Una aseguradora tendrá que indemnizar a un hostelero francés por pérdidas relacionadas con el coronavirus

Un tribunal de apelación francés ha condenado a la aseguradora Axa a indemnizar a un hostelero de Marsella por las pérdidas de explotación provocadas por la crisis del coronavirus[contexto id=»460724″].

Por qué te lo contamos: esta es una sentencia que puede crear jurisprudencia. El propietario del restaurante marsellés L’Espigoulier contrató en 2017 una póliza estándar que cubría las pérdidas de explotación derivadas de un cierre administrativo a causa de una epidemia. Axa afirma que tiene firmados 15.000 contratos de este tipo en toda Francia. La aseguradora, que opera en 64 países, ha presentado este jueves un beneficio neto de 3.160 millones de euros, un 18% menos que en 2020.

«Vamos a estudiar detenidamente las razones de esta decisión. Hay que recordar que este mismo contrato está siendo debatido en otros tribunales de apelación del país», ha afirmado la aseguradora Axa en un comunicado.

Para evitar indemnizar a sus asegurados, Axa invocaba una cláusula concreta del contrato que excluía esta garantía «cuando al menos otro establecimiento en el mismo territorio departamental, sin importar su naturaleza y sector de actividad, se vea afectado por una medida de cierre por la misma causa». Como ya lo ha considerado el Tribunal de comercio de Marsella, la corte de apelación de Aix en Provence estimó que esta cláusula de exclusión debía ser ignorada, ya que su aplicación «priva de sustancia la obligación esencial de la garantía».

El tribunal de apelación condena a Axa a indemnizar provisionalmente a L’Espigoulier no solo por el primer confinamiento de la primavera, sino también por el cierre administrativo que desde finales de octubre pesa sobre bares y restaurantes en Francia. El monto de las pérdidas deberá ser evaluado por un perito de Axa.

Para el abogado del restaurante marsellés, Jean-Pierre Tertian, «ya era hora de que esta aseguradora abandonara su postura de resistencia. Al negarse a pagar a sus asegurados, obliga al Estado, y por lo tanto, a los ciudadanos con sus impuestos, a echar mano de la solidaridad nacional».