Extremadura se ha consolidado como una de las regiones clave en el proceso de transición energética de España. Su papel es fundamental tanto por la magnitud de su producción eléctrica como por la diversidad y sostenibilidad de sus fuentes, que la sitúan a la vanguardia nacional en energías renovables, solar e hidráulica, y manteniendo, al mismo tiempo, un relevante aporte nuclear.
La región ha alcanzado un récord histórico: más del 51% de la electricidad generada procede de fuentes renovables, y esto la posiciona como la segunda comunidad con mayor producción fotovoltaica del país y con una cobertura de demanda con renovables que supera el 281%; es decir, produce casi el triple de lo que consume sólo con energías limpias.
Además, la energía que se produce en Extremadura es una energía limpia y libre de dióxido de carbono (CO₂), lo que contribuye decisivamente a uno de los principales objetivos que persiguen tanto España como la Unión Europea: la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático. Este avance responde tanto a la riqueza natural del territorio como a la apuesta de empresas y agente sociales por un modelo energético más sostenible y respetuoso con el entorno.
La transición hacia las renovables, sin embargo, convive con la relevancia de la energía nuclear en la zona. La Central Nuclear de Almaraz, ubicada en el norte de Cáceres, sigue siendo un pilar fundamental en el suministro eléctrico de buena parte del país. Su actividad no solo genera empleo directo e indirecto, sino que aporta estabilidad a la red, especialmente en momentos en los que la producción renovable fluctúa.
El cierre de la Central supondría la pérdida de unos 4.000 empleos en la zona, en su mayoría puestos de alta cualificación y tecnificación, lo que agravaría los problemas de despoblación y desempleo que ya afectan a estas comarcas rurales.
Por ello, el debate sobre su continuidad y el calendario de cierre, previsto para 2027 y 2028, han cobrado especial importancia en los últimos tiempos, y diversos sectores de la sociedad, así como expertos y autoridades autonómicas, defienden la necesidad de mantener la actividad nuclear como respaldo esencial para la seguridad energética y la estabilidad industrial de la región, en línea con la apuesta europea por la nuclear como energía de transición.
Es el Gobierno de España quien debe ahora dar el paso decisivo y conceder la prórroga necesaria para asegurar su continuidad.
Por otra parte, y a pesar de su liderazgo en generación de energía, Extremadura se enfrenta a un reto crucial: la gestión y aprovechamiento de toda la que produce. Actualmente, la región consume una pequeña parte de la electricidad que genera, exportando el excedente a otras zonas. Esta situación pone de relieve la urgencia de contar con infraestructuras adecuadas, tanto para el transporte como para el almacenamiento de energía, que permitan maximizar el valor añadido de la producción local y atraer nuevas inversiones industriales.
La ampliación de la red eléctrica, la mejora de las conexiones y la creación de nodos logísticos energéticos son demandas compartidas por instituciones, empresas y sociedad civil extremeñas, conscientes de que la independencia y la soberanía energética no sólo fortalecen la seguridad del suministro, sino que también abren la puerta a un desarrollo económico más equilibrado y sostenible.
La experiencia extremeña demuestra que la convivencia entre renovables y nuclear puede ser una fórmula eficaz para avanzar hacia una economía descarbonizada, garantizar la seguridad de suministro y promover el desarrollo regional y nacional.
Extremadura, con su potencial renovable, su experiencia en generación eléctrica y su compromiso con la sostenibilidad, está llamada a desempeñar un papel protagonista en la transición energética de España y en el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos.
El reto ahora es transformar esa capacidad en oportunidades reales para el territorio y sus habitantes, apostando por un modelo que combine sostenibilidad, innovación y cohesión social.