Una jueza pide al Supremo que impute a Puigdemont por desviar fondos en Girona
La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la magistrada de Girona que elevara el caso al Tribunal Supremo cuando Puigdemont se convirtió en eurodiputado
Reuters
Una jueza de Girona ha pedido al Tribunal Supremo que impute al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por la presunta compra en 2014 de obras de arte con fondos públicos de la gestión del agua durante su etapa como alcalde gerundense, en un caso abierto a raíz de una querella de la CUP.
La sala de lo penal del Supremo ya tiene sobre la mesa la exposición razonada remitida por la titular del juzgado de instrucción número 2 de Girona, elevada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación abierta por el supuesto desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de aguas, Agissa. En su exposición, remitida al Supremo debido a que Puigdemont goza de la condición de aforado al ser eurodiputado, la jueza pide al alto tribunal que abra un nuevo procedimiento contra el expresidente catalán, en este caso por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre pasado a la magistrada de Girona que elevara el caso en un primer momento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si bien cuando Puigdemont dejó de ser diputado autonómico para ser eurodiputado, pidió que lo remitiera al Supremo, según han explicado a Efe fuentes jurídicas. Ahora la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, deberá estudiar si abre una nueva causa contra Puigdemont después de que hace meses el juez instructor del caso del procés pidiera al Parlamento Europeo el suplicatorio para continuar con el proceso de entrega a España para ser juzgado por sedición.
Según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, el consistorio de Girona acordó en 2013 una prórroga de la concesión de la gestión del agua a la empresa mixta Aigües de Girona (Agissa) -participada en un 20% por ayuntamientos y en un 80% por un socio privado-, a cambio del pago de un canon extraordinario por valor de 3,7 millones de euros, de los que el consistorio de Girona recibió 2,6 millones y el resto se lo repartieron los de Salt y Sarrià de Ter.
Los ingresos que genera Agissa provienen fundamentalmente de la venta del agua y del mantenimiento de contadores, con lo que, según Anticorrupción, se cargó al consumidor final con el importe del canon, que la empresa mixta abonó entre 2013 y 2015.
Paralelamente, en febrero de 2014, el entonces alcalde de Girona Carles Puigdemont suscribió un acuerdo para la compraventa, por 3,9 millones de euros, de un fondo de arte, la colección Santos Torroella, ideando un «artificio» para «ocultar», según Anticorrupción, que el primer pago iba a ser a costa del canon extraordinario aportado por Agissa. En el proceso de compra y financiación de la colección se «ocultó» el origen del dinero, según Anticorrupción.
La CUP interpuso en 2015 una querella contra los responsables de Agissa y Girona SA por apropiación indebida y administración desleal, mientras la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación de las supuestas irregularidades en julio de 2017.
