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El Gobierno español pide una solución política para Siria tras siete años de conflicto

Cuando se cumplen siete años del comienzo del conflicto en Siria, el gobierno español ha expresado su consternación por la persistencia de la guerra que asola el país y que ha provocado más de 400.000 muertos, 11  millones de refugiados y desplazados, una catástrofe humanitaria y un sufrimiento atroz. El Gobierno ha defendido una solución política al conflicto «que respete la unidad, la integridad territorial y la soberanía del país».

El Gobierno español pide una solución política para Siria tras siete años de conflicto

Cuando se cumplen siete años del comienzo del conflicto en Siria, el gobierno español ha expresado su consternación por la persistencia de la guerra que asola el país y que ha provocado más de 400.000 muertos, 11  millones de refugiados y desplazados, una catástrofe humanitaria y un sufrimiento atroz. El Gobierno ha defendido una solución política al conflicto «que respete la unidad, la integridad territorial y la soberanía del país«.

En una nota de prensa de la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha considerado urgente que el pueblo sirio quede libre de los bombardeos masivos, de las armas químicas, la violencia y el régimen del terror yihadista, así como de la escasez, el exilio o la discriminación y ha hecho un llamamiento «a todas las partes» a asumir responsabilidades.

Para ello, ha pedido que se cumpla la resolución 2401 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de febrero de 2018 «en todos sus extremos», tanto el alto el fuego en todo del territorio como el acceso humanitario a la población necesitada.

Además, ha exigido que se retome el proceso negociador y el diálogo político en el marco del proceso de Ginebra y se inicien los trabajos de la comisión constitucional acordada en la Conferencia de Diálogo Nacional de Sochi de enero de 2018.

«El futuro de Siria debe basarse en un marco de convivencia democrático entre personas y comunidades sin discriminación alguna por razón de género, etnia o religión», se puede leer en el comunicado. Además, el Ejecutivo ha apelado a que se investiguen todas las violaciones contra el derecho internacional humanitario y que los responsables de las mismas sean llevados ante la Justicia.

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