Los bancos españoles pagaron en impuestos más de 6.600 millones de euros en 2023, lo que supuso en la práctica una tasa impositiva del 37% respecto a los beneficios obtenidos en España. Este importe, que supera con creces lo que el Estado dedica anualmente a Cultura y Deportes, representa un 65% más de lo abonado por el mismo concepto un año antes, impulsado en gran medida por el impuesto extraordinario al sector, que sólo en el ejercicio pasado contabilizó más de 1.100 millones y este año ha elevado la factura por encima de los 1.600.
Si se tienen en cuenta los resultados agregados por todos los grupos bancarios, es decir, los obtenidos no sólo en el territorio español, sino en todos los países donde operan, los impuestos pagados por los grandes bancos superaron los 14.000 millones de euros. Solo Santander, un banco global que opera en 10 mercados principales, abonó el año pasado 9.664 millones de euros en impuestos propios, de los que más de la mitad (5.214 millones) corresponde al impuesto sobre beneficios.
Aproximadamente un tercio del resultado antes de impuestos de Santander va destinado al pago de tributos. Otro tercio, aproximado, se destina al pago de dividendos a los cerca de cuatro millones de accionistas que tiene la entidad, muchos de ellos pequeños ahorradores que complementan sus ingresos habituales con esta remuneración. La tercera parte de ese beneficio se destina a reforzar capital y reservas del banco, con el objetivo de poder seguir dando más crédito.
Numerosos organismos e instituciones advierten del potencial daño que un impuesto específico al sector bancario tiene sobre el crecimiento y la creación de empleo. Más aún en un entorno de bajada de tipos de interés, donde las menores tasas podrían venir acompañadas de un mayor volumen de crédito, necesario para generar un mayor dinamismo de la economía.
Recientemente, el Instituto Español de Analistas publicaba un informe donde advertía del riesgo de generar un círculo vicioso que podría acabar impactando en el crédito destinado a hogares y familias: «El perjuicio del impuesto podría ir más allá del accionista, afectando de forma particular al crédito a las familias y las empresas más vulnerables, por dos razones: porque el impuesto reduce el crecimiento orgánico del capital y, por lo tanto, del crédito y porque no reconoce el coste del riesgo», señala el texto.
De este modo, un gravamen extraordinario de alrededor de 1.500 millones de euros al año podría generar una disminución del crédito de 50.000 millones, de los que aproximadamente la mitad supondría menor financiación para las pymes y autónomos, por el mayor impacto en capital que tiene este tipo de préstamos frente a otros como por ejemplo el hipotecario.
Se trata, además, de un impuesto que grava los ingresos, no los beneficios, lo cual significa que no tiene en cuenta las provisiones que las entidades tienen que realizar para los créditos morosos. El Banco de España y otras instituciones también han venido advirtiendo del riesgo que esto puede suponer para la estabilidad financiera.
Igualmente, no se puede obviar la existencia de una normativa europea, dictada por la Autoridad Bancaria Europea y en vigor desde junio de 2021, que, en aras de la prudencia, obliga a los bancos a trasladar al consumidor final todos los costes asociados a los préstamos. Este impuesto, gravando el margen de intermediación, justo imputa como coste añadido a cada préstamo o crédito que se concede.
El impuesto extraordinario a un único sector, como es el financiero, provoca además una pérdida de competitividad de los bancos españoles frente a otros competidores y lastra la cotización en Bolsa de estas compañías. Tal y como reconoció el expresidente del supervisor europeo, Andrea Enria, «los nuevos impuestos han reforzado, para la mayoría de los inversores, la percepción de que los bancos europeos nunca serán rentables, porque cuando comienzan a serlo alguien llega y les quita las ganancias a los accionistas». Según los cálculos del Instituto Español de Analistas, el tributo extraordinario que plantea adoptar el Gobierno en España generaría un efecto negativo en la valoración de los recursos propios de la actividad doméstica de los 3 principales bancos en España del 13%-14%, si bien esta penalización podría llegar a un 22%.
El Banco Central Europeo (BCE) también ha manifestado serias dudas sobre la oportunidad de este impuesto y ha alabado la iniciativa de países como Italia que finalmente han optado porque los recursos que se iban a dedicar al gravamen se dirijan a reforzar el capital.
De hecho, el mantenimiento del impuesto sitúa a España como el único país comparable en el mundo con un gravamen especial para los bancos, ya que otras naciones que implementaron un recargo temporal en el periodo de la subida de los tipos de interés ya lo han retirado o modificado, teniendo en cuenta que el precio del dinero ha bajado de manera significativa y el Euribor ya cotiza por debajo del 2,5%.
