El Gobierno argentino construirá los 14 primeros centros territoriales integrales de políticas de género y diversidad, como parte del plan nacional contra las violencias de género. Así lo ha anunciado este martes el Ejecutivo del país. El anuncio se realiza en el seno de una sociedad conmovida por los feminicidios que han ocurrido en lo que va del año —61 víctimas, según el Observatorio Lucía Pérez—, que en muchos casos se trataron de mujeres que habían denunciado a sus agresores en la Justicia.

Lo más importante: la idea estratégica de los centros para el abordaje integral de la violencia de género es construir espacios de 600 metros cuadrados, de diseño dinámico y flexible, para promover la atención integral de mujeres y personas LGBTI+ con equipos interdisciplinarios en coordinación con las organizaciones comunitarias. Y que haya por lo menos un centro en las 23 provincias y la capital del país, donde trabajen articuladamente la nación, las provincias y los municipios.

«La solución nunca puede ser exclusivamente ir a una comisaría, nunca puede ser exclusivamente ir a un juzgado», ha dicho en el anuncio la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Asimismo, ha añadido que las mujeres necesitan «asistencia y apoyo económico» y ha recordado el Programa Acompañar, que asiste económicamente a las mujeres durante seis meses, y da «acompañamiento para construir una vida autónoma y vida libre de violencia». Esa asistencia «no se hace con una sola intervención y con una sola mirada», por eso se pusieron en valor los centros territoriales, dijo Gómez Alcorta.

La construcción de los centros de política de género requiere la coordinación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Obras Públicas para encontrar los bienes que podía tener el Estado, las provincias y los municipios donde emplazar estos centros.

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, ha dicho en el acto de presentación, en Buenos Aires, que este año casi el 70% de los feminicidios han estado vinculados con las fuerzas de seguridad. Ya sea porque fueron perpetrados por integrantes de las fuerzas (17%), porque es la autoridad junto con la Justicia donde se había denunciado previamente al agresor (29%) o porque el agresor ya tenía alguna orden de restricción (19%).

De Pedro se ha unido a la petición del presidente, Alberto Fernández, de acometer las «reformas estructurales que hacen falta en el poder judicial», debido a los «muchísimos casos donde algunos actores del poder judicial y de las fuerzas de seguridad tienen una responsabilidad inédita con los femicidios».

Fernández había dicho ayer en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: «La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda».

Hace una par de semanas, el Ejecutivo también creó el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Feminicidios, Travesticidios y Transfeminicidios. «No podemos tolerar más la violencia por motivos de género. Sabemos que es un fenómeno complejo y multicausal. Sabemos que la tolerancia de las violencias es una parte central para que esas violencias todos los días sean moneda corriente», dijo Gómez Alcorta.

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