España fue uno de los 20 países que primero se sumó a la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990. Desde entonces, se han tomado medidas interesantes, como las leyes de protección a la infancia y la creación de Observatorios de Infancia. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente para que los derechos de los niños y las niñas sigan sufriendo vulneraciones en nuestro país, según señala la ONG Aldeas Infantiles SOS.
En varias ocasiones, el Comité de los Derechos del Niño, cuya función es vigilar la aplicación de lo aprobado en la convención de 1990, ha advertido a España de la necesidad de avanzar en el reconocimiento y la protección de los derechos de los menores.
La situación de la infancia en España
Aunque se haya avanzado notablemente en los últimos años, la situación de los derechos de los niños y las niñas en España dista mucho de ser la ideal, según los datos que señala Aldeas Infantiles.
El primero de ellos es que uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza, una cifra muy elevada que vulnera uno de los derechos fundamentales de este grupo de población.
El segundo dato alarmante es que España tenía hasta 2020 la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, año en el que pasó a ser el segundo país con un 16% de abandono escolar prematuro, solo por detrás de Malta, según los datos de Eurostat.
España solo dedica el 1,3% del PIB a políticas de protección de la infancia, una cifra muy inferior a la media europea, que se sitúa en el 2,4%. Además, es el país con la prestación por hijo a cargo más baja de Europa.
Por si esto fuera poco, más de 50 niños y niñas al día sufren maltrato en el ámbito familiar, lo que supone que ven vulnerado su derecho a la protección frente a cualquier forma de violencia.
Por último, la ONG destaca que cada año son más los menores tutelados, en contra de su derecho a vivir con sus padres y madres, y más de 300.000 niños y niñas en España están en riesgo de perder el cuidado de sus padres.
El derecho a crecer en familia
Uno de los puntos en los que más énfasis pone Aldeas Infantiles es el derecho de los menores a no ser separados de sus padres. Año tras año, en España aumenta el número de niños, niñas y adolescentes tutelados por las comunidades autónomas, aunque en 2020 la cifra disminuyó ligeramente: en 2019 superaba los 50.000 y el año siguiente eran 49.171, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Para reducir estas cifras, Aldeas Infantiles insiste en la necesidad de establecer medidas para fortalecer a las familias biológicas y evitar así acogimientos innecesarios. Para ello, hablan del principio de necesidad como eje principal de la protección, que implica «prevenir situaciones que puedan requerir una modalidad de cuidado alternativo», es decir, que la acogida del menor solo se dé tras descartar todas las demás opciones y siempre que responda «al interés superior del niño individualmente considerado».
Y si llega el punto en que la acogida es inevitable, entra en juego el principio de idoneidad, es decir, «la exigencia de cumplimiento de unos mínimos estándares cuando el niño, excepcionalmente, haya debido ser separado de su familia y requiera una modalidad de cuidado alternativo, ya sea familiar o residencial».
Cómo proteger este derecho
Para garantizar el derecho a crecer en familia, Aldeas Infantiles SOS tiene una serie de propuestas que las administraciones públicas podrían llevar a cabo. De todas ellas, estas son las más destacadas:
- Incorporar a la legislación los principios de necesidad e idoneidad como ejes de la protección en este ámbito para que se cambie la forma de actuar.
- Prevenir la separación de la familia a través de medidas que promuevan el cuidado parental.
- Reconocer el derecho de los hermanos a permanecer juntos, salvo que fuera contrario a su interés superior. «La no separación de los hermanos forma parte del derecho del niño a vivir en familia, como concepto que no incluye solo a los padres».
- Explicitar la reintegración familiar como principio y fin de las actuaciones de la acogida. «La reintegración del niño a su familia debe acogerse como parte de la obligación de protección del Estado», señala Aldeas Infantiles SOS que añade que «el derecho a vivir en familia no decae por la separación del niño, sino que debe quedar garantizado en lo posible, permitiendo su retorno en cuanto desaparezcan las causas de la separación».
- Contar con datos fiables para la toma de decisiones respecto a los menores, es decir, recopilar los datos a partir de evidencias y fijarse en indicadores comunes.
- Asignar recursos contra la pobreza infantil, pues «invertir en infancia eleva la probabilidad de éxito en la vida adulta». Insisten además en que «forma parte de la obligación del Estado invertir recursos en la prevención de la separación de los niños y las niñas de su núcleo familiar».
- Garantizar el apoyo hacia la vida independiente como parte de las obligaciones del Estado, porque el cese de la tutela administrativa al llegar a la mayoría de edad no supone el cese de las obligaciones de la administración.
