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Turull, Rull y Sànchez recurren su procesamiento apelando al caso de La Manada

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez han recurrido su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación ante el Tribunal Supremo. Los tres argumentan que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra La Manada, en las que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tuvo que salir escoltado.

Turull, Rull y Sànchez recurren su procesamiento apelando al caso de La Manada

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez han recurrido su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación ante el Tribunal Supremo. Los tres argumentan que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra La Manada, en las que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tuvo que salir escoltado.

En el auto judicial, la defensa de los tres acusados ha recurrido el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena defiende que las concentraciones del 20 de septiembre ante la consejería de Economía y del 1 de octubre y de 2017 fueron “actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales”.

El abogado Jordi Pina subraya que “no consta que se haya procesado a nadie por sedición en los recientes hechos de protesta ciudadana por la sentencia del caso de la denominada Manada”. Sin embargo, recalca, estas protestas “han tenido lugar ante tribunales o en presencia incluso del ministro de Justicia, a quien se dificultó la salida de la sede de un colegio de abogados”, que tuvo que abandonar “escoltado, mientras era increpado por centenares de manifestantes”.

El escrito también menciona las concentraciones de las plataformas antidesahucios e insiste en que no hay constancia de que ninguno de sus miembros haya sido procesado, a pesar de que “en algunos casos se han producido enfrentamientos con la policía y en ocasiones se ha impedido incluso con éxito la actuación de la comisión judicial”.

“Estamos, por tanto, ante una calificación absolutamente desmesurada que solo parece poder explicarse por el contexto político que subyace a tales hechos”, argumenta el abogado, que añade que si el objetivo de los concentrados ante la consejería de Economía hubiera sido “alzarse o sublevarse violentamente, la sede oficial habría quedado sencillamente arrasada”.

Sobre las concentraciones del día del referéndum, el abogado niega que fueran un alzamiento violento e insiste en que «las únicas personas que llevaron la iniciativa en el empleo de la fuerza física en aquella jornada fueron los agentes policiales por orden de sus responsables, en algunos casos excediendo de modo claro los límites del cumplimiento de sus deberes».

El recurso de Junqueras y Romeva

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva también han recurrido ante el Tribunal Supremo el auto por el que el juez Llarena acuerda procesarlos por los delitos de rebelión y malversación.

Junqueras ha alegado ante el tribunal que la causa contra el procés será “un juicio a la democracia y a su capacidad para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana pacífica”. Además, ha lamentado la “criminalización” del independentismo catalán.

El escrito mantiene que el proceso independentista es “por definición, un proceso pacífico y legal” y reprocha a Llarena que muestre una “valoración política” de los hechos que instruye.

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