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La justicia argentina ordena el arresto de la expresidenta Kirchner

Foto: Marcos Brindicci
Reuters

El juez federal argentino Claudio Bonadio ha procesado y ha pedido que le retiren la inmunidad a la expresidenta y actual senadora, Cristina Kirchner, para detenerla por la causa que investiga su presunto encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 que causó 85 muertos.

Según La Nación de Argentina, Bonadio ha dictado el procesamiento y pidió el desafuero de la expresidenta porque consideró que debido a sus contactos “puede entorpecer la causa” que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado. La causa contra la expresidenta se centra en el intento de favorecer a exfuncionarios del gobierno de Irán para buscar la impunidad de un ataque terrorista.

El caso se reactivó luego de que se dio a conocer una conversación del excanciller Héctor Timerman con un directivo de la mutua judía AMIA, en la que el entonces funcionario habría revelado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado. La orden del juez incluye a Timerman, y a otros ex funcionarios de su gobierno.

A Kirchner se le acusa de traición a la patria por haber firmado en 2012 un pacto con Irán que buscaba indagar en Teherán u otro país a ex altos funcionarios iraníes acusados del atentado. La figura penal de traición a la patria tiene una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de 25 años o cadena perpetua, destaca La Nación.

Continúa leyendo: Prisión provisional para el presunto autor de la muerte de Víctor Laínez

Prisión provisional para el presunto autor de la muerte de Víctor Laínez

Foto: Javier Cebollada
EFE

La juez de Guardia de Zaragoza ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza de Rodrigo Lanza como presunto autor de la muerte a golpes de Víctor Laínez, según ha informado a Europa Press el abogado de la familia Laínez, Juan Carlos Macarrón. Durante la mañana, cuando Lanza ha declarado ante el juez, cerca de un centenar de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Zaragoza para guardar un minuto de silencio por el homicidio de Laínez.

Lanza, de 33 años y vinculado a movimientos antisistema, ha pasado a disposición judicial este jueves como presunto responsable de la muerte de Laínez. Al parecer, el detonante de la agresión, fueron unos tirantes con los colores de la bandera española que vestía la víctima.

El acusado se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones y solo ha contestado a las de su abogada y de la juez. En sus declaraciones, ha responsabilizado a Laínez del inicio de la agresión, aportando una versión que contrasta con la de los testigos presenciales y con los resultados de la autopsia, que achaca la muerte a un ataque sorpresivo y por la espalda.

Las simpatías políticas falangistas de la víctima de la agresión ha llevado a la formación política Falange Española a presentarse como acusación particular en la causa.

En Zaragoza, el acto en recuerdo de la víctima ha sido presidido por el alcalde, Pedro Santisteve, que ha estado acompañado por representantes de todos los grupos municipales, así como otras personalidades del mundo de la política como el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín.

“Nunca vamos a permitir que en virtud de ideas o modas, ningún espacio de la ciudad se convierta en un terreno hostil y que la razón se vea arrinconada, que la violencia encuentre terreno para campar a sus anchas, porque quien así pretenda se va a encontrar con la oposición frontal del Ayuntamiento de Zaragoza”, han dicho los grupos municipales en una declaración institucional, que ha leído el periodista Juanjo Hernández.

La agresión tuvo lugar el pasado viernes en una zona de copas de Zaragoza, y Laínez murió cuatro días más tarde debido a los golpes que recibió en la nuca y en la espalda. Rodrigo Lanza ya fue condenado a cinco años de prisión por arrojar una piedra a un agente de policía, que quedó tetrapléjico a causa del golpe, durante un desalojo okupa en Barcelona.

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El Tribunal Supremo llama a declarar a Forn y los 'Jordis' el 11 de enero

Foto: EMILIO MORENATTI
AP

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llamado a declarar el 11 de enero al exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, según han informado varios medios.

Las defensas del exconseller y de los ‘Jordis’ pidieron al Tribunal Supremo declarar después de que Llarena decidiera mantenerles en prisión incondicional el pasado 4 de diciembre, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras. Los cuatro están investigados por sus responsabilidades en el procés catalán que concluyó con la declaración de independencia de Cataluña, el pasado 27 de octubre.

Este jueves, el juez Llarena también ha negadoJordi Sánchez la salida de prisión para participar en la campaña de las elecciones del 21D a las que concurre en las listas de Junts per Catalunya (JxCAT).

Por su parte, el juez belga que examina la extradición de Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados –Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret– ha determinado en la vista de este jueves la retirada de los cargos contra ellos en Bélgica. Los acusados se encuentran en ese país desde finales de octubre y sobre ellos pesaban sendas órdenes europeas de detención hasta la semana pasada, cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó que las retirasen para que no se rompiese la continencia de la causa.

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El juez Llarena niega la salida de la cárcel a Jordi Sánchez para hacer campaña del 21D

Foto: JUAN MEDINA
Reuters/Archivo

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra los responsables del procés que apoyaron la declaración de independencia de Cataluña, ha negado al ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, la salida de prisión para participar en la campaña de las elecciones del 21D a las que concurre en las listas de Junts per Catalunya (JxCAT).

Sánchez, número dos en la candidatura de JxCAT por Barcelona que encabeza el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solicitó al juez permiso para salir de la prisión madrileña de Soto del Real, en la que lleva desde el 16 de octubre junto junto al presidente de Òmnimum Cultural, Jordi Coixart, por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

En su escrito, Sánchez también solicitó al juez poder mantener contactos con los medios de comunicación y el uso de internet más allá del control penitenciario, según Efe. Todas las solicitudes han sido rechazadas por Llarena.

Fin de campaña en Estremera

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) ha informado este jueves que cerrará la campaña electoral el próximo martes 19 a las puertas de la prisión madrileña de Estremera, donde se encuentra ingresado por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, el líder de la formación y cabeza de lista por Barcelona, Oriol Junqueras. En Cataluña, ERC también celebrará un acto de cierre de campaña en Sant Vicenç de Horts, localidad donde vive Junqueras.

“Van a ser dos actos simbólicos y también de denuncia“, ha informado ERC. Hasta Estremera viajarán los 15 primeros candidatos de la lista por Barcelona y los tres primeros de Tarragona, Lleida y Girona, excepto Carme Forcadell, que tiene que presidir la Diputación Permanente del Parlament, y de Meritxell Serret y Toni Comín. Hasta la prisión se acercarán, además, diputados y senadores.

Continúa leyendo: La mayor banda de narcos de Colombia anuncia el cese de la violencia

La mayor banda de narcos de Colombia anuncia el cese de la violencia

Foto: William Fernando Martinez
AP

El Clan del Golfo, principal banda narcotraficante de Colombia, ha anunciado este miércoles el cese de sus acciones armadas en un “esfuerzo” para que el país alcance la paz “completa”, tras medio siglo de conflicto armado.

“Declaramos un cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a partir del 13 de diciembre del presente año”, han indicado en un comunicado las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el brazo armado de la banda criminal.

Esta organización ha justificado esta decisión como parte de sus “esfuerzos” y “compromisos” de “contribuir con una paz integral, total y duradera“, tras anunciar el pasado mes de septiembre su intención de acogerse a la justicia.

A su vez, las ACG han realizado un llamamiento a diversos gremios, organizaciones de víctimas, activistas, a la Iglesia católica y la comunidad internacional, entre otros, para que verifiquen el cumplimiento del cese de las acciones armadas. Han aprovechado, además, para pedir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a bandas narcotraficantes existentes en el país que se sumen a su propósito en “zonas donde por circunstancias territoriales” se enfrentan.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos no considera como un actor político al Clan del Golfo, surgido de miembros paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006, por dedicarse principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

En octubre, la Ejecutiva colombiana presentó en el Congreso un proyecto para el sometimiento colectivo de las bandas criminales, que les reduce las penas y permite la conservación de parte de sus bienes.

De un ejército de 4.000 miembros, la organización se redujo a unos 1.800 tras las ofensivas ejercidas por las autoridades, incluida la muerte en septiembre de Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, segundo al mando de la banda, y de su predecesor Luis Orlando Padierna, “Inglaterra”, en noviembre.

En la actualidad, la banda está liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, el hombre más buscado de Colombia y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, que estudia el conflicto y a actores ilegales, el Clan del Golfo está presente en 236 municipios de los 1.120 que tiene Colombia. Esta organización controla hasta un 45% del tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Colombia pretende acabar con un conflicto armado que en medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, y ha dejado ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Este país sudamericano es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 146.000 hectáreas de cultivos, y también el mayor productor, con 866 toneladas en 2016, según la ONU.

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