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Interior aprueba nuevas medidas para coordinar la búsqueda de desaparecidos en España

Foto: Marcelo del Pozo
Reuters/Archivo

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dado a conocer este martes las líneas generales del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos que se pondrá en marcha en los próximos meses, así como el informe estadístico sobre la situación de las personas desaparecidas en España y  las nuevas medidas para coordinar las búsquedas.

En un acto celebrado en la sede del ministerio que ha contado con la presencia de representantes de las ONGs ‘SOS Desaparecidos‘, ‘InterSOS‘, ‘QSD Global‘ y ‘Fundación ANAR‘, así como por los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, el ministro ha subrayado el deseo de su departamento de “contribuir a la tarea de concienciar a la sociedad sobre la situación que viven los familiares de estas personas y hacer patente nuestro compromiso con su búsqueda”, una labor en la que “resulta fundamental el papel de las familias y de las asociaciones e instituciones que las apoyan”.

En este sentido, la actuación policial contempla un protocolo de medidas de cooperación entre los fuerzas y cuerpos de seguridad, las administraciones y otras organizaciones de carácter público o privado según el tipo de desaparición – nivel de alto riesgo y de riesgo limitado. “La cooperación entre todas las instituciones policiales resulta fundamental”, ha insistido Zoido.

Las cifras

Desde que entró en funcionamiento el sistema de Desaparecidos en 2010, el Ministerio del Interior ha recibido 121.118 denuncias de las cuales, en estos momentos, sólo permanecen activas 4.164; las restantes 116.954 denuncias “ya han quedado sin efecto al ser localizadas las personas”, según los datos oficiales.

De los 4.164 casos pendientes de resolución, 3.905 se refieren a situaciones de riesgo limitado y 259 a situaciones de alto riesgo. Estas últimas, según ha explicado el ministro, se dividen entre ‘alto riesgo confirmado’ -un 5,13% del total – y ‘alto riesgo no confirmado’, “que son aquellos casos que están pendientes de confirmación expresa por parte de unidades específicas de Policía Judicial.

Por provincias, el informe indica que donde más denuncias activas hay es en Cádiz con 588, seguido de Barcelona -396-, Madrid -293-, Granada -268-, Málaga -253- y Almería con 214. De éstas, son de alto riesgo 46 en Barcelona, 14 en Las Palmas, 13 en Málaga y 12 en Baleares, Madrid y Murcia.

El próximo 9 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, designado por el Congreso de los Diputados en noviembre de 2010.

Continúa leyendo: Amnistía Internacional ve "excesivos" los cargos de sedición para los Jordis

Amnistía Internacional ve "excesivos" los cargos de sedición para los Jordis

Foto: JAVIER BARBANCHO
Reuters

La organización Amnistía Internacional considera “excesivos” los cargos de sedición contra los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y cree que “se debe suspender la prisión provisional” contra ellos. Lo ha afirmado en un comunicado hecho público este miércoles, dos días después de su encarcelamiento por las protestas que organizaron el 20 de septiembre en Barcelona.

“Amnistía Internacional no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referéndum ni su aplicación”, opina el organismo. “Pero considera que, si bien convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita puede ser perseguido por considerarse una alteración de orden público, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

“Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional. La sedición es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó su entrada en la cárcel sin fianza el pasado lunes por “promover el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1 de octubre”. Sin embargo, Amnistía Internacional hace un juicio diferente de la situación. “De acuerdo a los mensajes que, según el auto de la jueza, publicaron en las redes sociales, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart animaron a los manifestantes a concentrarse delante de los edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal, pero no parece que animaran a los manifestantes a utilizar la violencia, de modo que los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no deberían atribuírseles directa ni indirectamente a ellos en tanto que organizadores de las protestas”, sentencia.

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El PDeCAT apoya que Puigdemont declare la independencia si se aplica el 155

Foto: PDeCAT

La coordinadora general del PDeCATMarta Pascal, ha pedido al presidente catalán Carles Puigdemont que “levante la suspensión” de la declaración de independencia si el Estado aplica el artículo 155 de la Constitución. Lo ha hecho durante el Consejo Nacional Extraordinario organizado por el partido a pocas horas de que expire el plazo concedido por el Gobierno al president Puigdemont para que responda si ha declarado la independencia y vuelva a la legalidad.

El president catalán debe responder antes de las 10:00 horas de este jueves al requerimiento de Rajoy. “Lo primero que queremos decir es que este partido avala al 100% la estrategia del president” ha explicado Pascal al salir de la reunión.

Unas horas antes, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había mostrado su apoyo al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en cuanto a la aplicación del artículo 155 con el fin de convocar unas elecciones autonómicas en Cataluña.

“Si el estado aplica el artículo 155, Carles Puigdemont tiene toda nuestra complicidad para levantar la suspensión de la independencia“, ha sentenciado Pascal.

La coordinadora general del PDeCAT, también ha criticado la respuesta del Gobierno a la oferta del Govern. “La voluntad de diálogo es la correcta, pero nos seguimos preguntando si hay alguien al otro lado”, ha remarcado. “Si la forma de dialogo del Estado es el 155 es necesario hace efectivo el mandato del 1-O”, informan varios medios.

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El Gobierno de España llama a consultas al embajador de Venezuela por las críticas de Maduro ante la crisis catalana

Foto: Carlos Garcia Rawlins
Reuters

El Gobierno central de España ha llamado a consultas al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, para rechazar las acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la existencia de “represión” y “presos políticos” por la crisis en Cataluña.

El ministerio de Exteriores ha rechazado este miércoles “las inaceptables declaraciones de ayer (martes)” de Maduro, según indica en un comunicado. “Esperamos que cesen (las declaraciones) para así hacer posible una relación de respeto con Venezuela”, añade.

Maduro acusó el martes en una rueda de prensa al gobierno de Mariano Rajoy de no tener “moral” porque “reprimió al pueblo de Cataluña”. También acusó al Ejecutivo de meter “preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana”, de “tener presos políticos” y de “perseguir al pueblo de Cataluña”.

Maduro se refiría a la encarcelación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las principales organizaciones independentistas: Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, imputados de sedición por la justicia española.

Sánchez y Cuixart, se encuentran en prisión desde el lunes cuando la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó su entrada en la cárcel sin fianza por “promover el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1 de octubre”, cuando se llevó a cabo el referéndum de independencia de Cataluña declarado de ilegal por el Tribunal Constitucional.

Autoridades catalanas los han descrito como presos políticos, pero el Gobierno español afirma que en el país hay plena separación de poderes.

El embajador Isea ha sido recibido la mañana del miércoles en el ministerio de Exteriores en Madrid por el director general para Iberoamérica, quien le trasmitió “el rechazo absoluto del gobierno español frente a estas declaraciones” de Maduro, ha reseñado El Estímulo.

Ya el presidente venezolano, que suele dirigir duros epítetos contra Rajoy, había criticado la “represión brutal” durante el referéndum de autodeterminación realizado el 1 de octubre en Cataluña pese a la prohibición de la justicia, y que estuvo marcado por cargas policiales.

Caracas y Madrid han tenido habituales roces diplomáticos, agravados por la instalación de una Asamblea Constituyente que rige Venezuela como poder absoluto, y que España no reconoce.

Además, las acusaciones del mandatario venezolano han resultado polémicas ya que de acuerdo a la organización defensora de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano en Venezuela hay 439 presos políticos, según su último informe de septiembre de este año.

“Al menos 53 presos políticos presentan situaciones de salud graves que no están siendo atendidas por médicos especialistas, lo que podría empeorar las patologías de estas personas y hasta traer como consecuencia la muerte de alguno de ellos”, añade el texto.

Asimismo, sostiene que el número de arrestos arbitrarios desde el primero de abril hasta el 30 de septiembre de este año fue de 5.376.

Continúa leyendo: Rajoy consulta con Rivera y Sánchez la concreción técnica del artículo 155

Rajoy consulta con Rivera y Sánchez la concreción técnica del artículo 155

Foto: ALBERT GEA
Reuters

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mostrado su apoyo al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en cuanto a la aplicación del artículo 155 con el fin de convocar unas elecciones autonómicas en Cataluña, a horas de que venza el plazo dado por el Ejecutivo al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare si proclamó o no la independencia de Cataluña y vuelva a la legalidad.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y Rivera se han reunido en la Moncloa para tratar las próximas acciones que podría tomar el Ejecutivo si Puigdemont incumple y no responde de manera directa al requerimiento enviado el 11 de septiembre.

Ambos líderes han estado reunidos durante una hora y cuarto. Fuentes del partido naranja sostienen que Rivera le ha dicho a Rajoy que espera “que se restablezca el orden constitucional para que la Carta Magna y el Estatut de Cataluña sigan vigentes”.

Por otro lado, Rivera ha recibido el compromiso del jefe del Ejecutivo para que los canales de comunicación permanezcan abiertos y que se traslade a Cs los pasos que dé el Gobierno sobre la concreción técnica del artículo 155 en las próximas horas.

Algunos medios aseguran que el Gobierno está dispuesto a frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución si Puigdemont convoca a elecciones autonómicas. Otra teoría es que podría dar un nuevo plazo si mañana a las 10 horas Puigdemont no dice nada.

Rajoy la semana pasada había dado a Puigdemont un plazo hasta el lunes 16 para que aclarara si había declarado la independencia catalana ante el Parlament y hasta este jueves 19 para que rectifique y evite su aplicación.

Por su parte, el president de la Generalitat mantiene el silencio y continúa evitando concretar a Mariano Rajoy si el pasado martes declaró la independencia. Tan solo le envió una carta el lunes pasado en la que le propuso un plazo de dos meses para dialogar.

La postura del PSOE

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha responsabilizado a Puigdemont de una eventual suspensión de la autonomía de Cataluña.

“Está en la mano del señor Puigdemont el no aplicar el 155”, ha sostenido Sánchez durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, a donde ha viajado para trasladar su “gratitud” a los líderes de las instituciones comunitarias por su apoyo a España en estos momentos.

El Estado, amparado por la Constitución, puede obligar – a través del artículo 155- a la Comunidad Autónoma que haya atentado “gravemente al interés general de España” al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones que crea el Gobierno central oportunas. De este modo, se habilitaría al Ejecutivo para adoptar las “medidas necesarias” para ello. Ningún gobierno de la democracia moderna en España lo ha aplicado antes.

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