Un tribunal autoriza a Trump a retener fondos a ciudades "santuario" de migrantes
Estas ciudades santuario, como se conoce a los territorios que protegen a los inmigrantes indocumentados, habían presentado una demanda contra el Departamento de Justicia en 2017
Un tribunal de Nueva York ha autorizado al Gobierno de Donald Trump[contexto id=»381723″] a retener millones de dólares destinados a agencias del orden en las ciudades y estados que se nieguen a cooperar con su política contra los inmigrantes indocumentados.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, de 77 páginas, reconoce la autoridad de Departamento de Justicia de EEUU para imponer condiciones a estados y localidades para que reciban las subvenciones del programa federal conocido como ‘Edward Byrne’.
«Si bien respetamos a nuestros circuitos hermanos, no podemos coincidir en que al Gobierno federal se le prohíba imponer las condiciones de los fondos federales que están en disputa en este asunto», señala el documento judicial.
«Estas condiciones ayudan al Gobierno federal a cumplir con las leyes migratorias nacionales y las políticas que sucesivamente han apoyado las administraciones demócratas y republicanas», agrega.
Con este fallo, se revoca una decisión del juez Edgardo Ramos, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, emitida en noviembre del 2018 a favor de que se le entregara a esta ciudad así como Connecticut, Massachussetts, Washington, Nueva Jersey, Virginia y Rhode Island las subvenciones que reclamaban en la corte.
Estas ciudades santuario, como se conoce a los territorios que protegen a los inmigrantes indocumentados, habían presentado una demanda contra el Departamento de Justicia en 2017.
Ramos dictaminó entonces que el Gobierno federal no tenía «autoridad legal» para obligar a las ciudades a divulgar información sobre los indocumentados a cambio de recibir las subvenciones del programa federal Byrne, que lleva el nombre de un fenecido policía de Nueva York y fue creado en 2006.
La acción legal había surgido después del anuncio del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions de que se retendrían los fondos si las ciudades se negaban a dar acceso a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las cárceles o no les notificaban cuando un migrante sin documentos fuera a ser puesto en libertad.
Recientemente, ICE arremetió contra Nueva York por esta política luego de que se dejara en libertad a un migrante que había sido arrestado por agredir a su padre y que luego violó y asesinó a una anciana.
Previamente, se han producido decisiones de tribunales de Chicago, Filadelfia y San Francisco en contra del Gobierno federal
