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Medio Ambiente

Varias ONG demandan a Francia por su inacción ante el cambio climático

Las ONGs piden al juez que reconozca «el incumplimiento» del Estado francés en materia de acción climática

Varias ONG demandan a Francia por su inacción ante el cambio climático

Cuatro ONG han presentado este jueves la primera demanda judicial contra el Estado francés por incumplimiento de sus obligaciones en la acción contra el cambio climático, en la senda de otros países como Holanda, Colombia y Pakistán.

La iniciativa de Greenpeace, la Fundación Nicolas Hulot, Oxfam France y Notre Affaire à Tous –Un asunto de todos– está respaldada por los más de dos millones de personas que han firmado la petición «El caso del siglo», en alusión al calentamiento global.

Se trata de un número récord para una petición en internet en Francia y coincide con una movilización creciente de la sociedad civil frente al cambio climático en ese país. Este viernes se celebrarán manifestaciones juveniles en el marco de un llamamiento mundial y el sábado está convocada una «Marcha del siglo».

Las ONG han decidido presentar esta demanda tras conminar al Gobierno a responder a su requerimiento y recibir una respuesta que han juzgado como insuficiente.

«Esperamos mucho tiempo antes de obtener una respuesta del Gobierno, en la cual no anuncia ninguna medida nueva, ninguna reforma profunda», ha declarado Marie Pochon, coordinadora de Notre Affaire à Tous. «Por lo tanto, nos parece normal presentar un recurso jurídico», ha agregado.

 «Un asunto político»

En su respuesta en febrero, el Gobierno rechazó la acusación de inacción y dijo que estaba aplicando medidas que «comenzaban a tener efecto». «Entiendo que se quiera actuar más rápidamente, con más contundencia frente al cambio climático, soy el primero en querer eso y el presidente Macron también», ha reaccionado este jueves el ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy. Pero «en ningún tribunal se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero. Ante todo es un asunto político«.

En su recurso, las ONG piden al juez que reconozca «el incumplimiento» del Estado en materia de acción climática y «obligue al primer ministro y a los ministros competentes» a poner fin a esta inacción. Los demandantes solicitan que se reconozca un perjuicio moral –con el pago simbólico de un euro– y ecológico.

Destacan además los objetivos fallidos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero –que empezaron a subir de nuevo en 2016–, de eficacia energética y de energías renovables, con consecuencias directas sobre la salud y la seguridad alimentaria de los ciudadanos, entre otras repercusiones.

El recurso se apoya principalmente en la Carta de Medioambiente de 2005 y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo valor vinculante fue reconocido por la justicia.

«El valor constitucional de la Carta está reconocido y en ella el derecho a vivir en un entorno sano y respetuoso con la salud, así como la obligación de vigilancia medioambiental a cargo del Estado», ha subrayado Clément Capdebos, consejero de Greenpeace.

Se disparan las demandas

En el extranjer, se está creando una nueva jurisprudencia.  El ejemplo más notorio es la victoria de la ONG Urgenda, que logró que la justicia obligara al Estado holandés a aumentar sus ambiciones de reducción de emisiones.

También destacan los casos de Colombia, donde el Tribunal Supremo reconoció la obligación del Estado a emprender acciones tras la demanda presentada por 25 jóvenes.  Según el Grantham Research Institute, unos 270 recursos están en marcha en 25 jurisdicciones fuera de Estados Unidos, donde se han registrado más de 800 casos.

Un recurso «muy ambicioso»

¿Cuáles son las posibilidades de que la justicia francesa de razón a las cuatro ONG? «Es una cuestión difícil, el recurso es muy ambicioso», ha reconocido Capdebos, que espera la respuesta del juez en un plazo de «uno a dos años».

«Tenemos tres objetivos: que se reconozca expresamente la existencia de la obligación del Estado en materia de lucha contra el cambio climático, que se constaten sus incumplimientos legales y que se le obligue a actuar. Pedimos mucho al juez, pero su margen de maniobra es muy amplio».

«Tenemos grandes esperanzas, con argumentos científicos y jurídicos sólidos«, estima Pochon. «Pero no solo lo lograremos mediante la justicia, cada uno debe actuar a su propio nivel«, ha afirmado.

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