera solidaria y sin esperar ayudas, pero critican que los ayuntamientos y el Gobierno se están desentendiendo de sus obligaciones y no están ayudando a las personas refugiadas, a pesar de todo lo prometido. 

Familias repartidas por distintos puntos de la geografía española han ofrecido sus casas, su tiempo y su dinero para ayudar a las personas que huyeron de Ucrania, en su mayoría mujeres y niños, a empezar una nueva vida en España, con todo lo que eso supone al principio. El problema, según afirman varias personas en conversaciones con THE OBJECTIVE, es que los ayuntamientos y las administraciones públicas están eludiendo sus responsabilidades y dejando la carga sobre estas familias. 

«La responsabilidad de hacerse cargo de las personas refugiadas es estatal, el Estado es el que debería hacerse cargo y no lo está haciendo», denuncia Ina Robles, que tiene acogidas en su casa a tres personas. «Estamos viendo que aquella intención de tratar a estas personas como refugiados se quedó en intención, lo único que han hecho ha sido dejarlas entrar en España, pero no se han hecho responsables de ellas», añade.

Sin ayuda para la documentación

La principal queja de estas familias es que son ellas las que se están encargando de acompañar a las personas acogidas a solicitar todos los documentos necesarios para poder trabajar, asistir al médico o escolarizar a los niños. 

«El tema de los papeles lo hemos tenido que hacer nosotros, asesorados por una asociación», explica a este diario Pedro, que, junto a su mujer, ha alquilado un piso en Ciudad Real para una familia ucraniana. «Están un poco perdidos, yo creo que no saben bien cómo atajar este tema», dice en referencia a las administraciones. 

Francisco Ponce, que coordina la acogida de diferentes grupos de personas en Sevilla, ha tenido que facilitar al resto de familias un documento explicando los pasos que debían seguir en lo que a documentación se refiere, porque «es más complejo de lo que la gente piensa». «Lleva muchísima burocracia y hay cosas que realmente no pueden hacer solos, porque no hay traductores», critica. 

En el mismo sentido se pronuncia Mihai Besedovschi, que acogio a una madre y su hijo en el País Vasco, y que asegura que los tráites han sido «un calvario» en el que toda la ayuda que han recibido han sido «favores personales». «El acompañamiento que ellos necesitan para cumplir todos esos trámites legales es enorme», dice, por su parte, Robles, que denuncia que «siempre que nos hemos puesto en contacto lo que hemos recibido han sido muy buenas palabras pero absolutamente nada en firme». 

El papel de las asociaciones

En lo que coinciden tanto las familias con las que ha hablado este medio como las que exponen sus quejas por redes sociales es en que los ayuntamientos se limitan a transferir la responsabilidad a las asociaciones, a las ONG, y, por tanto, es a ellas a quienes deben dirigirse. 

Aunque hay diferentes experiencias según el pueblo o ciudad, ninguna de las personas consultadas han recibido una ayuda satisfactoria por parte de las organizaciones oficiales a las que el Gobierno ha encargado las labores de protección de los refugiados. 

Ponce critica que CEAR, una de estas organizaciones, ofrece «una representación legal que realmente no va a ningún sitio, porque si no estás acogido a su tutela, ni te tramitan la policía, ni la seguridad social, no te tramitan absolutamente nada». 

«Hay cuatro ONG oficiales, pero hay que cumplir sus normas, que implican llevar a esta gente a uno de sus centros y ellos los acogen y los mandan a algún albergue donde les van a dar alojamiento y la comida y punto, los pueden mandar a cualquier punto de España», explica Pedro. «Esa no es la solución, estas familias que tenemos aquí están empadronadas, están escolarizados los niños, tienen su médico asignado, tienen su vivienda, están adaptándose».  

Algo parecido pasa en el País Vasco, donde tienen, como en todas partes, cubierta la representación legal y los medicamentos a través de CEAR, pero «de una forma muy complicada», señala Robles. 

Ayudas prometidas que nunca llegan

Las familias de acogida asumen solidariamente todos los gastos de los refugiados, pero consideran que después de casi tres meses desde que empezó la guerra, las ayudas prometidas a estas personas deberían estar ya disponibles, puesto que sus recursos son limitados. «No puede ser que la administración anunciara en medios de comunicación que iba a tratar a estas personas como refugiados y se haya lavado las manos», denuncia Robles.

«Estas ayudas están ya publicadas en prensa y en telediarios a bombo y platillo desde hace dos semanas, parece que están en marcha desde entonces, pero nosotros de momento no sabemos ni cómo hay que solicitarlas», critica. «Están todo el rato anunciando, pero luego nada de nada, solo promesas», dice en el mismo sentido Mihai Besedovschi.

De lo mismo se quejan las familias de los pueblos de Ciudad Real: «No les está faltando de nada por el compromiso personal nuestro, de los ciudadanos, pero ni el Gobierno, ni ayuntamientos, ni comunidades están ayudando en nada». 

Desde Sevilla, Ponce se queja de que no solo no están aportando las ayudas económicas prometidas, sino que tampoco echan una mano con todos los trámites ni con otro tipo de apoyos, como los cursos para aprender el idioma: «Yo he ido al ayuntamiento a ver si hay una forma de echar una mano y ni a mí ni a la familia, son así de tajantes».

«Yo asumo mi responsabilidad, pero alguna ayuda deberían dar ellos, porque esto fue lo prometido en un principio, el Gobierno decía que se iba a volcar, y lo estamos soportando los particulares», denuncia Pedro.