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El Tribunal Supremo archiva la denuncia de Torrent contra el juez Llarena

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, contra el juez de este tribunal Pablo Llarena y otros tres magistrados. La denuncia ha sido archivada por no cumplir el requisito de haber sido formulada mediante una querella, como requiere la ley.

El Tribunal Supremo archiva la denuncia de Torrent contra el juez Llarena

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, contra el juez de este tribunal Pablo Llarena y otros tres magistrados. La denuncia ha sido archivada por no cumplir el requisito de haber sido formulada mediante una querella, como requiere la ley.

“Al haber sido presentada denuncia y no querella, es claro que no se satisface el meritado requisito de procedibilidad, lo que es suficiente para acordar el archivo de las actuaciones”, ha explicado el Tribunal Supremo, que no ha planteado siquiera la posibilidad de aceptar la denuncia.

La denuncia de Torrent se formuló por presuntos delitos de prevaricación judicial y detención ilegal contra el juez Pablo Llarena, que instruye la causa sobre el proceso independentista en Cataluña, y contra los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, integrantes de la Sala encargada de resolver los recursos de apelación contra las decisiones del instructor.

La Mesa del Parlament aprobó querellarse contra los magistrados en el mes de abril con el objetivo de defender “los derechos políticos” de los diputados, después de que el juez Llarena denegara la salida de prisión del parlamentario de Junts per Catalunya Jordi Sànchez para ser investido presidente de la Generalitat.

La decisión de presentar la denuncia fue aprobada por los partidos independentistas Junts per Catalunya y Esquerra Republicana a pesar de la oposición de los letrados del Parlament, que expusieron que debería ser presentada por partidos políticos o personas concretas, pues el motivo no era de “interés común” para el Parlamento catalán.

El Gobierno central advirtió tras conocer la intención de presentar esta querella que podría constituir “malversación de fondos, aparte de otros delitos”. “Que luego no digan que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo porque se lo han dicho con toda claridad”, dijo el entonces portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, haciendo referencia a las advertencias de los letrados de la Cámara.

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